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» Comercio y Justicia
Fecha: 10/03/2025 10:56
Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe (*) Desde la lógica neoliberal se sostiene que la privatización garantiza que el Estado no pierda dinero en empresas públicas, ya que las empresas privadas aseguran la calidad del servicio y no se tiene que invertir los ingresos de los impuestos en ellas. Se olvidan de recordar que, en 1992, se privatizó la empresa Estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba) y el servicio en la ciudad de Buenos Aires quedó a cargo, hasta el año 2087, de dos sociedades anónimas: Edesur y Edenor. Mas, al respecto cabe referir, como ejemplo de las privatizaciones, que el diario Perfil, respecto a la prestación del servicio eléctrico por esas sociedades anónimas, el pasado jueves 6 sostuvo: “Hubo más de 50 atrapados en ascensores que fueron rescatados por bomberos en la Ciudad, personas electrodependientes que debieron ser asistidas, caos vehicular por falta de semáforos, comercios cerrados, subte con servicio interrumpido, trenes que no salieron, colectivos desbordados y una ola de calor que llevó la temperatura por encima de los 44 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Son algunas de las imágenes que dejó una jornada de martes en la que en un rango de ocho horas hubo dos apagones que dejaron sin electricidad a unos 600.000 usuarios de esa región en cada oportunidad -más de un millón de personas- debido a una falla en dos líneas de alta tensión y que evidenció la fragilidad del sistema eléctrico”. Agregaba la nota periodística que, “en la Secretaría de Energía afirmaron que los cortes tuvieron que ver con ’falta de mantenimiento’ del sistema eléctrico de las empresas”. También, en una nota de Antonio Rossi en el espacio “LetraP”, del pasado jueves 6 afirmó, que el megaapagón fue producto de que “no invierte lo suficiente para mantener las redes y evitar los cortes de luz durante el verano” y agregó: “La auditoría integral que realizó en 2023 el ex interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Walter Martello anticipó los problemas por venir. Javier Milei desestimó las advertencias y aumentó 270% las tarifas, pero las inversiones no aparecen”. Ahora se han autorizado nuevos reajustes de las tarifas, a partir de marzo de este año. Lo referido deja en claro la mentira del razonamiento que sostiene que lo privado es necesariamente mejor. En lo que hace a menos gastos del Estado, hay que recordar que Mauricio Macri, inmediatamente, al asumir como presidente le perdonó a Edenor una deuda de más de $1.229 millones y reajustó en favor de la empresa las tarifas eléctricas en montos altísimos. Uno de los grandes beneficiarios de ello fue el magnate inglés Joseph Lewis, quien se ha apropiado ilegalmente del Lago Escondido, propietario de miles de hectáreas en la Patagonia y, a través de la empresa Pampa Energía, en el año 2016, era el mayor accionista privado de Edenor. En definitiva, a las sociedades anónimas Edesur y Edenor les perdonaron deudas y no les ejecutaron otras; les permitieron cobrar tarifas exorbitantes actualizadas constantemente, no las controlaron debidamente, no invirtieron en mejorar en la infraestructura y el servicio es malo. Mientras tanto, las acciones de las empresas subieron mucho su cotización en la bolsa, tuvieron grandes ganancias y fugaron del país el dinero que ganaron. EPEC no puede ser sociedad anónima Sin tener en cuenta la clara experiencia negativa de las sociedades anónimas Edesur y Edenor, en la provincia de Córdoba el Gobierno pretende que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) Ley 9087 se transforme en una sociedad anónima. Ello fundado, además, en el decreto de necesidad y urgencia 70/23 dictado por el Presidente Javier Milei, que es nulo de nulidad absoluta e insanable (art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional). EPEC es una empresa estatal integrada autárquica que ha acompañado el crecimiento de la demanda de energía en la provincia de Córdoba, genera, transporta y distribuye energía eléctrica que depende del Estado provincial. Ella opera con excelencia y no es deficitaria, por lo que resulta inaceptable e innecesario que se la transforme en una sociedad anónima. Asimismo, EPEC tiene por objetivo satisfacer el interés público sobre el interés privado, lo que lleva a una mayor inversión en infraestructura y servicios que benefician a la comunidad, puede ayudar a generar polos productivos con más fuentes de trabajo abaratando la electricidad y especialmente, fijar tarifas especiales para los sectores más vulnerables de la población. Además, al ser pública, debe ser transparente y puede ser controlada en tiempo propio, para que no pase lo que está sucediendo con las sociedades anónimas como Edesur y Edenor. A su vez, el hecho de que el gobernador Martín Llaryora diga que todas las acciones de la sociedad anónima quedan en manos de la Provincia no es garantía que ello sea siempre así, ya que, siendo una empresa comercial, después puede desprenderse de acciones, con la excusa de capitalizarse. Hay que recordar que se nos dijo en la privatización de YPF que quedaron acciones en el Estado y una acción dorada (golden share). De esta última se afirmaba que le daba un poder de veto especial para evitar tomas hostiles o copamientos contrarios a los intereses del país. Luego, Carlos Menem vendió hasta la acción dorada. Un pueblo de pie en defensa La empresa de electricidad estatal e integral cordobesa debemos defenderla como tal y, en ello, no permitir que se la privatice con estructura de sociedad anónima comercial. Rescatemos los pueblos que defendieron su derecho a la electricidad en dignidad, como el de Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires. En esa localidad, la prestación de la electricidad estaba a cargo de la “Ítalo”, empresa privada ésta, que brindaba un servicio malo y costoso. Un grupo de vecinos, en 1926, asumió el desafío de darse el servicio básico de electricidad aportando cada uno, lo que llevó al nacimiento de la primera cooperativa eléctrica del país. La empresa Ítalo, como represalia, le cortó el servicio a Nicoliche, uno de los impulsores de la idea. Luego de la queja del pueblo, tuvo que reponerle la prestación eléctrica. La Cooperativa Eléctrica Punta Alta, (CEPA), en 1927, comenzó a brindar el servicio y cobraba la mitad de la tarifa que aplicaba la empresa privada extranjera, además, suprimió los pagos que se exigían extras por consumo mínimo y por alquiler de medidor. La Ítalo, enterada que los industriales panaderos apoyaban con fuerza la idea cooperativa, armó una panadería, en la que regalaban el pan, para perjudicar económicamente a los panaderos. Lo épico de la mentalidad comunitaria fue que las personas siguieron comprando el pan en las panaderías existentes y no retiraban el pan gratis que les ofrecía la Ítalo. Esperemos no tener que llegar en Córdoba a actitudes épicas como las del pueblo de Punta Alta, pero debemos tener firmeza en defender a EPEC como empresa estatal pública e integral. Ello garantiza dignidad en el acceso a la electricidad, que es un derecho humano esencial. El gremio de Luz y Fuerza Córdoba, comprometido con los intereses colectivos de todos y todas, ha entablado un amparo judicial en contra de la constitución en sociedad anónima de EPEC. (*) Abogado constitucionalista cordobés apoderado en la acción de amparo y periodista de opinión
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