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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 21/03/2025 16:45
Ariel Lijo (Jaime Olivos) El juez federal Ariel Lijo, uno de los candidatos del Gobierno para ocupar la Corte Suprema, le envió un escrito al magistrado Alejo Ramos Padilla, quien tiene en su juzgado la causa que se abrió a partir de los nombramientos en comisión por parte de Javier Milei tanto de Lijo como de Manuel García Mansilla. En el texto, al que tuvo acceso Infobae, el titular del juzgado federal N° 4 de Comodoro Py ratificó que no renunciará a su cargo -este fue el impedimento que le puso la propia Corte para jurar- y dijo que confiaba en que el Senado aprobará su pliego, que ya tiene dictamen favorable. El escrito del juez federal para Alejo Ramos Padilla “A los efectos de pronunciarme en los términos del artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, dado el objeto de las actuaciones, pongo en su conocimiento que carezco de interés acerca de la decisión que eventualmente pudiera recaer en las actuaciones de referencia. Ello en tanto no asumí como Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 99, incisos 4 y 19 de la Constitución Nacional; no voy a renunciar a mi cargo actual de Juez Federal y mi interés se centra en que el Honorable Senado de la Nación me otorgue el acuerdo correspondiente para el cual ya cuento con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos”, expresó Lijo. La intervención de Ramos Padilla Alejo Ramos Padilla, juez electoral de la provincia de Buenos Aires El debate sobre la validez del decreto 137, firmado por el presidente Milei para designar en comisión a Lijo y García Mansilla, está en manos de Ramos Padilla, juez federal de La Plata, en un contexto de múltiples presentaciones judiciales y cuestionamientos legales. Entre ellas, se destaca la acción de la ex diputada Elisa Carrió, quien presentó un planteo de Amicus Curiae ante ese juzgado, calificando el decreto como “inconstitucional y nulo de nulidad absoluta e insanable”. Carrió argumentó que la designación de jueces de la Corte mediante este mecanismo viola la Constitución Nacional, los tratados internacionales y los principios fundamentales del sistema republicano, como la independencia judicial y la división de poderes. Sin embargo, la Corte Suprema no cuestionó la designación de Lijo y García Mansilla a través de la firma del decreto presidencial. Prueba de ello es que al segundo se le tomó juramento la misma semana en que se publicó en el boletín oficial su nombramiento en comisión, sin hacer espacio a ninguno de los planteos que cuestionan esta decisión, adoptada por el presidente Milei tras casi un año de fracasar en el Senado el tratamiento de estas dos postulaciones. La situación de Lijo, en cambio, quedó en suspenso porque la Corte rechazó el pedido de licencia que le había concedido la Cámara Federal, y debería renunciar a su cargo de juez para asumir en comisión. El pliego de ambos sigue en el Senado. Por qué es distinto el caso de Lijo A diferencia del juez García Mansilla, Lijo había obtenido dictamen favorable de Comisión y -además- a fines del año pasado desde diversos sectores aseguraban que el juez federal contaba con los votos necesarios para ser aprobado por los dos tercios del Senado, lo que ahora es puesto en duda por algunos referentes políticos. En cuanto al cuestionamiento de la designación por decreto, el conflicto por la licencia hizo que Lijo no asumiera en el cargo. Cuando se conoció su designación, pidió licencia en la Cámara Federal, pero el pedido no fue avalado por la Corte. Posteriormente hizo saber que no está dispuesto a renunciar a su cargo en los juzgados de Retiro, y no impugnó la decisión de la Corte de rechazarle la licencia. Hay que ver entonces qué curso sigue su pliego en el Senado. Mientras tanto, el juez reiteró -esta vez con un escrito ante su colega Ramos Padilla- que no tiene previsto renunciar y que esperará el pronunciamiento del Senado. O sea, que si asume en la Corte no será por decreto sino con acuerdo del Senado. La situación podría definirse el 3 de abril, cuando se lleve a cabo la sesión convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, justamente para tratar los pliegos de Lijo y García Mansilla.
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