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» Diariopinion
Fecha: 14/03/2025 14:22
En un hecho que ha sacudido la arena política formoseña, el juez Arturo Cabral, quien hasta hace pocas horas seguía ocupando su cargo, presentó su renuncia tras una ola de impugnaciones y una denuncia penal en su contra. El motivo: haberse postulado como candidato a intendente de Clorinda mientras mantenía una licencia otorgada por el Superior Tribunal de Justicia. La controversia estalló en la reciente sesión de la Cámara de Diputados de la provincia, donde legisladores de la oposición denunciaron que la licencia concedida a Cabral era ilegal, ya que la Constitución Provincial prohíbe a funcionarios judiciales realizar actividades proselitistas, y mucho menos, ser candidatos. El diputado radical Miguel Montoya, fue uno de los más enfáticos en denunciar lo que calificó como "un atropello institucional". La oposición no se quedó de brazos cruzados y presentó una denuncia penal contra Cabral y contra los miembros del Superior Tribunal que avalaron su licencia. Montoya argumentó que se había violado de manera flagrante la división de poderes y que el ahora exjuez utilizó un beneficio que solo corresponde a empleados del Poder Judicial, no a magistrados. El oficialismo, por su parte, minimizó el escándalo. El diputado Rodrigo Vera, del PJ, sostuvo en Radio Uno que la licencia de Cabral estaba respaldada por el Reglamento Interno de la Administración de Justicia y acusó a la oposición de utilizar la "judicialización de la política" como estrategia de campaña. La tensión creció hasta que el Tribunal Electoral Permanente tomó cartas en el asunto y suspendió los plazos de oficialización de candidaturas. En respuesta, Cabral terminó presentando su renuncia al cargo de juez, lo que según la oposición "perfecciona el delito" y refuerza su argumentación sobre la ilegalidad de su candidatura inicial. El caso ha encendido el debate en la provincia y promete seguir dando que hablar en las próximas semanas. Mientras la denuncia penal sigue su curso, la discusión política se mantiene candente, con un interrogante clave: ¿fue un error administrativo o una maniobra calculada del oficialismo para mantener el control en Clorinda? Lo cierto es que el episodio expone, una vez más, las tensiones entre oficialismo y oposición en Formosa y pone sobre la mesa la delicada relación entre la justicia y la política en la provincia.
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