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» Comercio y Justicia
Fecha: 18/03/2025 09:53
La industria del calzado y los textiles en Argentina, y en particular en la provincia de Córdoba, tiembla ante la posibilidad de que el Gobierno nacional concrete una reducción de aranceles a las importaciones. La medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca bajar los precios locales de ropa y calzado —rebajando aranceles del 35% al 20%— para fomentar la competencia. Pero en el corazón industrial cordobés, el panorama es sombrío: empresarios y trabajadores advierten que esto podría ser un golpe mortal para fábricas ya golpeadas por la recesión, el costo argentino y la apertura indiscriminada. Córdoba, un polo histórico de producción textil y de calzado, siente el peso de la amenaza. Según datos de la Fundación Pro Tejer, el sector textil y de indumentaria perdió 8.300 empleos formales a nivel nacional entre julio de 2023 y julio de 2024, y Córdoba no fue la excepción. En la provincia, donde operan unas 200 empresas dedicadas a estos rubros, la baja de aranceles podría poner en jaque a decenas de plantas. “Estamos hablando de fábricas que emplean entre 50 y 100 personas cada una. Si cierran 10, perdemos 1.000 puestos directos, sin contar el impacto en la cadena de proveedores”, alerta un industrial cordobés que prefirió el anonimato. El riesgo no es solo teórico. En el Gran Córdoba, ciudades como La Calera o Río Ceballos tienen talleres y pequeñas fábricas que dependen de la demanda interna. Con remeras importadas entrando a 1 dólar —como denuncian desde la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI)—, la producción local no tiene cómo competir. “No es solo el arancel: es el dólar atrasado, los impuestos y los costos laborales que nos ahogan. Abrir las importaciones así es un industricidio”, dispara un fabricante de calzado de Villa Allende. Los números respaldan el temor. En 2024, la utilización de la capacidad instalada en el sector textil cayó al 41,4% a nivel nacional, y en Córdoba el panorama no es mejor. La reducción arancelaria podría inundar el mercado con productos asiáticos baratos, dejando a las fábricas locales sin oxígeno. “No pedimos proteccionismo eterno, pero nivelar la cancha lleva tiempo. Esto es tirar a la industria por la ventana”, sostiene un referente de la Unión Industrial de Córdoba. El impacto social sería devastador. En una provincia donde el empleo industrial es clave, el cierre de plantas no solo afectaría a operarios, sino también a transportistas, comerciantes y familias enteras. “Si las fábricas bajan la persiana, se pierde todo un ecosistema productivo que costó décadas construir”, advierte una fuente gremial. Mientras el Gobierno apuesta a bajar precios, en Córdoba se preguntan: ¿a costa de qué? La respuesta, por ahora, suena a silencio de taller vacío.
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