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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 20/03/2025 10:20
La causa contra exfuncionarios y allegados por el presunto desvío de fondos del programa Jóvenes Emprendedores avanzó con testimoniales y la Fiscalía pidió medidas claves. Los defensores cuestionan los procedimientos policiales y que citen como testigos a posibles imputados. Detalles de las maniobras y el engaño a los beneficiarios, en el informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral). En la audiencia desarrollada la semana pasada, el fiscal que lleva adelante la investigación, Gonzalo Badano, detalló el inicio y la reunión de evidencias y testimonios hasta el momento. Quien inicialmente denunció hace un año lo que había sucedido con los créditos fue la fiscal del Tribunal de Cuentas, Nancy Vinagre. Los primeros indicios fueron las personas a las que se les reclamaba que paguen lo que nunca habían recibido. Por ejemplo, detalló Badano, Joaquín Exequiel L. expresó que no había cobrado ningún tipo de crédito, lo desconocía al momento de la intimación; Candela Florencia M., dijo que cobró el crédito pero que le entregó el dinero a una persona que no conocía y que jamás vio; Gonzalo Javier M., afirmó que no recibió ningún dinero, desconocía el programa; Daniela Andrea E., dijo que no gestionó ningún crédito; Alexa Gisela G., contó que tuvo una reunión en el bar Live Rock con otros familiares, los citaban por turnos y les ofrecían sacar un préstamo, pero después debían entregar una parte a la persona que se lo ofrecía; Daniela S. desconocía completamente de qué se trataba el asunto. Encontraron, además, otras irregularidades, como que “existían personas a las cuales se les otorgaba un segundo crédito pese a no haber devuelto el primero, lo que estaba prohibido por la normativa”, dijo el fiscal. “Había créditos rendidos por facturas que se encontraban adulteradas, lo que impide conocer cuál fue el destino final de los fondos. La factura que acredita que se invirtieron los fondos son irreales”, agregó. Además, hubo múltiples créditos que se rendían por medio de simples declaraciones juradas en la Secretaría de Jóvenes Emprendedores. Iban las personas, decían que invirtieron correctamente el dinero sin presentar ningún tipo de documentación que lo acreditara. “Estas hojas de declaraciones juradas estaban con el mismo tipo de letra, daba la impresión de que habían sido elaboradas por la misma persona”, contó Badano. También encontraron que “muchas de las facturas eran de monotributistas que recientemente se habían dado de alta, que era su primera o segunda factura, y justo casualidad estos monotributistas eran a los que les compraban los diferentes bienes con que justificaban el destino del dinero”. En un informe de la División Delitos Económicos de la Policía, se detallan entrevistas a personas beneficiarias de los créditos. Muchos no sabían de qué se trataba y se enteraban de que habían recibido un crédito cuando recibían la intimación para que devuelvan el dinero. Algunos dicen que les solicitan que devuelvan 2 millones de pesos, lo cual les resultaba imposible. Muchos de los entrevistados decían que los contactaba un conocido en común para ofrecerle ayudas sociales, o ayudas para estudiantes, y después les solicitaban que una parte sea entregada a la persona que les había hecho la propuesta. El fiscal detalló que los montos de los créditos iban desde 300.000 o 340.000 pesos hasta los 800.000, dependiendo el año del otorgamiento ¿Y cuánto les daban a los beneficiarios? Entre 6.000 y 30.000 pesos. El resto se lo quedaban. Otro ardid consistía en que los reclutadores les decían a algunas personas que necesitaban los datos de su cuenta bancaria porque recibirían el dinero, por ejemplo, de la venta de un auto. Les decían que no había problema y después les daban la plata. Entonces, pensaban que el dinero que ingresaba a sus cuentas era por eso, no de un crédito del gobierno. “Para tener una idea de la magnitud económica del dinero”, explicó Badano. En total se tomaron aproximadamente 30 entrevistas. Una joven dijo que le entregó su DNI a Matías Balbuena y le depositaron 380.000 pesos. Le entregó la documentación del proyecto que pretendía realizar, pero al momento de firmar advirtió que se trataba de otro proyecto que no tenía nada que ver con lo que a ella le interesaba, en este caso era para la compra de ganado. Lo rechazó, Balbuena le ofreció darle algo a cambio, pero no aceptó. Otro muchacho relató que Pablo Frutos, conocido de una amiga, la citó al bar El Limbo, le ofrecieron una “ayuda económica”. Estaba desocupado, necesitaba el dinero, lo acompañaron al banco Galicia de la peatonal San Martín, retiró el dinero, Frutos lo esperó afuera y le pidió que le entregue el efectivo. Se quedó con 25.000 pesos del total. Cintia T. declaró que recibió una intimación de parte del Ministerio de Producción de la provincia para devolver 2 millones de pesos, dijo que fue a averiguar de qué se trataba y vio en la documentación que no era su firma: le utilizaron la identidad y se la habían falsificado. A otro joven, Alejandro Usatinsky, le dijo que estaba buscando persona para tranferirle dinero para retirarlo en efectivo, se encontraron en un bar, sacó 500.000 pesos del banco y recibió algo a cambio. Camila C., por su parte, dijo que conoció por medio de una amiga a Usatinsky, le ofreció un pago que le daban a estudiantes para depositar en una cuenta bancaria, hizo el trámite, sacó el dinero, el hombre le entregó 5.000 pesos, ella le dijo que era muy poco, por lo cual le dio 2.000 más. Allí contó que Usatinsky se movía con una “asistente”, llamada Aranzazú Acosta. “Hay muchos más casos y motivos y ardides muy variados”, dijo el fiscal. Pero las entrevistas en Fiscalía se interrumpieron a partir del planteo realizado por los abogados defensores: sostienen que los testigos pueden ser imputados, por lo cual se está violando la prohibición de autoincriminación. Esto fue planteado en la audiencia de la semana pasada, y se está a la espera de una nueva instancia donde la Fiscalía responderá. Luego, el juez de Garantías Eduardo Ruhl resolverá al respecto. “Hasta ahora, en ninguna de las entrevistas se vio que un crédito fuera real, todos desconocen que hayan solicitado este crédito”, dijo Badano. “Hemos encontrado que en el área de Jóvenes Emprendedores algunas de estas personas eran los capacitadores, encargados de formar a los emprendedores, formaban parte de la Secretaría. Existía una especie de aparato para reclutar a estas personas. Eran sumas millonarias, no solo créditos aislados, sino que hay un patrón de conducta que se repite”, afirmó. Críticas y rechazos El abogado defensor de Usatinsky, Tomás Vírgala, cuestionó los pedidos de prueba realizados por Fiscalía, como la apertura del celular secuestrado y el levantamiento del secreto bancario y fiscal, por no haber sido notificados previo a la audiencia. Además, criticó el procedimiento policial por no haber respetado el “Protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital”, que es una norma nacional a la cual adhirió la provincia en una Ley propia. El abogado defensor de Gebhart, Miguel Ángel Cullen, alegó que las personas mencionadas por el fiscal como testigos que declararon en esas entrevistas, tanto en Fiscalía como por los policías, son posibles imputados. Por lo tanto, pidió que no se tomen en cuenta esas declaraciones ni que se sigan citando más beneficiarios o presuntos damnificados, ya que se estaría violando la prohibición de autoincriminación. La audiencia pasó a un cuarto intermedio. Cuando se reanude en los próximos días, el fiscal Badano responderá a lo planteado por los defensores. En la causa se incorporaron dos abogadas querellantes, en representación de una damnificada: Alejandra Bergara y María Florencia Jerez. Bergara relató que su clienta, en octubre del año pasado, recibió una cédula del programa Jóvenes Emprendedores solicitando la devolución del dinero: 530.000 pesos. Ahí se entera del crédito, se dirigió a la sede de la Secretaría en calle Cervantes, donde informó que no sabía nada y radicó una denuncia en la Fiscalía. La misma fue inicialmente archivada, por lo que intervinieron como abogadas. Presentaron los movimientos de la cuenta, donde están el crédito y el débito de ese monto, que la mujer desconoce. De hecho, dijo que había dejado de utilizar esa cuenta que era de la asignación de sus hijos. Los defensores pidieron rechazar la presentación de las abogadas como querellantes, porque entienden que se trata de una causa contra el Estado, sin víctimas particulares. El juez Ruhl rechazó el planteo y confirmó la admisión de la querella.
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