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Parana » Radio La Voz
Fecha: 30/03/2025 14:04
Se trata de Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. El proceso investiga la forma en que se fugaron 791 millones de dólares y como se generó una deuda de otros 1.600 millones. La justicia rosarina decidió que cuatro de los máximos directivos que manejaron la empresa Vicentin desde 2019, permanezcan detenidos por 120 días. En la tercera jornada del juicio, el tribunal decidió que Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti sigan presos como responsables de la millonaria estafa empresaria de la emblemática cerealera diversificada además en carnes, telas y otros rubros. La medida de los jueces Nicolás Foppiani, Gonzalo Fernández Bussy y Valeria Pedrana tiene una prórroga automática en caso de que se tenga que ampliar la acusación de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. El tribunal dio por acreditadas las imputaciones de la Fiscalía al finalizar la audiencia que duró toda la jornada. "La realidad económica por sobre el ropaje jurídico", dijo el juez Foppiani al leer la decisión de los magistrados y enumeró las maniobras que urdió el cuarteto para tratar de eludir el pago de las deudas de la firma Vicentin. Además, intentaron aprovecharse de sus roles para generar autopagos como honorarios profesionales para su defensa, hasta seguros de caución fijados como fianza para tratar de recuperar su libertad. Para los jueces hay riesgo procesal, por varios motivos, uno de ellos las penas en expectativa que no bajarían en ningún de una década. "Lo que veníamos diciendo desde la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Había que correr el velo para que quedara evidenciada la ecología de 32 empresas del grupo como tantas veces se le dijo al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini", sostuvo el diputado Carlos Del Frade. En el caso Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti y Fernando Estanislao Bougain, se fijó una caución de medio millón de dólares, por cada uno de ellos. Además se les prohibió abandonar el país sin antes comunicárselo a la justicia, asi como se les exigió la firma en la sede judicial de Reconquista en forma mensual. Mientras a los otros 12 implicados se les fijó una caución de 400 mil dólares, se les prohibió salir del país sin autorización, y se les exigió la firma mensual en sede judicial de Reconquista o Rosario. Se trata de Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Bosch, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia. El diputado Del Frade también hizo mención en sus redes sociales a que el defensor Daniel Cuenca "hizo hincapié en la legitimidad del proceso judicial más allá de la legalidad". "Qué pasó y quiénes fueron los responsables no solamente de los delitos económicos si no también de quiénes miraron para otro lado y hasta alimentaron las maniobras del grupo dirigencial que usaron lo mejor de la historia de más de noventa años del grupo en beneficio propio y en desmedro de muchísima gente", agregó. En rigor, se trata de establecer judicialmente la forma en que se fugaron 791 millones de dólares y como se generó la deuda de 1.600 millones de dólares. Al leer el dictamen, Foppiani explicó que estaba probado el riesgo procesal de dejarlos en libertad y que está acreditada la "apariencia de responsabilidad penal". El juez también abundó sobre "la proporcionalidad de la medida cautelar" y en este sentido destacó "la pluralidad de hechos atribuídos, la gravedad presunta de los delitos así como la extensión patrimonial muy significativa estimada en cientos de millones de pesos, puedo decir de dólares, así como la sofisticación y la organización de las maniobras delictivas, a través de la utilización de complejas maniobras que involucraron a personas jurídicas. Estas permiten prever que la escala penal se puede ampliar y teniendo en cuenta la escala penal y el concurso de delitos, no puede descartarse que se les imponga a estas personas una pena de prisión de cumplimiento efectivo en caso de llegar a ser condenados".
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