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» Diariopinion
Fecha: 21/03/2025 22:05
El gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra Cristina Kirchner y Julio de Vido debido a las causas de corrupción que ambos enfrentan en la Argentina. La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, e incluye la prohibición para entrar a Estados Unidos. Para el Secretario de Estado del gobierno norteamericano la ex presidenta y su ministro de Planificación Federal "abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino". En ese sentido, destacaron que "múltiples tribunales los han condenado por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina". La sanción también incluye a sus familiares directos, como el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia, y la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli. Minutos después del anunció, el presidente Javier Milei compartió el comunicado en sus redes sociales. Acompañó el posteo con la leyenda "Che Cristina", en alusión al latiguillo que la ex presidenta suele usar cuando critica las políticas del gobierno libertario. "Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio propio", destacaron en un comunicado oficial del Departamento de Estado. Y agregaron: "Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en los más altos niveles de gobierno". Estas sanciones fueron aplicadas en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, que exigen que el Secretario de Estado ‘designe’, pública o privadamente, a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que tenga "información fidedigna de participación en actos de corrupción significativa o en una grave violación de los derechos humanos". Para el gobierno de Estados Unidos "las designaciones exponen a los actores corruptos a través de la atención de los medios, apoyan las acciones de aplicación de la ley local, promueven la rendición de cuentas y destacan la necesidad de reformas legales anticorrupción".
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