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» Nova Entre Rios
Fecha: 23/03/2025 11:55
Ahora, Silvia se está ocupando la salud de su sobrina, la hija de Vanesa, que ya cumplió 18 años. “Ella recibió la Ley Brisa y tuvimos que esperar el juicio para cobrarlo. Ahora estamos dando la batalla que el Gobierno provincial de Santa Fe le pague el seguro de indemnización que le corresponde por el asesinato de su mamá. Ella fue asesinada en la puerta de la escuela y le corresponde al Estado responder. Es irracional que desde el Ejecutivo no cumplan con ese resarcimiento”, reclamó. La lucha por la ley Vanesa. A partir del femicidio de Vanesa Castillo, familiares y organizaciones de la sociedad civil empezaron a exigir un marco legal que protegiera a los docentes y trabajadores de la educación, que son los primeros en recibir las denuncias de abuso sexual y violencia en las infancias. Así nació la Ley Vanesa, un proyecto legislativo que, aunque fue presentado a nivel provincial, quedó estancado en las comisiones y nunca llegó a ser sancionado. La exdiputada Agustina Donnet, quien presentó la iniciativa en 2020, contó a TN los detalles de la propuesta que podría haber cambiado el destino de muchas víctimas de abuso. “El proyecto de la Ley Vanesa fue una iniciativa impulsada por familiares, amigos, docentes y organizaciones que trabajan por los derechos de los niños, a partir del asesinato de Vanesa Castillo. Si bien por el femicidio fue detenido, juzgado y condenado Juan Ramón Cano, todos ellos hicieron un llamado de atención a la sociedad y sobre todo hacia el Estado, respecto de la falta de una herramienta legal que permita evitar que se reiteren este tipo de situaciones, para que no haya más Vanesas”, agregó. En ese aspecto, sostuvo: “Si bien hay un decreto provincial que establece un protocolo a seguir, está claro de que no funciona, que no contempla múltiples situaciones que hacen a la comunidad educativa al día a día y por eso se impulsó este proyecto”. Donnet presidió la comisión rectora del proyecto en la Cámara de Diputados, desde la cual se realizó todo un trabajo de audiencia públicas, donde expusieron y debatieron distintos actores del Estado. Principalmente, fueron convocados trabajadores de la educación, sindicatos, colegios profesionales, pero además funcionarios judiciales como jueces y fiscales. “Son los que a menudo recepcionan las denuncias, hacen el acompañamiento a los familiares, a los afectados o damnificados por este tipo de situaciones y que además tienen el pleno conocimiento también de los distintos casos que van sucediendo en el tiempo y, por lo tanto, es importante que tengan voz y parte por el conocimiento de causa de un tema de tamaña seriedad como es el caso de los abusos sexuales infantiles”, contó. “Consideramos en estos dos años de trabajo numerosos aportes, insumos, críticas y y toda una serie de elementos que fueron aportando quienes participaron de esas audiencias públicas y nos permitieron llegar a un texto final, a una propuesta de proyecto de ley Vanesa”, dijo Donnet, quien además detalló que la iniciativa tiene tres ejes fundamentales. “En primer lugar se establece un programa de protección y prevención de la violencia de niños, niñas y adolescentes, con sus debidas articulaciones y responsabilidades que tienen que llevar adelante los distintos poderes del Estado y, en particular, la autoridad de aplicación como ente o como espacio que debe, al mismo tiempo, ser responsable de garantizar las acciones coordinadas dentro de todas las esferas que compiten al Estado. Acá no solamente hay que tener en cuenta las responsabilidades que hacen al Ministerio de Educación, sino de Salud, de Desarrollo Social, etc.”, informó. “Esto queda establecido así en el programa de protección y de prevención de la violencia para los niños, niñas y adolescentes, además de garantizar cuestiones específicas como, por ejemplo, la minimización del tiempo que transcurra de la toma del conocimiento del hecho, a la realización de la entrevista de declaración testimonial, cuestiones específicas relacionadas a la Cámara Gesell, o a la preservación del interés superior del niño en este aspecto”, dijo Donnet. En segundo orden, establece es un programa de protección y de apoyo a las personas adultas que participen tanto en carácter de denunciantes, como fue el caso de Vanesa Castillo, como de testigos y de acompañantes durante los procesos. “Esto es muy importante porque lo que se evidencia es una gran desprotección de quienes deciden acompañar a los niños o a los adolescentes en estas denuncias.
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