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Concepcion del Uruguay » 03442noticias
Fecha: 25/03/2025 03:16
A 49 años del último golpe cívico, eclesiástico, empresarial y militar, se realizó en Concepción la marcha convocada por los organismos de derechos humanos de nuestra ciudad junto gremios, algunos partidos políticos y militantes independientes. La columna partió desde la Plazaoleta de los DDHH, en bulevar Irigoyen hasta plaza Ramírez con cantos pidiendo Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz a la vez que se rechazaban las políticas de represión y ajuste económico por parte del actual gobierno. Al pie de la pirámide de Plaza Ramírez, Silvia Garnier, «Cachi» Amoz y Eduardo Ojeda leyeron el documento consensuado entre todos los organizadores, cerrando la marcha y el acto con artistas, musica y la presentación del Mapa de la Memoria Uruguayense, una herramienta digital sobre la memoria histórica del Terrorismo de Estado en la ciudad, impulsada por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. El documento leído en la Plaza Ramírez A 49 años del último golpe cívico militar volvemos a encontrarnos en esta Plaza para reafirmar el “Nunca Más”, pacto fundacional de nuestra democracia, hoy en peligro. Nos enfrentamos a un régimen negacionista y apologista de la dictadura genocida, un régimen que ha venido a replicar políticas de miseria planificada -en la huella del modelo neoliberal impuesto a sangre y terror por Videla y Martínez de Hoz- endeudando y empobreciendo a la sociedad, profundizando la pérdida de soberanía, comprometiendo el futuro y la existencia misma de nuestra patria. Como consecuencia de esas políticas nos encontramos hoy con la represión salvaje a los jubilados que se han quedado sin salario y sin remedios, el creciente desempleo y el despido de trabajadores, como ha sucedido en Granja Tres Arroyos y en el INTA, el desplome del consumo de leche y carne a mínimos históricos, el desmantelamiento de programas de salud y vacunación, el desfinanciamiento de la educación y la universidad pública, con maestras y maestros sometidos a sueldos de miseria. Todo ello con el aval de un decreto inconstitucional, el DNU 70/2023 – legitimado por el silencio cómplice del poder judicial- que precariza la situación laboral y las condiciones de contratación de los y las trabajadoras de todo el país. La justicia social no es “una aberración”, como ha dicho y sigue repitiendo el presidente imputado por estafa: la justicia social es parte del ideario de la Constitución Nacional y un valor esencial de las más diversas expresiones políticas en la historia de nuestro país. El régimen da una guerra ideológica contra todos los legados que dan sentido a la convivencia democrática y a la posibilidad de un futuro mejor para nuestro pueblo, promoviendo una cultura del descarte y donde la única ley que se respeta es la la ley de la selva. Ante las Naciones Unidas, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres, en contra de una resolución sobre derechos y protección de los pueblos indígenas, en contra de de una resolución por la paz en el mundo, todo lo cual nos llena de verguenza y deshace la bien ganada reputación internacional de la Argentina en la defensa de los derechos humanos. En la voz y la comunicación por redes del presidente imputado por estafa y su pandilla de tuiteros sólo se balbucea el agravio y la mentira como sistema: las feministas, los artistas, las personas con síndrome de Down, la comunidad LGBT+, los jubilados, el CONICET, son sólo algunas de las víctimas de la catarata de odio que se destila a diario. El escritor Martin Kohan afirma que “la crueldad está de moda” y se pretende que el conjunto de la sociedad la naturalice. Esta violencia simbólica y política se manifiesta en la realidad como hechos de agresión física, discriminación y ostracismo social. Símbolos de esa crueldad aplicados al sistema de salud son el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, la falta de medicamentos oncológicos para las personas que sufren este padecimiento, el vaciamiento del Hospital Laura Bonaparte, centro nacional de referencia para la atención de problemas de salud mental y adicciones, el recorte en políticas públicas, como la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis y Tuberculosis, a las cuales se les redujo en un 76% el presupuesto para el presente año. Mediante un aluvión de disparates y mentiras, se busca distraer a la opinión pública del fondo de la cuestión: el desguace del Estado para la miseria planificada, el disciplinamiento mediante el terror del desempleo para la clase trabajadora, un nuevo plan de saqueo y entrega a precio vil de nuestros recursos naturales, la obediencia incondicional a los dictados del Fondo Monetario Internacional y del presidente norteamericano, la entrega lisa y llana de nuestra independencia económica para el beneficio exclusivo de los monopolios y los sectores más concentrados del capital financiero nacional e internacional. Decimos no a un nuevo endeudamiento masivo con el FMI, una deuda que ya es la más grande del mundo y que compromete nuestro presente y el derecho al futuro de nuestros hijos. En esta vocación de coloniaje, dependencia y autodenigración nacional el presidente imputado por estafa ofende la memoria de nuestros héroes de Malvinas al declararse admirador de Margaret Thatcher, que murió impune y nunca juzgada después de haber cometido crímenes de guerra contra nuestro pueblo, como fue el hundimiento fuera de la zona de exclusión del Crucero General Belgrano. Todo forma parte de un plan de tergiversación y olvido deliberado de la historia reciente. La patria no se rinde ni se entrega, las Malvinas son y serán argentinas. En esa avanzada autoritaria y anti derechos el régimen prohíbe la perspectiva de género en la administración pública nacional y busca derogar la figura de femicidio, lo que nuevamente va en contra de la legislación nacional y de los tratados internacionales en la materia. El ataque a la ley Micaela -que como uruguayenses nos toca tan de cerca- es otra muestra de ello, en un país en que se sigue cometiendo un femicidio por día. Por eso gritamos otra vez ¡Justicia por Micaela y por todas las mujeres víctimas de violencia de género ! El programa de ajuste empobrecedor “más grande de la historia”, del que se vanagloria el régimen, se sostiene mediante el Protocolo represivo de la ministra Bullrich, que ha sido declarado ilegal por los relatores de las Naciones Unidas, pues viola y criminaliza el derecho a la protesta social. El protocolo Bullrich reprime el derecho del pueblo a manifestarse en las calles, porque saben desde un principio que un programa económico de estas características sólo cierra con miedo, represión y persecución ideológica. Denunciamos el desmantelamiento de sitios y programa de Memoria en todo el país, sitios reconocidos por ley que contribuyen con programas y actividades educativas a mantener viva la memoria del terrorismo de Estado y sus consecuencias, que siguen hasta hoy. En el mismo sentido, frente al riesgo de su destrucción, exigimos el cuidado y la preservación de los archivos públicos relativos a las violaciones de Derechos Humanos durante la última dictadura, que contienen un legado imprescindible para la memoria y la justicia. Denunciamos el cierre del INADI, del instituto Nacional de Asuntos indígenas, el ataque sistemático a los artistas y representantes de la cultura. La cultura, el arte, la imaginación, la sensibilidad, siempre serán un enemigo para un gobierno que carece de la más mínima empatía por el otro. Decimos NO al perverso proyecto de bajar la edad de punibilidad a los 13 años: la solución no puede ser nunca penalizar y criminalizar a los niños. Los niños y niñas necesitan más educación, más salud, mejor alimento, más oportunidades y perspectivas de futuro, todo lo que se les viene negando cuando la pobreza infantil ha escalado al 66% y el 27% de nuestros niños y niñas menores de 14 años son indigentes. El presidente imputado por estafa ingresa jueces por decreto, violando la división de poderes y el orden republicano, en una deriva claramente autoritaria. Desde nuestra Comisión decimos no al miedo y hacemos un llamado al coraje cívico y la responsabilidad ciudadana. Hacemos un llamado a luchar por nuestra democracia y nuestra soberanía jurídica, política y económica. Los argentinos necesitamos recuperar el Estado de Derecho y necesitamos un poder judicial digno de tal nombre. Pedimos justicia por Pablo Grillo y los jubilados heridos en la feroz represión del 12 de marzo, víctimas de un gobierno en descomposición, envuelto en una deriva violenta y de corte fascista. Queremos expresar nuestro más enérgico repudio al grupo de diputados negacionistas encabezados por el entrerriano Beltrán Benedit, que han querido avanzar en un proyecto de impunidad para genocidas detenidos. Los juicios y las condenas derivadas de ellos castigan crímenes de lesa humanidad, crímenes que ofenden la conciencia de los pueblos y que son imprescriptibles. Hemos aprendido la enseñanza de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: no daremos ni un paso atrás en la defensa de la soberanía nacional, la democracia y los derechos humanos, la única lucha que se pierde es la que se abandona; no cederemos un palmo en la transmisión de la memoria, porque un pueblo sin memoria está condenado a repetir los mismos errores, a padecer los mismos saqueos y las mismas estafas. Seguimos reclamando justicia por nuestros compañeros desaparecidos y desaparecidas, por nuestras compañeras y compañeros sobrevivientes, justicia por los más de trescientos nietos que las Abuelas buscan todavía. Celebramos y homenajeamos a nuestras queridas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que han recuperado la identidad de 139 nietos y nietas: sobre la senda de esas luchas continuarán las nuestras, en la memoria de los pueblos se inscribe nuestro andar, en tiempos de cruel indiferencia y mentira organizada desde el poder, seguimos reclamando el derecho a una vida digna, a una economía solidaria, a una justicia verdadera. ¡Por memoria, verdad y justicia, 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos ¡Presentes, ahora y siempre !
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