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» El Ciudadano
Fecha: 30/03/2025 03:25
Cuatro altos directivos de la Vicentín quedaron presos este sábado, luego de que el juez Nicolás Foppiani dictara la prisión preventiva por 120 días a los ejecutivos Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, como máximos responsables de la asociación ilícita. El juez dio por acreditadas las imputaciones de la Fiscalía al finalizar la audiencia que duró toda la jornada. «La realidad económica sobre el ropaje jurídico», dijo el juez Foppiani. «Lo que veníamos diciendo desde la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Había que correr el velo para que quedara evidenciada la ecología de 32 empresas del grupo como tantas veces se le dijo al juez de Reconquista, Fabián Lorenzini», sostuvo el diputado Carlos Del Frade. La investigación La Fiscalía había pedido 150 millones de dólares por cauciones para 15 supergerentes de Vicentin para evitar quedar detenidos; dos mil millones de pesos que otros cuatro de ellos -que llegaron a la audiencia penal presos- se llevaron en concepto de indemnización al autodespedirse, según dice la Justicia civil; casi mil millones –o sea unos 21 mil salarios mínimos– que se usaron para gastos personales de los ejecutivos, mientras la empresa Vicentin aún no terminó de pagar los sueldos de marzo, dice la acusación. Estos datos que dio a conocer con diferencia de 24 horas la Justicia son toda una muestra del plan de impunidad que se inició durante el macrismo y que se retomó meses atrás con el fin de la intervención judicial: para los investigadores, todo fue un descontrol mientras la Justicia aún decide si aprueba el plan de pagos en el marco de la convocatoria y mientras otros tres gigantes que pugnaban por quedarse con la compañía –y la gerenciaban mediante contratos de fazón– quedaron por ahora con la ñata contra el vidrio. Todo a la espera de que se defina si la Corte nacional tomará el recurso de la empresa radicada en Avellaneda y, bajo el influjo de los aires de época, y le permitirá salirse con la suya, mientras tres mil obreros viven con angustia su futuro laboral. Así fue el derrotero de las últimas semanas en el marco del complejo entramado de causas penales y civiles que el caso Vicentin acumula desde que gritara el pagadiós millonario en las postrimerías del gobierno de Mauricio Macri. Los fiscales de Delitos Económicos Miguel Moreno y Sebastián Narvaja acusaron a Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel, en el marco del caso de asociación ilícita dedicada especialmente a la defraudación, ante los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Nicolás Foppiani y Valeria Pedrana, ante quienes pidieron además de la fianza megamillonaria prisiones preventivas por 120 días, ante la peligrosidad procesal que supone que estos cuatro ejecutivos, ya oportunamente imputados, hayan seguido en sus trece pese a estar bajo la lupa de la Justicia. Hay otros 15 socios Vicentin que llegaron acusados a la audiencia: Máximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo Boschi, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colombo Boschi, Javier Fernando Gazze, Miguel Victor Vallaza, Carlos Alecio Sartor, Daniel Oreste Foschiatti, Fernando Estanislao Bougain, Diego Ceferino Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia. Según la investigación penal, parte de los nuevos delitos achacados al cuarteto principal –acusado de manejar la operatoria de la firma desde 2017 y también en los últimos años, pero desde las sombras– consisten en haber sacado dinero de las arcas de la firma para pagar a sus abogados en este proceso penal: Jorge Ilharrescondo, Daniel Cuenca y Andrés Ghio. Según se ventiló en la audiencia los letrados reclamaron a grito pelado haber quedado a la intemperie fiscal: ahora los sabuesos de Arca saben cuánto cobraron por la defensa de los imputados por el megamillonario fraude. Mientras en el Centro de Justicia Penal de Rosario se debatían las prisiones preventivas de los acusados, en el Juzgado Civil de Reconquista que lleva el concurso de acreedores se presentó este viernes un informe de los veedores que desembarcaron para auditar los desaguisados que siguieron al cese de la intervención judicial. Según trascendió este viernes, se acreditó que los capitostes de Vicentin embolsaron casi dos millones de pesos al autodespedirse, lo que se suma a los casi mil millones de pesos que la Fiscalía de Rosario estima fueron detraídos de la firma para los gastos personales del cuarteto de capos. Los fiscales sostienen que la estrategia anterior al pagadiós fue simular una salud financiera inexistente para continuar atrayendo cereal para molienda y obtener créditos bancarios. En tanto, fueron cargando el endeudamiento del grupo sobre una única empresa del pool, Vicentin SAIC. Actualmente, la compañía controla Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario, Sottano SA, Sir Cotton, Playa Puerto y una minoría en Renova. Luego del default –precisaron los fiscales– los ex directivos siguieron retirando dinero del grupo para fines personales, por un total de 952 millones de pesos, entre 2019 y 2024. Omar Scarel, uno de estos cuatro ejecutivos más complicado, no sólo está bajo la mira en este caso defraudatorio sino que aparece señalado por el arrepentido de la ex Afip Carlos Vaudagna como su nexo para beneficiar a Vicentin durante el macrismo con reintegros del IVA. Según publicó el sitio Aire de Santa Fe, Vaudagna admitió que benefició a la cerealera al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años macristas: 2016, 2017, 2018 y 2019.
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