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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 23/03/2025 20:40
Por Horacio Rovelli (*) El poder económico en la Argentina se puede dividir en tres sectores, que están interrelacionados entre sí: 1) El capital extranjero, liderado por los grandes fondos financieros con base en Manhattan (BlackRock, Vanguard, PIMCO, Franklin Templeton, Fidelity, Greylock y otros), que tienen como referente a la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (AmCham), presidida por Facundo Gómez Minujín en su carácter de CEO de JP Morgan [1]. La AmCham en el año 2023 estaba conformada por 622 empresas que, a su vez, empleaban directamente a 360.000 personas y representaron el 18,6% del PBI, el 38% de la recaudación fiscal, el 24% de las importaciones y el 28% de las exportaciones de la Argentina. Firmas como J.P. Morgan; Western Union; American Express; Apache Corp; Chevron Petroleum Company; General Motors; Shell Cía. Argentina de Petróleo S. A.; Cohen S. A. sociedad de bolsa; Monsanto Argentina (hoy fusionada con Bayer S. A.); Telecom Argentina S. A.; AES Alicura S. A.; Acindar Industria Argentina de Aceros S. A.; Industrias John Deere Argentina; Chevrolet S. A., de ahorro para fines determinados; Dow Agrosciences Argentina S. A.; Syngenta Agro S. A.; CNH Industrial Capital Argentina S. A.; Dow Química Argentina S. A.; Halliburton Argentina S. A.; Minera Argentina Gold S. A.; Colgate Palmolive Argentina S. A.; Embotelladora del Atlántico S. A.; SC Johnson & Son de Argentina S. A.; Pfizer, etc. En todas ellas tiene participación accionaria y/o reciben créditos del capital financiero de Manhattan. 2) La Asociación Empresaria Argentina (AEA), cuyos principales directivos son Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Luis Pagani (Arcor), Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Luis Pérez Companc (Molinos Agro), Eduardo Elsztain (IRSA), Alejandro Bulgheroni (PAE), etcétera. 3) El Consejo Agrario Argentino (CAA) con más de 40 cámaras y entidades como CONINAGRO, CRA y Federación Agraria Argentina (FAA), que abarcan prácticamente a todos los integrantes de las cadenas de valor agropecuarias, de granos y de productores de carne avícola, vacuna y porcina; las industrias y cámaras ligadas a la producción de soja, maíz, trigo, arroz, maní, algodón, madera y pesca, entre otros; y las empresas exportadoras nucleadas en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde participan Aceitera General Deheza, ADM, COFCO, Cargill, Viterra, Louis Dreyfus, Molinos Agro, etc. A ello, se suman las bolsas de cereales y acopiadores de todo el país, uniendo productores, acopiadores, comercializadores, industriales, biocombustibles y exportadores. Desde el inicio del gobierno de Milei, el capital financiero de Manhattan impuso las condiciones a través del ingreso de dólares para convertirlos en títulos públicos en pesos (que se ajustan por inflación o tasa fija, mayor que la devaluación del tipo de cambio) para financiar el déficit fiscal en torno al 5% del PIB y la “bomba” de las Leliq (letras de liquidez del BCRA) heredadas de la administración de Alberto Fernández. Se observa claramente la renta financiera producida por el carry trade; colocándose en títulos ajustables por IPC (o por tasa fija, que el porcentaje es similar) obtuvieron hasta el viernes pasado ganancias de más del 100% en dólares. Para seguir sosteniendo el precio del dólar, el gobierno necesita que las compañías privadas sigan endeudándose en divisas y les vendan estas al Banco Central. Hasta enero de 2025, según la CNV (Comisión Nacional de Valores), las empresas argentinas YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Oil & Gas, TGS, CAPEX, IRSA, CRESUD, EDENOR, GENNEI, etc., colocaron obligaciones negociables en dólares por 23.932 millones al 31 de enero de 2025. Ese mecanismo se frenó en marzo de 2025; no se endeudan en dólares y tampoco venden las divisas al BCRA. Es peor, están desarmando la posición y comprando dólares, de manera tal que en seis días hábiles (del viernes 14 al viernes 21 de marzo de 2025) el BCRA vendió 1.478 millones de dólares de las reservas brutas para pasar a ser de 26.626 millones de dólares, cuando era de 28.104 millones el jueves 13 de marzo de 2025. El gobierno no tiene herramientas para volver a financiarse en los mercados internacionales de créditos. El REPO con las barras de oro (por 2.500 millones de dólares que quedaron afuera del país) no se pudo realizar porque la jueza Loretta Preska pidió el delivery, obligando a la Argentina a informar de la operación y, ante la posibilidad de que cuando el gobierno quisiera recuperar la garantía, considerando que se trata de una operación comercial y por ende quede fuera de la protección de la inmunidad soberana, la jueza Preska decretará su embargo. A cambio de ello concretó el REPO con cinco bancos internacionales (Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citi) por 1.000 millones de dólares el 9 de enero de 2025, entregando BOPREAL por el equivalente a 3.000 millones de dólares como garantía, a una tasa del 8,8% anual en dólares (cuando el FMI desde agosto 2024 le redujo la tasa a 6,8% anual). Sin financiamiento, en lo inmediato y en el corto plazo, todo depende sí o sí de la suma que acuerde con el FMI, de allí la emergencia del DNU 179/2025 en que se plantea una nueva deuda de facilidades extendidas a diez años, y que fuera apoyada por el Congreso de la Nación, incumpliendo con el art. 75 de la Constitución nacional. No se saben el monto y las condiciones, pero es claro que el FMI le exige al gobierno que cese con el dólar “blend”, que desde el 1 de enero de 2024 al 28 de febrero de 2025 significó, al dejar que el 20% de las exportaciones no ingresen al BCRA, una merma de 18.400 millones de dólares. Medida que exige el FMI y que implícitamente significa una devaluación de nuestra moneda. El otro problema es el tiempo que va a llevar que ingresen los dólares del FMI, que por menor que sea, las exiguas reservas del BCRA no pueden afrontar. El gobierno quiere que los nuevos dólares del FMI engrosen las reservas para usarlos discrecionalmente en un año electoral, por lo que existe el riesgo de que esta nueva deuda con el FMI termine subsidiando el dólar barato y la salida del negocio del carry trade. Pero más temprano que tarde, el carry trade no va a ser lo que fue, por un lado, y, por otra parte, acelera el proceso de conversión de los títulos de deuda, que este gobierno en 14 meses amplió en 100.476 millones de dólares en patrimonio público. Modelo extractivista exportador El gobierno de Milei pagó todo con deuda, incluso ahora con el acuerdo con el FMI; deuda que deberá afrontar el país y para eso propician un modelo extractivista financiero y cancelar dicha deuda con nuestro patrimonio. El mismo miércoles 19 de marzo de 2025, día en el que vergonzosamente el Congreso de la Nación aprobó el DNU 179/2025, se aprobó el proyecto RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) en la construcción del Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), por el consorcio conformado por Chevron Argentina S. R. L. y Shell Argentina S. A., asociados a YPF S. A., Vista Energy Argentina S. A. U., Pampa Energía S. A., Pan American Sur S. A., y Pluspetrol S. A., por 2.900 millones de dólares para exportar más de 550.000 barriles de petróleo por día a partir de julio de 2027. El proyecto, que originalmente iba a realizar la empresa de Malasia PETRONAS, consiste en construir una plataforma exportadora de energía en la localidad de Punta Colorada en la provincia de Río Negro, que luego se podrá complementar con la exportación de GNL a través de barcos. Tendrá una extensión de 437 kilómetros, contará con una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenaje. Se fijó como comienzo de la operación comercial el 31 de julio de 2027. Para la extracción y transporte de petróleo y de gas se necesitan inversiones importantes. La infraestructura es cara y requiere mucho financiamiento. Normalmente, son proyectos a muy largo plazo: 15, 20 años, para poder generar ganancias y cubrir ampliamente los costos. Obviamente que los que realizan la inversión quieren tener la plena garantía de que pueden volver a dólares y girar sus utilidades al exterior. El RIGI lo posibilita con creces, al generar enclaves económicos extranjeros dentro del país que estarán bajo jurisdicción extranjera, sustrayéndolos de la Justicia nacional. Se les da estabilidad fiscal por 30 años y, a partir del quinto año, podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación y sin obligación de abastecer al mercado interno. El Congreso de la Nación, con el voto de 134 diputados y 38 senadores (entre ellos Edgardo Kueider) posibilitó, con la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables, que es un acto criminal de administración fraudulenta, dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, para pagar una deuda que nunca se investigó y que crece exponencialmente por el carry trade. Por debajo se producen los acuerdos comerciales y financieros entre las empresas locales (que fueron las que inicialmente conformaron el proyecto y luego la ley 27.742), con los grupos extranjeros. La empresa francesa Total Energies, de muchos años en el país y que participa en Vaca Muerta; sin embargo, no lo hace en la construcción del oleoducto sur porque no quiere realizar la inversión de infraestructura que esta demanda, por lo que prefiere pagar un canon por su uso. La empresa local Pluspetrol (la mayoría de sus acciones están en poder de la familia Rey Rodríguez) compró los activos de ExxonMobil en la Argentina a finales de 2024 por 1.750 millones de dólares, incluyendo el bloque de Bajo del Choique, uno de los más productivos de Vaca Muerta, que desplaza a una empresa extranjera. El grupo Eurnekián, que no participa del oleoducto sur, en cambio, se lo compensa con el acuerdo de YPF y la Compañía General de Combustibles (CGC), para que ingrese en el área de Aguada del Chañar, marcando un paso significativo en su incursión en Vaca Muerta. Y continúan YPF y CGC con la explotación de Palermo Aike, Tecpetrol, la petrolera de la familia Rocca de Techint (cuyo gerente general hasta el 9 de diciembre de 2023 fue el actual presidente de YPF, Horacio Marín), explota “Los Bastos”, Puesto Parada y “Los Toldos II” en Vaca Muerta y seguramente participará en la licitación en la provisión de los caños sin costuras con sus empresas Tenaris y Ternium o Usiminas de Brasil para el oleoducto sur. En síntesis La renta petrolera y gasífera con un barril de petróleo en torno a los 70 dólares es sumamente redituable para la explotación no convencional (por más que Donald Trump delira con un barril de 40 dólares; es obvio que no le creen). Máxime que lo pagan con las ganancias de intereses sobre intereses del carry trade de los 15 meses de Milei, que generó un aumento de la deuda bruta de la Administración nacional de más de cien mil millones de dólares. Los recursos naturales nos pertenecen a todos y se los apropian el capital extranjero y el local en una asociación espuria y para vender al exterior. El problema es que el sector que genera el 60% de los ingresos en divisas y que nuclea el Consejo Agrario Argentino pierde el dólar blend, por ende, solo aceptará liquidar sus ventas al exterior con lo que consideren un dólar redituable. El default del grupo agropecuario “Los Grobo”, de Granja Tres Arroyos, de Molinos Cañuelas, de Lácteos Verónica, de Red Sud, etc., en un contexto en que descienden los precios de las commodities y el dólar tiende a revaluarse, y se les incrementan sus costos en pesos, solo se “licúa” con una importante devaluación del peso. Pero a su vez necesitan tener un fuerte mercado interno para vender. Por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Agropecuario Argentino (IDAA) reconoce que, en el último año, las exportaciones de carne vacuna llegaron a un récord histórico y aumentaron 12,6% respecto al periodo anterior, pero las exportaciones representan el 30% de la producción y el 70% lo explica un mercado interno donde el consumo de carne por habitante bajó siete kilos en 2024 y quedó por debajo de los 47 kilos anuales. Los convidados de piedra son la mayoría de los trabajadores, jubilados y pensionados, la construcción, la industria y el comercio ligados al mercado interno. Es un modelo que enriquece a una minoría, pero a costa del empobrecimiento creciente de la mayoría de la población. Inadmisible que un país que tiene energía y produce alimentos no sea capaz de conjugar en un proyecto nacional en el que los recursos naturales nos pertenezcan a todos, como rezaba el artículo 40 de la Constitución de 1949: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias”. Referencias [1] Los principales accionistas institucionales de JPMorgan son Vanguard Group Inc., Blackrock Inc., State Street Corporation, Morgan Stanley. (*) Este artículo de Opinión de Horacio Rovelli fue publicado originalmente en el portal El Cohete a la Luna.
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