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Parana » AIM Digital
Fecha: 25/03/2025 09:50
Por el tiempo transcurrido, muchos juicios no llegan a la sentencia. Mientras, los juicios siguen a pesar de los pocos recursos y el desmantelamiento de áreas de derechos humanos del Gobierno. A casi medio siglo del comienzo de la última dictadura (1976-1983), los juicios de lesa humanidad continúan, pero en un contexto adverso. Hay más 300 causas abiertas, pero debido al paso del tiempo cada vez hay más muertes de acusados y víctimas antes de obtener una sentencia. A esto se suma el desmantelamiento de áreas clave por parte del Gobierno. ¿Se acerca el final de estos procesos? Opinan miembros de la Justicia y querellantes. En la actualidad hay 14 juicios abiertos, 63 causas con elevación a juicio y 258 en instrucción, según un informe de la Procuración de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa) publicado el 20 de marzo pasado. Es decir que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía hay secuestros, torturas, desapariciones y robos de bebés cometidos por la dictadura que no fueron juzgados. Memoria, verdad y justicia. en el plano de los derechos económicos, sociales y culturales los más de 40 años de democracia no han podido recuperar todo el terreno perdido por los efectos devastadores de la última dictadura. Hoy la situación es compleja. Si bien las causas avanzan, la cantidad de casos que se juzgan es enorme y los recursos son cada vez menores. En las más de 300 causas hay casi un millar de personas investigadas, de las cuales 502 están imputados, 401 procesados y 27 indagados, según datos de Proculesa. ¿La cantidad de casos explica tantas causas en 2025? "Es parte de las dificultades propias de la investigación y de los largos tiempos que insumen los procesos judiciales", opina Carolina Vilella, la coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, pero hay otros motivos. "También es consecuencia de la falta de recursos suficientes, la falta de integración de los Tribunales por ejemplo ha sido causa de grandísimas demoras para la realización de los juicios", agrega. Fuentes judiciales describieron una situación compleja, con tribunales donde faltan designar jueces por el estancamiento de las negociaciones en el Senado. En muchos casos, se recurre a los jueces subrogantes, es decir magistrados que cubren transitoriamente un lugar en un tribunal, mientras sigue actuando en el suyo propio. Las falencias son muchas, pero las causas siguen, impulsadas por víctimas, organismos de derechos humanos y la Fiscalía. Incluso, a pesar de la llegada de Javier Milei al poder, se mantiene el ritmo de causas. "La actividad procesal de acuerdo a nuestro informe está activa", afirma Ámbito Ángeles Ramos, titular de la Proculesa. El daño "silencioso" del Gobierno Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia en diciembre de 2023 se especuló con que estos juicios se terminarían. Incluso que se podría dar una amnistía a los más de mil condenados por delitos de lesa humanidad. Pero, a pesar de la posición oficial a favor de la "memoria completa" y el desmantelamiento de áreas clave de derechos humanos, los juicios continuaron y el perdón presidencial no se dio. Fuentes judiciales aseguraron que no hubo ninguna "intervención" del Gobierno con respecto al rumbo de los juicios. "Esa no es mi agenda", dijo una vez el presidente Javier Milei en referencia a la memoria completa impulsada por su vice Victoria Villarroel y la visita de diputados libertarios a represores que cumplen penas en la cárcel. Desde los organismos de derechos humanos no están de acuerdo con esta mirada. "Desde que asumió Javier Milei se han incrementado los discursos de odio, negacionistas y sectores que reivindican a la última dictadura cívico militar", advierte Carolina Villella de Abuelas. El Gobierno desmanteló áreas clave de derechos humanos como el equipo de abogados que querellan en los juicios y equipos de investigación. El Gobierno desmanteló áreas clave de derechos humanos como el equipo de abogados que querellan en los juicios y equipos de investigación. En todo caso, en lo que sí coinciden querellantes y miembros de la Justicia es en el daño "silencioso" que el Gobierno provoca con el desmantelamiento de áreas clave. Sólo en el equipo de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se despidieron a 14 personas, en los 15 meses de gestión de Alberto Baños. De esta manera, el Estado nacional se quedó casi sin letrados para querellar en las decenas de causas donde interviene. "El Gobierno no pudo, a pesar de los esfuerzos que hizo, desmantelar la política de memoria, de justicia. Los juicios continuaron, las condenas siguen sucediendo", evaluó Nicolás Tauber, uno de los abogados despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos. Consultada por este medio, la fiscal de La Plata Ana Oberlin remarcó el daño que genera el vaciamiento de organismos públicos como el Programa Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) o el Centro Ulloa que colaboran con la justicia. "Es un cambio bastante importante", se lamentó. "Milei desarmó varios de los organismos que colaboran sobre todo con la parte de la investigación respecto de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado". Mencionó al Ruvte y la Conadi, entre otros, pero se cuentan por decenas. La muerte de acusados y víctimas Uno de los riesgos más importantes de estas causas es la edad avanzada de los acusados y las víctimas. Cuánto tiempo de vida queda para juzgar crímenes cuyos responsables rondan los 80 años. Cada vez se mueren más antes de la sentencia. "El fallecimiento de víctimas y testigos es siempre un problema para cualquier juicio", reconoce Ángeles Ramos. Si un acusado muere, la causa termina automáticamente. Esto ha sucedido en varias causas. Según el informe de Proculesa, de las personas implicadas en las causas abiertas desde 2006, murieron 1.222 de las 3.824 investigadas. "Esto ha marcado una especie de impunidad biológica, pero también, y esto es lo más grave y lo más triste en términos de la construcción de la memoria, de la verdad y la justicia, tiene que ver con el hecho de que muchas de las personas mueren sin saber lo que ha ocurrido con sus padres, sus madres, sus hijos, hijas, sus hermanos, hermanas, sus primos, sus primas", describe la fiscal Ana Oberlin. "En muchos casos llegamos tarde y cuando por ahí se puede determinar e identificar los cuerpos de desaparecidos ya no quedan prácticamente familiares para para darles la noticia", se lamenta Oberlin, quien destaca el enorme esfuerzo que realizan colectivos de abogados y la Fiscalía para avanzar lo más rápido posible. ¿El posible fin de los juicios de lesa humanidad? Ante el paso del tiempo, el temor de que ya no haya acusados a quien juzgar aparece. Sin embargo, muchos creen que todavía falta para ello. "No se ve un horizonte. No hay una fecha de finalización del proceso. Quedan muchos imputados vivos, hay muchos hechos que todavía no se juzgaron", señala Nicolás Tauber, el abogado despedido de la Secretaría de Derechos Humanos. "Si bien es un escenario no tan lejano aquel en el que no queden víctimas ni perpetradores/as con vida, lo cierto es que aún quedan muchas investigaciones en curso, victimas que aún no han tenido acceso a la justicia, sus casos no han sido parte de ningún juicio y personas que aún permanecen impunes", pronóstica Villella de Abuelas. Si bien todavía hay muchas causas por delante, el tiempo ya empieza a sobrevolar en las causas y se piensa en caminos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad. Por ello, Ángeles Ramos señala que "desde hace algunos años estamos impulsando que los juicios en los cuales los casos de víctimas quedan a mitad de camino por fallecimiento de los acusados puedan ser analizados por la justicia en cuanto a su existencia y responsabilidad por derecho a la verdad". Si bien la política del Gobierno nacional no favorece en nada a estos procesos, por ahora, los juicios parecen estar lejos de ser frenados. El cúmulo de pruebas y sentencias es abrumador. Desde 1985 hubo más de 350 juicios con sentencia y hubo más de 1.200 condenados. Parece difícil que un presidente se anime a borrar de un plumazo un proceso de largo de justicia de esta magnitud. Pero todo está por verse.
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