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» Comercio y Justicia
Fecha: 28/03/2025 08:20
En el corazón del noroeste de la provincia de Córdoba, los productores rurales alzan la voz contra lo que consideran una amenaza silenciosa: la implementación de la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331). Un reciente comunicado de las entidades rurales del Arco Noroeste —que incluye a ACIPRO y las Sociedades Rurales de Arroyito, Cruz del Eje, Jesús María, Villa Dolores y Deán Funes— expone una frustración acumulada tras años de lidiar con una normativa que, según ellos, pone en jaque su subsistencia. Aunque la ley busca proteger los bosques nativos, los pequeños productores sienten que su aplicación los empuja al borde de una expulsión indirecta de sus tierras, un temor que resuena en la región y encuentra eco en debates nacionales. El conflicto no es nuevo. Desde su sanción en 2007, la Ley de Bosques ha dividido aguas entre ambientalistas y productores en provincias como Córdoba, donde la agricultura y la ganadería históricamente han convivido con los bosques. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que clasifica las tierras en zonas rojas (máxima conservación), amarillas (uso restringido) y verdes (producción permitida), es el núcleo del problema. Para los productores del noroeste cordobés, más del 90% de ellos pequeños y familiares, estas categorías no solo limitan su actividad, sino que las trabas burocráticas asociadas agravan su situación económica. El comunicado, surgido tras una reunión el pasado 3 de marzo con autoridades de los Ministerios de Ambiente, Bioagroindustria y Cooperativas, detalla sus reclamos. Uno de los puntos más críticos es el impuesto inmobiliario rural. En zonas rojas y amarillas, donde la producción está restringida o prohibida, los productores deben tramitar exenciones fiscales manualmente, un proceso que califican de confuso y engorroso. “Hay criterios poco claros”, sostienen, y exigen que Rentas Provincial automatice el cruce de datos para aliviar esta carga. Sin esas exenciones, el tributo se vuelve impagable para quienes ya no pueden generar ingresos plenos en sus campos. Otro foco de tensión son los planes de manejo sostenible, obligatorios para operar en zonas amarillas. Aunque los productores presentan la documentación requerida, las demoras en las aprobaciones —a veces de meses— desalinean los tiempos productivos. “Se pierden momentos clave de trabajo”, advierte el texto, y citan ejemplos concretos: la falta de intervención oportuna en los bosques aumenta la carga de combustible vegetal, exponiendo la región a incendios devastadores como los de 2024. En palabras de Marcelo Barra, presidente de la Rural de Deán Funes, estas demoras los llevan a “errores de operación” y los dejan vulnerables a “catástrofes impiadosas”. Pero el temor más profundo trasciende lo administrativo. “No tendrían la misma calidad y modo de vida en otro lugar si los expulsan de sus terruños”, asegura Barra. Aunque la ley no implica desalojos legales, los productores perciben que las restricciones, al hacer inviable su actividad, los fuerzan a un abandono práctico. En un contexto donde la ganadería y la agricultura extensiva son su sustento, las zonas rojas —donde toda explotación está vedada— representan una sentencia económica para quienes no tienen recursos para reubicarse o reconvertirse. Este sentimiento encuentra respaldo en las redes sociales, donde posts recientes en X argumentan que permitir un manejo activo bajo los montes (como raleos) podría prevenir incendios, algo que la ley prohíbe en esas áreas. El trasfondo del conflicto también tiene raíces políticas y sociales. Mientras organizaciones ambientalistas como Greenpeace denuncian desmontes ilegales y celebran la ley como un escudo para los bosques y las comunidades indígenas, los productores del noroeste cordobés sienten que sus necesidades quedan relegadas. “No se puede avanzar sin tomar como eje el desarrollo productivo de nuestra región”, enfatiza el comunicado. Proponen un equilibrio: cuidar el bosque sin sacrificar a la gente que vive de él. Esta postura cobró relevancia tras la disolución del Fondo Fiduciario de Bosques (FOBOSQUE) en 2024 por decreto nacional, un hecho que reavivó el debate sobre flexibilizar la normativa. Las Rurales del Arco Noroeste no se quedan en la queja. Tras el encuentro con las ministras Victoria Flores y Sergio Busso, acordaron nuevas reuniones para diseñar un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, involucrando a productores, técnicos y especialistas. “Esperamos que este nuevo inicio no sea en vano”, dice Barra, reflejando una mezcla de cautela y esperanza. Sin embargo, la sensación general es que los resultados obtenidos hasta ahora —lentos y desbalanceados— exigen un cambio de rumbo.
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