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Concepcion del Uruguay » Miercoles Digital
Fecha: 28/03/2025 08:05
Un proyecto de ley, en clave mileísta, fue fuertemente cuestionado por el procurador general. La iniciativa carece de rigor técnico, pero además va en contra de un abordaje que impulsa el Ejecutivo. En Tribunales advirtieron, horas antes, sobre el trabajo legislativo. Por FEDERICO MALVASIO (PÁGINA JUDICIAL) La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para comenzar a tratar un proyecto de la diputada Carola Laner que propone modificar artículos del Código Procesal Penal de Entre Ríos, introduciendo el concepto de “reiterancia” como criterio para disponer la prisión preventiva de una persona. El expediente es el 27.101. La iniciativa, en sus fundamentos, pretende revisar y actualizar el Código de acuerdo a las demandas de la ciudadanía, que exige el fin de la “puerta giratoria” que favorece a quienes cometen delitos reiteradamente. Laner, de Juntos por el Cambio, enumeró a modo de ejemplo los códigos procesales de Tucumán, Formosa, Mendoza y Chubut. Pero el argumento que más subrayó es la reciente incorporación de la figura a la legislación nacional a través de la Ley N° 27.785. Dice el proyecto de la diputada oficialista en el artículo 354 bis: “Se considerará que existe reiterancia delictiva, cuando el imputado posea dos o más causas penales previas en trámite, por delitos cuya pena sea de prisión, aun cuando en las mismas no se haya dictado condena en su contra”. Laner deja entrever una desconexión con el Poder Ejecutivo y el Senado, donde se puso en marcha una reforma integral al Código Procesal Penal en el seno de una comisión bicameral, como adelantó Página Judicial. Sin embargo, el abogado Raúl Avero, en representación del Ministerio de Seguridad y Justicia, manifestó su apoyo a la iniciativa en la comisión. Su par, Juan Pablo Ballhorst -quien se desempeña en el recientemente creado cargo de coordinador Legal y en Materia Contenciosa Internacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia- también expresó en comisión su apoyo. La agenda judicial en la Legislatura fue un tema al que el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, le destinó un tiempo considerado en el discurso de apertura del año judicial. “Tradicionalmente, los jueces y juezas tomaban decisiones retrospectivas, es decir, analizando situaciones pasadas. Sin embargo, la técnica legislativa actual les exige una mirada prospectiva, que implica elegir entre numerosas alternativas considerando los efectos futuros de sus decisiones, ya sea en aspectos económicos, ambientales, sociales o con factores complejos. Esto ha convertido a la magistratura en un actor cuasi legislativo, algo que corresponde a otro poder del Estado”, dijo Portela. Lo escuchaban el gobernador Rogelio Frigerio; el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso; el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia; el secretario de Seguridad, Martín Acevedo Miño; y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Advertencias A la comisión fue convocado también el procurador general. Advirtió allí que “no se puede responder a la conflictividad social con la vieja idea de más cárcel” y propuso “agudizar el ingenio”. La propuesta de Jorge García es desafiante. El jefe de los fiscales les hizo saber a los diputados que las unidades penales están colapsadas y puso la lupa en el riesgo de motines y el costo económico que puede llegar a tener el Estado en demandas en los casos en que las personas hayan cumplido prisiones preventivas sean absueltas en el proceso. García rechazó además el término de “puerta giratoria” que a nivel nacional expresa la ministra de Seguridad enrolada en el PRO, Patricia Bullrich, a quien ningún jurista de renombre toma en serio. Laner, en su iniciativa, habla de una especie de juez instructor cuando el sistema acusatorio que rige en Entre Ríos les destina al juez otra función. García explicó que el juez de Garantías interviene a pedido de la defensa. Por momentos pareciera desconocerse lo que es un sistema acusatorio. Para cerrar, el procurador les dejó una reflexión, atendible y de ajustada realidad: “Ustedes no pueden perder de vista que los que eran albañiles de la obra pública, hoy son peones del narco. La ley no cambia la conflictividad social”. Teléfono para Roncaglia. La secuencia: el Poder Ejecutivo invoca la creación de una reforma al Código Procesal Penal integral en una bicameral; luego el presidente del STJ, Portela, llama a legislar cuestiones que la Justicia no puede hacer; y tras cartón el oficialismo en Diputados aborda un proyecto que cuenta con el apoyo de funcionarios del área específica, como la Secretaría de Justicia. Las desinteligencias son inobjetables. Enfrente toman nota. El Poder Ejecutivo se encuentra ante una prueba de juego sensible, precisamente en el plano judicial, con las designaciones de fiscales auxiliares. La lista revelada por este medio causó escozor en los tribunales. Presionan para que se modifique. La nómina está bajo siete llaves. Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. Deja tu comentario comentarios
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