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» Diariopinion
Fecha: 20/03/2025 00:32
López Tozzi apuntó directamente contra el gobierno de Gildo Insfrán, al sostener que su desesperación por frenar estos controles se debe a que "médicos y el intendente de Laguna Naineck han reconocido públicamente que pusieron su firma para la entrega de pensiones por favores políticos". Para el funcionario nacional, aquellos responsables de haber fraguado los expedientes están buscando intervenir nuevamente en la auditoría con la intención de protegerse. Un proceso de auditoría en dos instancias Según explicó López Tozzi, el proceso de control se lleva adelante en dos etapas: en la primera, se notifica a los beneficiarios con fecha y lugar donde deben presentarse; en la segunda, se otorga un plazo de 30 días para presentar la documentación requerida. No obstante, el funcionario alertó sobre el riesgo de que los beneficiarios terminen entregando la documentación a las mismas personas que antes facilitaron la firma de pensiones irregulares. "Si en la primera instancia ya hubo una intervención indebida, nada hace presumir que ahora vayan a elevar la documentación correcta, porque el problema radica en que el expediente original fue fraguado", enfatizó. Renuncias voluntarias y el impacto en otras localidades En la localidad de Laguna Naineck, muchas personas ya comenzaron a renunciar voluntariamente a sus beneficios al tomar conciencia de que no les correspondía. "Esperamos que lo mismo ocurra en Villafañe y en otras localidades", sostuvo López Tozzi. Asimismo, criticó la postura del Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, a quien acusó de actuar como un defensor del gobierno provincial en lugar de velar por los derechos de los ciudadanos. "Imagínate el efecto Javier Milei que hasta Gialluca salió a trabajar", ironizó. También cuestionó el rol de este organismo en la auditoría: "A nivel técnico legal, el Defensor del Pueblo no puede hacer nada, porque la auditoría es exclusivamente médica. Si está interviniendo, quizá sea porque tiene información que no dice públicamente". Nueva metodología y revisión de casos Con la implementación de esta auditoría, se establece la emisión de un Certificado Médico Oficial (CMO) por parte de profesionales capacitados por ANDIS. "No todos los médicos podrán emitir estos certificados, lo que garantiza un mayor control sobre los diagnósticos", explicó López Tozzi. Además, anticipó que es "muy probable" que muchas personas pierdan el beneficio por no cumplir con los requisitos, que incluyen demostrar una incapacidad laboral del 66% o más. Por otro lado, se analizarán con especial atención los casos de extranjeros que reciben pensiones, ya que deben acreditar al menos diez años de residencia continua en Argentina. "Asumo que ANDIS realizará un cruzamiento de datos con Migraciones para verificar que se cumpla con este requisito", agregó. La auditoría nacional sigue su curso, pese a los intentos del gobierno formoseño de entorpecerla. La intervención de Insfrán y sus funcionarios levanta serias sospechas sobre la legalidad de miles de pensiones otorgadas en la provincia, en un escándalo que promete traer consecuencias políticas y judiciales.
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