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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 18/03/2025 20:15
La polémica surgió a raíz de la modificación por parte del Senasa de las condiciones sanitarias para el ingreso de carnes y productos cárnicos desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia la Patagonia, una región que no aplica dicha vacunación. Tras quejas de gobernadores y productores el Ejecutivo postergó por 90 días la implementación de la Resolución 180/2025. El Gobierno nacional decidió postergar por 90 días la implementación de la Resolución 180/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que habilitaba el ingreso de carne con hueso y material reproductivo a la Patagonia. Más temprano, la medida había sido presentada como el fin de una restricción de 24 años que impedía el ingreso de asado con hueso desde otras regiones del país. La decisión generó un fuerte rechazo de los gobernadores patagónicos y el sector productivo, que advirtieron sobre el riesgo de afectar el estatus sanitario diferencial de la región, libre de fiebre aftosa sin vacunación. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, criticó la resolución al señalar que “desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar de un plumazo el esfuerzo de ganaderos y frigoríficos para favorecer a grandes supermercados y exportadores”. La Sociedad Rural de General Conesa también expresó su preocupación, alertando sobre el impacto en la confianza de los mercados de exportación y la falta de consulta previa con los productores. El Senasa había justificado la medida en estudios de riesgo y en la adecuación a recomendaciones internacionales, con el argumento de que permitir el ingreso de carne con hueso podría contribuir a la reducción de precios en la Patagonia, donde algunos cortes superan los $20.000 por kilo. Sin embargo, sectores rurales sostienen que el cambio en la normativa ponía en riesgo los estándares sanitarios y productivos de la región. Con la postergación, el debate sobre la regulación del comercio de carne en la Patagonia sigue abierto, mientras las autoridades y el sector productivo evalúan el impacto y posibles modificaciones a la normativa vigente.
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