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Parana » Plazaweb
Fecha: 27/03/2025 00:27
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Leonardo Portela, afirmó hoy que “a partir de la base de que 2024 fue un año difícil, con obstáculos económicos y financieros que retrasaron, y en ocasiones, frenaron la ejecución de varios proyectos, esperamos que puedan concretarse este año”. En su discurso, al dejar inaugurado oficialmente la apertura del Año Judicial 2025, sostuvo que diariamente se trabaja para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y evitar que la frustración lleve a la barbarie de hacer justicia por mano propia. “El Poder Judicial enfrenta hoy el desafío de asumir responsabilidades que exceden su función, en gran medida porque se desconoce su verdadero rol dentro del sistema de gobierno. Esta confusión genera una tendencia a judicializar problemas que deberían solucionarse en otros ámbitos institucionales”, dijo ante la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, entre otras autoridades. El presidente del STJ estuvo acompañado por la vicepresidenta del Alto Cuerpo, vocal Laura Mariana Soage; el vocal Germán Carlomagno; las vocales Susana Medina y Claudia Mizawak; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher y el vocal Carlos Federico Tepsich. Además asistieron el Procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García y el Defensor General, Maximiliano Benítez. La imagen del Poder Judicial Al recordar que en la apertura del Año Judicial 2024 mencionó la preocupante brecha entre las expectativas depositadas en el Poder Judicial y la posibilidad de solucionar los problemas que se le plantean, Portela señaló: “En lo personal, creo que esas expectativas incumplidas son el origen de la mala imagen que tenemos. Pero es imposible que el Poder Judicial solucione todos los problemas que atraviesan a la sociedad. La impotencia que tenemos para abordar y solucionar todos los problemas radica, en mi opinión, en dos motivos principales: el primero es la insuficiencia de recursos asignados para cumplir con las demandas crecientes de la gestión judicial. Por ejemplo, todos hemos visto en la prensa las quejas de las víctimas de violencia debido a que sus problemas no se solucionan; pero en casos como éstos es claro que la solución no es, ni puede ser, solamente, la punición. Hay cuestiones subyacentes que no tienen abordaje y a esto se suman circunstancias puntuales, como que los integrantes de los equipos técnicos, que tienen que hacer seguimiento de estas situaciones, son requeridos de manera permanente por los fiscales en causas penales y no contamos con la cantidad suficiente de profesionales para responder. Esto se agrava aún más en algunas localidades, donde ni siquiera existen equipos técnicos y se resuelven situaciones de violencia”. También habló sobre la función de los medios de prensa: “Hay un aspecto de la realidad que nos preocupa y quiero mencionarlo, asumiendo el riesgo de ser malinterpretado: hay algunos medios de comunicación, la minoría por suerte, y todos sabemos cuáles son, que brindan información de manera sesgada sobre el ámbito judicial, lo que genera confusión. En algunos casos se tergiversan los hechos, en otros se instalan sospechas infundadas y en otros se usan titulares sugestivos sin respaldo. En ocasiones, afortunadamente muy excepcionales, se inventa. Por ejemplo, recientemente un portal digital de noticias publicó que en la apertura del año legislativo yo estaba muy incómodo por las palabras del gobernador cuando ni siquiera estuve presente”. Y añadió: “Tanto los medios como nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en cuanto a la calidad de la información que damos a la ciudadanía, y cuando se distorsiona el mensaje no sólo se afecta la percepción real sobre el trabajo judicial, sino que se genera un daño al sistema, porque se profundiza la desconfianza en las instituciones. No estoy proponiendo ocultar falencias, está claro que esto no debe hacerse. Pero si bien como funcionarios públicos tenemos la obligación de explicar nuestras decisiones, resulta agotador sumarle a esa tarea la necesidad constante de desmentir información inexacta, tergiversada o directamente falsa. Y es una tarea que necesariamente hay que llevar a cabo, ya que la circulación de información falsa o inexacta puede dar lugar a situaciones peligrosas”. Asimismo, expresó su preocupación por la reiteración de denuncias contra jueces y juezas ante el Jurado de Enjuiciamiento y por juicio político cuando las decisiones no resultan del agrado del denunciante. “Es importante recordar que este mecanismo de control no está diseñado para revisar sentencias, sino que para ello existen las vías recursivas establecidas en la normativa vigente. El Jurado de Enjuiciamiento cumple un rol fundamental, pero no el de corregir fallos que se consideran erróneos. Su función es evaluar la idoneidad de los magistrados y magistradas cuando se plantea que, por razones concretas, han dejado de cumplir con los requisitos para ejercer el cargo”, explicó Portela. Críticas a Milei por las designaciones de Lijo y García-Mansilla “Lamentamos que desde la Presidencia de la Nación se haya decidido designar a hombres para cubrir vacantes en la Corte Suprema, cuando quienes conformaban el tribunal en ese momento eran en su totalidad varones. En pleno siglo XXI, es inadmisible que la equidad de género en los órganos de mayor jerarquía del país siga siendo una asignatura pendiente. No hay más excusas para evadir este tema”, advirtió el presidente del STJ. “Del mismo modo, nos preocupa la forma en que estos dos magistrados fueron designados, ya que se ha eludido injustificadamente el procedimiento previsto en la Constitución. Como actores institucionales de una democracia republicana debemos alzar la voz ante situaciones como ésta, para que no pase inadvertida y señalándolo con firmeza para que se activen las alarmas. En nuestro diseño institucional, la responsabilidad de gobernar la República recae sobre los tres poderes del Estado. El poder soberano es uno solo, dividido en tres funciones, precisamente para evitar la concentración, que tiene un enorme potencial de daño”. Juicios por jurado El presidente del STJ informó que en 2024 pasado se efectuaron 34 juicios por jurados, superando la estimación realizada al sancionarse la ley que creó ese instituto, que proyectaba 14 debates por año. “Este sistema de enjuiciamiento plantea un reto financiero, dado que el costo promedio fue de 5,8 millones de pesos por juicio. Y para dar una idea de la evolución del tema, la semana pasada un juicio costó 9,4 millones de pesos. Como todos saben –continuó Portela- , en la Legislatura hay una propuesta de reforma de la ley que realizaron este Tribunal y los Ministerios Públicos, ya que entendemos que el sistema, tal como está planteado, es insostenible a largo plazo”.
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