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» Diario Cordoba
Fecha: 20/03/2025 18:55
El golpe para el Gobierno vino esta vez por todos los frentes posibles. El Congreso dejó otra jornada muy difícil de digerir para Pedro Sánchez con derrotas parlamentarias que le procuraron sus socios de la izquierda en algunos casos y, en otros, PNV y Junts respaldando al PP. La votación más incómoda a priori era la iniciativa del BNG que planteaba la salida de España de la OTAN y rechazar la subida del gasto en defensa que el presidente del Gobierno, justo a la vez, defendía en Bruselas a su llegada al Consejo Europeo. El guion se cumplió y Sumar, socio de la coalición gubernamental, se alineó con el resto de partidos de la izquierda partiendo al Ejecutivo en dos. La debilidad que tanto quería airear Alberto Núñez Feijóo, también en Bruselas reunido con sus socios del PP europeo, quedó en evidencia. Mientras el presidente negocia los mecanismos con el resto de países de la Unión para aumentar las inversiones en defensa y seguridad, su mayoría parlamentaria le daba la espalda. Y la respuesta política llegaba a pocos kilómetros de distancia, con Feijóo en la capital comunitaria, pidiendo elecciones generales si Sánchez no tiene los apoyos para acometer el rearme comprometido y es incapaz de aprobar un Presupuesto. Pero eso no fue todo. La mayor sorpresa llegó por otro lado, cuando PP y Junts se aliaron una vez más para tumbar el proyecto estrella de Sumar con el que se planteaba crear por fin la Agencia Estatal de Salud Pública. El proyecto de ley lo defendió la ministra de Sanidad, Mónica García, que no podía esconder su decepción cuando vio tantos votos en color rojo y se confirmó que la ley decaía. La creación de la agencia la impulsó -precisamente- la exministra del PP, Ana Pastor, en las conclusiones de la comisión sobre el covid celebrada en el Congreso tras la pandemia. Y contaba con unanimidad a excepción de Vox como quedó claro a lo largo de la tramitación parlamentaria. Pero los populares, muy molestos por los términos que empleó la ministra de Sanidad -afirmando desde la tribuna que “el modelo del PP es insultar a los científicos”- terminó cambiando su posición de voto al no. Y lo mismo hizo Junts. Los dos grupos se movían también en clave de venganza por otro conflicto que resonó con fuerza a primera hora de la mañana en la Cámara. Todo por otra ley que se sometía a debate final y votación este jueves, la relativa al desperdicio alimentario, que llegaba al Congreso de nuevo tras pasar por el Senado. El choque -con protesta incluída de los diputados del PP- empezó a primera hora de la mañana. El Senado incluyó en su dictamen de la ley varias enmiendas que habían sido vetadas por el Gobierno al afectar a los ingresos presupuestarios. En concreto, la enmienda del PP defendía mantener el IVA de los alimentos básicos al 2%. El Ejecutivo dice que eso implica una merma de 900 millones para las arcas públicas. Junts y ERC, por su parte, introdujeron otra que pretendía prorrogar la vida de plantas de purines para que pudieran seguir cobrando ayudas. Es un asunto prioritario para el sector agroalimentario catalán. La cuestión es que el Congreso eliminó esas enmiendas del dictamen proveniente del Senado insistiendo en que el Gobierno ya las había vetado. El PP llegó a acusar de “prevaricación” a la presidencia de la Cámara al ver “mutilado” el texto legal sin las enmiendas, advirtiendo de que el propio secretario general del Congreso, Fernando Galindo, había dicho verbalmente que eso no se podía llevar a término. Después de que el Congreso mantuviera el veto, PP y Junts encontraron otra excusa para desgastar al Ejecutivo y, en represalia, tumbaron la agencia estatal de Sanidad, cobrándose a Sumar como principal víctima de la jornada. Y por si las iniciativas sobre el rearme europeo y el conflicto -que, en realidad, vuelve a enfrentar también a Congreso y Senado- fuera poco, el PP logró sacar adelante con el apoyo de Vox, Junts y el PNV, rebajar la protección del lobo ibérico permitiendo que pueda volver a cazarse al norte del Duero. Se trataba de otra enmienda más a la ley de desperdicio alimentario y una reivindicación del mundo rural por la que los conservadores llevan mucho tiempo peleando. La iniciativa lo que pedía es que toda la zona del norte del Duero quedara fuera del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre), tan reforzado durante el mandato de Teresa Ribera al frente de Transición Ecológica. A pesar de la crítica de los colectivos ecologistas y la postura contraria del Gobierno y la izquierda, los partidos de la derecha consiguieron otro revés parlamentario.
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