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» Elterritorio
Fecha: 19/03/2025 02:20
La medida responde al pedido de cautelar realizado por organizaciones sociales y sindicales. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 dictaminó observar presencialmente la movilización convocada para mañana y recolectar pruebas. Por su parte, el gobierno avisó que reprimirá cualquier desborde martes 18 de marzo de 2025 | 17:15hs. La Justicia respondió una solicitud cautelar que presentó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBA), acompañado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina para que se investigue la brutal represión contra la marcha de jubilados y jubiladas del miércoles pasado. El fallo destacó que los hechos del 12 de marzo "no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país". El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 ordenó que la Justicia debe observar de manera presencial la manifestación convocada para el miércoles 19 en el Congreso. El objetivo es monitorear en el lugar la aplicación del Protocolo Antipiquetes e incorporar de oficio toda prueba que sirva para resolver el planteo de inconstitucionalidad presentado por el gremio de prensa y el centro de estudios. La medida cautelar fue elaborada "ante la incertidumbre de que la represión violenta, que dejó heridos de gravedad y detenciones arbitrarias, pueda repetirse", destacaron desde el CELS. "El juez decidió hacer una observación presencial de la protesta del miércoles", informó Paula Litvachky, directora del CELS, en una conferencia de prensa de la que participaron representantes de SipreBA. Según Litvachky el fallo "genera otras garantías para quienes decidan manifestarse" y también da lugar a las denuncias sobre "el uso" del Protocolo Antipiquetes que "es contrario a la Constitución, a las leyes y que tuvo como objetivo impedir la protesta". La medida la dictaminó el juez Martín Cormick, quien rechazó la anulación del protocolo, pero anunció que su tribunal "observará presencialmente con suma atención" lo que suceda en la próxima movilización. Cormick expresó que "los desgraciados hechos sucedidos el 12 de marzo" no son ajenos a la discusión de la constitucionalidad. La presentación realizada por el CELS y el SipreBA solicita que "se proteja la integridad y el trabajo de las personas que desarrollan tareas periodísticas y la difusión de información de lo que ocurre durante las protestas". El documento denuncia el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece internado tras ser herido por un cartucho de gas lacrimógeno, arrojado por las Fuerzas de Seguridad. Después de la represión desplegada por las Fuerzas de Seguridad y la constante justificación del Gobierno, la iniciativa solicitó que la Justicia le ordene al ministerio que encabeza Patricia Bullrich, "respetar y garantizar el derecho a la vida, a la integridad, la salud y la libertad de expresión de quienes participan de una protesta". Reunón en el gobierno Mientras el Gobierno nuevamente advirtió que no se correrá un centímetro en su estrategia para controlar la protesta social al ratificar que en caso de haber acciones violentas durante la marcha de este miércoles "se utilizará una represión de acuerdo a los cánones legales", un juzgado porteño anunció que enviará funcionarios judiciales para "observar presencialmente" el normal cumplimiento del protocolo antipiquetes. Es por eso que, de urgencia, el asesor Santiago Caputo convocó a una reunión en su despacho. Hasta allí llegó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio y los titulares de la SIDE, Sergio Neiffert y el ex PRO Diego Kravetz, quien se sumó la estructura de inteligencia justamente por tener un mejor “termómetro” de la calle. Mientras el fotógrafo Pablo Grillo pelea por su vida, en el gobierno cerraron filas y respaldaron el accionar de las fuerzas de seguridad y de Bullrich. Esta vez, el rol de la Justicia podría ser crucial. Es que tal como adelantó este medio, el Gobierno embistió contra la jueza Karina Andrade, quien en menos de 24 horas liberó a los 114 detenidos por considerar que no tenía “pruebas” sobre los delitos cometidos. Es por ello que la presencia de Amerio en el encuentro está vinculada a la actuación judicial que se podrá ver después de la marcha de mañana, en caso de que se repitan incidentes. En tanto Neiffert y Kravetz aportaron los sondeos de inteligencia para saber cómo será el movimiento de los manifestantes, horarios, accesos y cantidad. El hermetismo de la Casa Rosada fue absoluto. Pese a que para fuera defienden a Bullrich, la preocupación por un eventual desborde de las fuerzas de seguridad es un trascendido fuera de micrófonos. En algunas dependencias estatales de la zona aledaña al Congreso le dieron asueto a los trabajadores a partir de las 12 horas. Una medida que explica el estado de ánimo imperante. El lunes Bullrich subió la apuesta. Presentó en la Casa Rosada un proyecto de ley antibarras con el objetivo de darle tratamiento jurídico de “organización criminal” a las barras bravas de fútbol, pese a que no hubo presencia el miércoles pasado. Pese a ello, envió un mensaje de solidaridad para con la familia Grillo por primera vez, aunque reiteró que el impacto de la granada de gas lacrimógeno en la cabeza del fotógrafo se dio luego de haber rebotado en otros lugares. La poca información que dejó trascender la Casa Rosada indica que mañana se cortarán o al menos habrá controles en los accesos de la provincia de Buenos Aires a la Ciudad, una manera de atenuar la llegada de manifestantes a la zona del centro porteño. Teniendo en cuenta que mañana se sumarán a la manifestación movimientos sociales, movimientos de piqueteros, diferentes organizaciones gremiales y sindicales se prevé un operativo mayor, aunque en la cartera de Bullrich no han dado mayores precisiones.
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