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» Politicargentina
Fecha: 14/03/2025 19:51
UN expert @SRjudgeslawyers concerned by appointment of Supreme Court judges by presidential decree, bypassing the Senate approval process. It sets a dangerous precedent by politicising appointments & eroding transparency.https://t.co/K59PLHytbS pic.twitter.com/leYyKNDEtK — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) March 12, 2025 Margaret Satterthwaite, la relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, advirtió esta semana que la decisión del presidente argentino Javier Milei de nombrar por decreto a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema por decreto viola la Constitución, configura una politización "peligrosa" e implica la evasión de "controles".“El Ejecutivo no está por encima de la ley”, cuestionó la experta de la ONU, que agregó que "al ignorar los procesos de nombramiento judicial establecidos en la Constitución y aclarados por la ley, el Presidente está evadiendo los controles y contrapesos legales establecidos”.En igual sentido, Satterthwaite señaló que "el nombramiento judicial mediante decreto presidencial sienta un precedente peligroso al politizar los nombramientos, erosionar la transparencia y limitar las vías para el escrutinio y la impugnación públicos”.La relatora de la ONU para temas de independencia judicial enfatizó también que la seguridad de la titularidad judicial podría verse degradada por la naturaleza temporal de los nombramientos por decreto presidencial.“La seguridad en el cargo es crucial para la protección de la independencia judicial, ya que permite a los jueces ejercer sus funciones libres de la amenaza de perder su puesto si sus decisiones no satisfacen a otras ramas del gobierno”, afirmó.Además, puso especial énfasis en que con estos dos nombramientos la Corte pasará a funcionar sin ninguna mujer jueza. “Este retroceso para el país puede suponer una violación del principio de no retroceso en materia de igualdad de género y enviar un mensaje muy negativo a todas las mujeres del país”, aseveró.En su informe de 2024 al Consejo de Derechos Humanos, Satterthwaite advirtió que el aumento indebido del control ejecutivo o legislativo sobre los nombramientos judiciales erosiona la separación de poderes y socava la capacidad de los tribunales para reforzar la rendición de cuentas democrática al garantizar que los poderes políticos del gobierno cumplan con la ley y respeten los derechos humanos.“Argentina debe renovar su compromiso con sus obligaciones internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, defender la independencia del poder judicial y respetar el estado de derecho”, expresó la experta.
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