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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 30/03/2025 03:35
En los últimos años, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación habilitó nuevas modalidades para el delito, como el “phishing”, robo de datos personales y suplantación de identidad para cometer una estafa o ilícito, o el “grooming”, el acoso o el acercamiento virtual de adultos a menores con fines sexuales. El carácter deslocalizado y el potencial de alcance masivo e instantáneo de estas y otras formas del ciberdelito hacen que, al igual que otros puntos del país, la sociedad de Gualeguaychú se vea amenazada. Según la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Gualeguaychú de la Policía de Entre Ríos, el ciberdelito más común -y que va en aumento- en la ciudad es la estafa virtual. “Hoy es como el delito de moda, porque es el más práctico y no tiene una pena grave: va desde los seis meses a los tres años, por lo que es excarcelable. Difícilmente vaya preso alguien que cometa una estafa. Es una modalidad que se está haciendo habitual, casi todos los días”, señaló el jefe de Investigaciones, Jorge Ruiz Moreno, y estimó que actualmente trabajan en alrededor de 30 casos por mes. También agregó que quienes viven de la estafa están pendientes de la situación de cada programa que lanza el gobierno, como los de vacunación, Anses y créditos, y que apuntan su engaño sobre todo a los adultos mayores. Luego, indicó que una de las modalidades de ciberestafa más frecuentes se da mediante la clonación de cuentas de WhatsApp. En primer lugar, los delincuentes se comunican con la víctima y la convencen de que son de algún área del estado o entidad bancaria. Después, hacen que llegue un código de cuatro dígitos y piden que les sea enviado para que puedan continuar con el trámite. Acto seguido, lo cargan en su sistema y se apoderan de la cuenta de WhatsApp, con el objetivo de hacerse pasar por esa persona para pedir dinero a sus contactos. Un dato llamativo que aportó el Jefe de la División Investigaciones es que “la gran mayoría que utilizan este tipo de modalidad son oriundos de la provincia de Córdoba; no sabemos por qué, pero un 80% de las personas que se identifican a raíz de las cuentas bancarias o billeteras virtuales hacia las que va el dinero son cordobesas”, añadió. Para conocer en mayor detalle la realidad actual del ciberdelito y los obstáculos y cambios que presenta para la Justicia, Ahora ElDía conversó con Rubén Alberto Chaia, abogado especialista en Derecho Penal. Oriundo de Larroque y radicado en Gualeguaychú, Chaia es un exponente en la materia y presentó el viernes pasado su último libro, “La Prueba Digital”: una obra de dos tomos en la que aborda los desafíos que trae la digitalidad al ámbito del Derecho y propone estrategias de litigación y herramientas para el tratamiento de este tipo de pruebas en el proceso penal. “En algunos casos, la Ley Penal está atrasada y no hay incorporación en el Código Penal de conductas que podrían ser delitos de acuerdo a lo que está regulado en otros países”, aclaró en primer lugar, y apuntó: “En Argentina, los delitos más comunes son la suplantación de identidad; es decir, el robo de los datos personales para hacerse pasar por una persona y así contraer deudas, sacar créditos o utilizar sus cuentas bancarias y tarjetas de créditos. El grooming -el acercamiento a menores de edad con fines sexuales- también es un delito que está teniendo cada vez más denuncias. Está penado bajo ciertas circunstancias por la ley. También todo lo vinculado a ofertas o publicidad de empresas que terminan siendo fraudes: se ofrecen promociones de plataformas de streaming o de descuentos a jubilados, por ejemplo, y esas ofertas conducen a determinados links con los que sustraen el dinero de las cuentas corrientes y la identidad de las víctimas para hacer otras operaciones”. Chaia contó que “los desafíos que presenta trabajar con evidencia digital son muchos”, en primer lugar, porque es masiva: “A diferencia de la evidencia física, donde uno puede tener una escena del crimen limitada al lugar en que se cometió el hecho -como un robo o un homicidio-, en la escena del crimen digital la cantidad de datos que pueden generarse o haberse generado meses anteriores al crimen es enorme, lo que complejiza llegar a establecer por indicios la autoría. Además de ser masiva es manipulable, es volátil, es deslocalizada, es decir, que la evidencia digital puede estar en una computadora de un domicilio de Gualeguaychú, pero el servidor que contiene esos datos -lo que se llama nube comúnmente-, esté en otro país, lo que genera problemas de competencias”. Y añadió: “La dificultad también está en que los códigos procesales no prevén herramientas modernas para trabajar con este tipo de tecnología, porque los códigos están previstos para trabajar con el material que proveen generalmente los investigadores -que son fuerzas de seguridad pública-, y en estos casos la mayor cantidad de evidencia digital es provista por los particulares”. El especialista también advirtió que en algunos casos las pruebas digitales de un ciberdelito corren el riesgo de ser adulteradas o manipuladas: “Se pueden crear conversaciones falsas o inexistentes o adulterar las que existen; lo mismo con los videos, manipularlos y presentar imágenes que están alteradas. Todo esto requiere de ciertos protocolos de actuación o de prueba, a veces física e indiciaria, que avale que esos elementos son realmente verdaderos, que existen y que pueden ser utilizados en el esclarecimiento de un hecho”. Por otra parte, explicó que “la prueba digital no solamente es la que surge de fotos o grabaciones de WhatsApp o mensajes de chat, sino que es todo lo que generamos: todas nuestras comunicaciones; los registros que pueden obrar por las compras de tarjetas de crédito; la geolocalización que tiene el celular; o también el uso de medios de pagos electrónicos”. Por último, añadió: “Hay cierta privacidad e intimidad que tiene que ser respetada en la investigación, por lo que muchas de las medidas deben hacerse con una orden judicial. La orden judicial tiene que estar fundada, y para eso hay que trabajar en indicios, porque no se puede abrir un dispositivo -teléfono o computadora, por ejemplo- de todas las personas para ver qué es lo que hacen, sino que hay que tener indicios para pedir una orden judicial”.
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