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Colon » El Entre Rios
Fecha: 12/03/2025 06:30
El comunicado de la empresa Antecedentes La descarga de ácido sulfúrico en un puerto de Fray Bentos de UPM, en el departamento de Río Negro, volvió a poner la lupa sobre la empresa finlandesa. El incidente —que ocurrió sobre las 17:00 del lunes— hizo que en la mañana del martes las autoridades del Ministerio de Ambiente partieran hacia el lugar, y que horas después anunciaran una auditoría al mismo tiempo que brindaron calma a la población al decir que no se afectó el agua de OSE.Uno de los integrantes de la comisión, Eduardo Brenta (del Frente Amplio), indicó que están en una “línea de que los temas ambientales ocupen un lugar más importante en la agenda que los años anteriores”.A poco de que terminara la legislatura anterior, el entonces subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, pidió al Parlamento que se aprobara una ley que incluya los delitos ambientales en el Código Penal. Es un viejo reclamo que ya se trató en legislaturas anteriores sin que se pudiera llegar a buen puerto. En el periodo anterior, un proyecto se aprobó en el Senado pero quedó sin pronunciamiento de la Cámara de Representantes.Las tres autoridades que concurrieron del Ministerio de Ambiente a Río Negro fueron el ministro de Ambiente, Ortuño, el subsecretario Leonardo Herou y el director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario.Ortuño marcó que una de las preocupaciones de la nueva gestión en el Ministerio de Ambiente es “aumentar los controles”, así como también estar cerca de los temas, la prevención y trabajar junto a la empresa y los operadores. Ante la consulta sobre si se va a sancionar a la empresa, como sucedió en otras oportunidades, respondió: “Vamos a esperar el informe de nuestros técnicos —que están trabajando en el lugar— para dimensionar lo que sucedió. Sobre los antecedentes, efectivamente hay multas pero lo que más nos preocupa es avanzar en la auditoría que dispusimos”.La auditoría que se implementará —según explicó Ortuño— será sobre la instrumentación y funcionamiento del plan de gestión ambiental de operación en el país y los planes de contingencia ante diferentes incidentes.El ministro, además, indicó que queda “evaluar” bien un “goteo puntual” de una válvula —el “derrame quedó acotado al muelle” de UPM—, aunque aclaró que no fue de “entidad” según los “muestreos” de Prefectura y los que hizo la propia empresa. También destacó que OSE actuó de manera rápida al cambiar la toma de agua de la principal hacia la alternativa mientras se determinaba cuál era el impacto del incidente.La empresa UPM informó que "sobre las 17:00 ocurrió un incidente con la descarga del barco de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de UPM Fray Bentos a raíz de una pérdida en la manguera de descarga". Agregó que “la situación fue controlada rápidamente y contenida en el lugar con la brigada propia de la empresa que actuó de acuerdo con los protocolos definidos para estos casos”.Y continuó: “Tanto Prefectura como Bomberos de Fray Bentos al igual que las autoridades ambientales fueron debidamente informadas de la situación que no generó afectaciones al ambiente ni a las personas que trabajaban en el lugar".Desde la sociedad civil, la organización Movus apuntó que, “para analizar seriamente este tema, no alcanza con las declaraciones de la empresa” sino que “debe iniciarse una investigación a fin de conocer los hechos para estimar el impacto ambiental generado por el derrame”. En esa línea, marcó como importante “acceder y revisar los registros de las cámaras de seguridad del área portuaria y las áreas de derrame”.Desde la organización, además, exhortaron a las “autoridades ambientales” a que “revisen y hagan público el manifiesto de carga de la nave, por medio de un balance comparativo de las existencias de esos productos en las bodegas, en los almacenes de la planta de UPM y el volumen efectivamente recogido en las operaciones de limpieza, a fin de determinar fehacientemente la afectación que genera el ácido faltante en la zona afectada, los cursos de agua y los territorios involucrados”.Hubo varios hechos en los últimos años que pusieron a UPM bajo la lupa. Uno de los que más notoriedad tuvo se debió a la contaminación de la cañada y arroyo Santana, en Paysandú, a través de agroquímicos utilizados en un vivero (Ver aparte). Por el hecho —por el que los vecinos reclamaron en reiteradas oportunidades— se le aplicó una multa de US$ 29.979 —700 UR— en enero de 2023.La compañía finlandesa acumula al menos 15 multas y apercibimientos del Ministerio de Ambiente por su segunda planta, ubicada en Durazno. La mayor sanción que recibió la finlandesa asciende a US$ 192.726 —4.500 UR— por el derrame de soda cáustica que sucedió el 16 de agosto de 2023. En una primera instancia habían sido US$ 42.828 —1.000 UR— pero se aumentó porque, entre otros motivos, hubo un informe del Área de Evaluación de Impacto Ambiental donde se concluyó que “hubo una afectación del ecosistema del Arroyo Sauce y, en menor medida, sobre la calidad del agua del Río Negro".El Ministerio, en ese entonces, además argumentó que la empresa incumplió el plan "al realizar en forma inadecuada la comunicación externa del incidente y el control operacional de los valores reportados por el condictivímetro y el sensor de nivel en la pileta de control".De concretarse una multa por el accidente ambiental, sería la cuarta que recibe la empresa desde que empezó a operar. De las dos primeras, una es de US$ 4.282 —100 UR— por la superación en los parámetros de calidad en la descarga y otra de US$ 4.282 —100 UR— por la superación de caudal de efluente instantáneo y diario. A eso se le suma que también recibió un apercibimiento sin multa por la temperatura de descarga de efluentes.Pero eso no es todo dado que el Ministerio de Ambiente multó a la empresa por incumplimientos durante las obras. Totalizan por UPM II 10 multas y un apercibimiento. La más alta durante la construcción de la obra alcanzó los US$ 38.545 —900 UR— por infracciones en la transmisión de datos de monitoreo de la calidad de aguas.A un valor menor, otra de las multas tuvo un valor de US$ 32.121 —750 UR— por falencias en la implementación del Plan General de Monitoreo Ambiental aprobado y las “inconsistencias e inexactitudes constatadas en el informe presentado en el marco de dicho plan, por segunda vez, correspondiente” al trimestre de abril a junio 2021, según supo El País.También se le aplicó una multa de unos US$ 21.414 —500 UR— por iniciar, en su momento, obras de la planta de tratamiento de efluentes sin contar con una autorización correspondiente.Luego recibió cinco multas por US$ 12.848 cada una —300 UR— por diferentes motivos. Una por haber iniciado las obras de construcción de las adecuaciones a la infraestructura vial para el transporte de cargas especiales sin la aprobación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), y otra por incumplir con los estándares de vertido para los parámetros de fósforo total, cloro libre y especies de nitrógeno.Por otra parte, hubo una multa por el vivero Santana en Paysandú, que utilizaba una serie de agroquímicos que después terminaban en las aguas de Guichón. El Ministerio de Ambiente, en la resolución en la que dejó firme la multa, advirtió que “no se admite vertimiento cuando contenga cualquier otra sustancia o elementos, además de los detallados en la reglamentación, que puedan producir directa o indirectamente inconvenientes de cualquier naturaleza en el cuerpo receptor”.Y añadió que “solo dos de los plaguicidas utilizados en el vivero al momento del vertido, se encontraban registrados ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para su uso en esa actividad, por lo que los restantes no estaban en condiciones reglamentarias para ser utilizados en la misma, aunque se encontraran registrados para otros usos”.
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