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» Misionesopina
Fecha: 17/03/2025 23:26
Organizaciones militares venezolanas denuncian a Nicolás Maduro y Vladimir Padrino López ante la CPI por crímenes de lesa humanidad. Acusan a ambos de un sistemático exterminio contra los ancianos y militares retirados, en medio de una devastadora crisis económica que ha deteriorado el poder adquisitivo y las condiciones de vida. El pasado sábado 15 de marzo, tres organizaciones de militares venezolanos en la reserva presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Nicolás Maduro y el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Señalan a ambos funcionarios de estar involucrados en el delito de exterminio, tipificado como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma. La denuncia, firmada por destacados oficiales retirados, argumenta que las acciones de Maduro y Padrino han conducido a la destrucción sistemática del sector más vulnerable de la población, en particular los ancianos y los militares retirados. En la comunicación dirigida a Karim Khan, fiscal de la CPI, las organizaciones solicitan que se presente «con carácter de urgencia» un informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares para abrir un juicio contra los responsables. Juan Antonio Herrera Betancourt, Rafael Ángel Montero Revette y Hidalgo Antonio Valero Briceño, líderes de las organizaciones militares, subrayan que las acciones del gobierno han privado a los retirados de su seguridad social y bienestar, resultado de la mala praxis política y económica del régimen actual. Impacto económico y social Los firmantes de la denuncia destacan que las continuas devaluaciones del bolívar han devastado el poder adquisitivo de los venezolanos. «El salario mínimo vital y las pensiones de jubilación permanecen anclados en 130 bolívares desde hace tres años», explicaron. Con la devaluación del bolívar frente al dólar, las pensiones actuales equivalen a menos de dos dólares mensuales, lo que imposibilita a los jubilados cubrir necesidades básicas como alimentos y medicinas. Los generales y el coronel que lideran la denuncia enfatizan que la situación económica empuja a millones de venezolanos a condiciones de vida inhumanas. Según una ONG, en enero de 2025, la canasta básica para una familia de cinco personas superaría los 800 dólares mensuales, mientras que solo la alimentación costaría cerca de 500 dólares. «El venezolano pensionado necesitaría 255 salarios mínimos para cubrir estas necesidades», argumentaron. El deterioro del sistema económico ha llevado a una emigración masiva de venezolanos y al incremento de suicidios, especialmente entre militares retirados que enfrentan condiciones económicas extremas. «La gestión de Maduro y Padrino ha dejado sin opciones a muchos ancianos militares», afirmaron los denunciantes, señalando que esto podría constituir un traslado forzoso de población, otro crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Los oficiales retirados compararon las pensiones de los militares venezolanos con las de otros países de América Latina y España, destacando la enorme disparidad. Mientras en 2001, un general de brigada recibía una pensión equivalente a 1,700 dólares, hoy esa cifra se ha reducido a apenas 16 dólares mensuales. «¿Cómo vive un militar con esas pensiones?», cuestionaron. Violación de la Ley de Seguridad Social Las organizaciones denunciantes acusan al gobierno de violar la Ley Orgánica de Seguridad Social de la FANB, promulgada en 2015, al negar a los militares retirados la homologación de ingresos con sus homólogos activos. «La aprobación de esta ley marcó el inicio de acciones sistemáticas para el exterminio de los militares jubilados», sostuvieron los líderes militares. Los denunciantes recalcan que el gobierno de Maduro, con la aprobación de la ley en 2015, inició una serie de medidas ejecutivas dirigidas al exterminio sistemático de los militares retirados. «Esta estrategia de exterminio es evidente y calculada», afirmaron los oficiales, quienes solicitan a la CPI que se tomen medidas urgentes para detener estas acciones. La denuncia ante la CPI es vista como un paso crucial para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis en Venezuela. Los líderes militares esperan que la Corte actúe con celeridad para llevar a juicio a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. «Es hora de que el mundo sepa lo que está ocurriendo en nuestro país», concluyeron. La presentación de esta denuncia es un reflejo del creciente descontento y desesperación entre los militares retirados de Venezuela. En un contexto de crisis económica y social sin precedentes, las organizaciones militares buscan justicia y el fin de lo que consideran una política de exterminio hacia los más vulnerables. «Nuestra lucha es por la dignidad y los derechos de todos los venezolanos», afirmaron los denunciantes. Fuente: Misiones Online
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