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Parana » Paginajudicial
Fecha: 24/03/2025 16:44
A cuarenta y nueve años del último golpe cívico-militar, el movimiento de derechos humanos denunciará el negacionismo del gobierno libertario, la persecución de la militancia, la estigmatización de los organismos y desguace de las políticas de memoria, verdad y justicia. En un contexto aciago, tal vez el peor desde el retorno de la democracia, Página Judicial retoma una historia del presente: los bebés apropiados. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Una barrera era entonces la primera parada. Había que cruzar unos doscientos metros en línea recta y rodear una rotonda hacia la izquierda para llegar al segundo puesto de guardia, ya dentro del predio, y entonces llegar al hospital. Lo que justificaba semejante custodia era que a media cuadra de allí estaba la casa del Comandante, el jefe de la represión, el dueño de la vida y la muerte. A partir del 24 de marzo de 1976, e incluso desde antes, las Fuerzas Armadas desplegaron en todo el país un plan sistemático de represión ilegal. Miles de personas fueron arrestadas sin orden judicial y alojadas en condiciones inhumanas en centros clandestinos de detención, sin camas ni abrigos, con alimentación deficiente, sin que se les permitiera higienizarse ni concurrir a un baño más que una vez al día. Eso ocurrió en Paraná, a quince minutos de la Plaza 1° de Mayo; en los cuarteles del Ejército, en comisarías, en las cárceles, en viviendas precarias abandonadas y en otros sitios adonde eran trasladadas esas personas en la más absoluta clandestinidad. En algunos casos, eran torturados y obligados a firmar declaraciones autoincriminatorias que no podían leer, sometidos a parodias de juicios militares y condenados sin pruebas. En otros, los asesinaban en simulacros de enfrentamientos armados, fusilamientos masivos, muertos en falsos intentos de fuga, se organizaban vuelos en los que se arrojaban personas vivas al mar o al cauce de los ríos, se apropiaban de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres. Eso también pasó en Paraná, en Entre Ríos. En los cuarteles del Ejército funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la provincia por el que se calcula que pasaron un centenar de personas. En el mismo predio, dentro de la guarnición militar, está el Hospital Militar. Hoy se sabe que allí funcionó una maternidad clandestina y que un número aún no determinado de mujeres fueron trasladadas para dar a luz. La ciudad no tenía entonces la extensión de estos días ni la guarnición militar la circulación que hoy exhibe; pero todo eso ocurrió a pocas cuadras del centro, a diez, quince minutos de la Plaza 1º de Mayo, aunque la sociedad paranaense siempre lo vivió con una sensación de lejanía. Se ha discutido en los tribunales si el plan de la dictadura contemplaba, en sus inicios, la apropiación de bebés; lo cierto es que la maquinaria represiva absorbió rápidamente el robo de niños como parte del proceso de aniquilamiento de sus enemigos. En algunos casos se organizaron maternidades en los centros clandestinos de detención y en otros se utilizó infraestructura ya existente, como fueron los hospitales militares. En Paraná se daba la especial circunstancia de que el hospital militar funcionaba en el mismo predio donde se montó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. El informe de la Conadep, en el apartado referido a las embarazadas secuestradas, consignaba, ya en 1984, que “los represores que arrancaron a los niños desaparecidos de sus casas o de sus madres en el momento del parto, decidieron de la vida de aquellas criaturas con la misma frialdad de quien dispone de un botín de guerra”. El primer paso El 18 de mayo de 2005, el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano, presentó una denuncia en el Juzgado Federal de Paraná en la que hacía referencia a la internación en el Hospital Militar de Paraná de mujeres embarazadas que se encontraban privadas ilegalmente de su libertad, en calidad de desaparecidas, y mencionaba específicamente a Raquel Negro y Graciela Susana Capoccetti, que habrían dado a luz ambas a mellizos cuyos paraderos se desconocen, salvo el caso de Sabrina Gullino, que recuperó su identidad en diciembre de 2008. Del traslado de Raquel a Paraná se sabe por el testimonio de Jaime Dri, un sobreviviente de la dictadura; su relato dio origen a Recuerdos de la muerte, el libro de Miguel Bonasso editado ni bien asomó la democracia en la Argentina. Los organismos de derechos humanos han podido determinar con certeza que hubo más de una mujer embarazada que dio a luz en el Hospital Militar de Paraná y que allí funcionaba una maternidad en la que eran atendidas las detenidas políticas. Veintiséis mujeres embarazadas fueron detenidas ilegalmente durante la dictadura en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército, que comprendía las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. El Hospital de Evacuación 121 de Paraná (Hospital Militar) era entonces el único en toda esa amplia zona. Se sabe que Raquel Negro tuvo mellizos, un varón y una nena, en el Hospital Militar de Paraná entre febrero y marzo de 1978. Y se sabe también que no fue la única. Existen múltiples indicios para inferir que otras mujeres pudieron haber sido trasladadas a dar a luz en la capital entrerriana entre 1977 y 1978. Se trata de mujeres que fueron secuestradas en los alrededores de Rosario y permanecieron en los centros clandestinos de detención que tenía bajo su comando el Destacamento de Inteligencia 121, la misma patota que organizó el traslado en forma clandestina de Raquel Negro desde La Intermedia, a mediados de febrero de 1978, y su estadía en la sala de guardia del Hospital Militar hasta el parto de los mellizos. Paraná El abogado santafesino Jorge Pedraza ha dicho, por ejemplo, que “en muchos casos las secuestradas embarazadas a término eran llevadas a parir a lugares de menor nivel de conflictividad política” y mencionó a Paraná como uno de ellos. Un ex militar que se desempeñaba en el predio donde funcionaban los batallones de comunicaciones e ingenieros y el hospital ha declarado judicialmente que supo de la presencia de mujeres que eran trasladadas desde otros centros clandestinos de detención a dar a luz en Paraná entre 1976 y 1979. “Entraban mujeres embarazadas a parir en el Hospital Militar”, dijo Joe Erbetta, sin poder precisar cuántas ni con qué frecuencia. “Luego esas mujeres desaparecían y los hijos tenían destino desconocido”, remarcó. Asimismo, contó que parte de sus tareas consistían en atender la guardia en la entrada del predio y que “en los primeros años (de la dictadura) ingresaban muchos agentes de inteligencia, pertenecientes a los grupos de tareas. Llegaban desde Rosario, Santa Fe y Paraná y, por lo general, estaban vestidos de civil”. También una enfermera que trabajaba en el Hospital Militar en 1978 señaló que una vez recibió en el consultorio a una mujer a la que debía practicarle estudios, análisis e instruirla sobre cómo realizar el trabajo de parto; dijo que estaba acompañada por un hombre corpulento, que no pertenecía al hospital y que la llevaba del brazo. La obstetra estimó que cursaba un embarazo de siete meses, “que venía de viaje” y al revisarla determinó que “tenía un solo bebé en el vientre” y que “era primeriza”. Evidentemente no se trataba de Raquel Negro, que esperaba mellizos y ya tenía un hijo. Estos elementos, sin lugar a dudas, abren pistas para investigar otros casos de robos de bebés. “Despojados de su identidad y arrebatados de sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento”. Así lo consigna el Nunca más. Esta es seguramente la consecuencia más visible del terrorismo de Estado.
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