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Concordia » Diario Junio
Fecha: 12/03/2025 21:01
El conflicto laboral en el sector aceitero continúa con particular foco en la empresa Vicentin, donde los trabajadores sostienen la medida de retención de tareas iniciada el día anterior. Esto ocurre en paralelo a la suspensión del paro nacional aceitero, que había sido impulsado por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo. La huelga nacional fue levantada luego de que el Ministerio de Capital Humano dictara la conciliación obligatoria, la cual regirá hasta el 10 de abril. El paro había sido convocado en reclamo de mejoras salariales y en protesta por el incumplimiento de pagos por parte de Vicentin SAIC y la vulneración de derechos laborales en Explora SA Puerto San Martín. La medida amenazaba con impactar en la actividad agroexportadora en plena cosecha de maíz y soja, afectando la carga y descarga de buques en los puertos del país. Pese a la conciliación obligatoria que logró frenar la huelga a nivel nacional, la medida de fuerza sigue vigente en Vicentin. La primera audiencia de conciliación está programada para el próximo lunes, aunque desde los sindicatos no hay expectativas de avances significativos en ese encuentro inicial. Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) calificó la huelga como «desproporcionada y de características ilegales», instando a los sindicatos a retomar las negociaciones y normalizar la actividad industrial. Desde los gremios, en tanto, acusan a CIARA y a las empresas aceiteras de dilatar la negociación paritaria y denuncian acciones en contra de los trabajadores. En el caso de Vicentin, remarcaron la falta de pago de salarios, mientras que en Explora SA se registraron despidos recientes. En un comunicado, los sindicatos recordaron que la propia Vicentin ha manifestado ante la Secretaría de Trabajo que cuenta con contratos vigentes con empresas como Bunge y ACA por los próximos doce años, los cuales garantizarían el pago de costos de producción y salarios. Sin embargo, estos acuerdos aún no han sido operativizados debido al rechazo del acuerdo preventivo de acreedores por parte de la Corte Suprema de Santa Fe y el juez del concurso.
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