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» Diario Cordoba
Fecha: 08/03/2025 11:23
La profesora de Baena Berta Guijarro no imaginaba que su vida cambiaría tanto a partir del 25 de febrero de 2021, jornada en la que se vacunó frente al covid, recibiendo en su caso, como buena parte de los profesionales esenciales, la vacuna de Astrazéneca. El 16 de marzo de ese año tuvo que quedarse ingresada porque padeció un efecto secundario grave, trombosis cerebral del seno venoso izquierdo, y una neuritis óptica. Cuatro años después Berta señala que sigue sufriendo a diario fuertes dolores de cabeza y de ojo, déficit de visión, niebla mental, falta de concentración e imposibilidad de leer más de 5 o 10 segundos seguidos, fatiga crónica (encefalomielitis miálgica), mareos, caídas y dolores musculares que van en aumento. Además, le diagnosticaron un tumor (adenoma de hipófisis), que agrava más sus dolores de cabeza. Esta profesora forma parte de la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca (Ateava), colectivo integrado por otros trabajadores esenciales de Córdoba y España que recibieron igualmente esta vacuna en 2021 y que desde entonces padecen problemas de salud bastante incapacitantes. Berta Gijarro, durante una sesión de fisioterapia. / CÓRDOBA Vacuna que dejó de administrarse Berta Guijarro recuerda que «la vacuna que en aquel momento nos asignaron a ciertos colectivos profesionales fue paralizada en España tras el dictamen cautelar de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) por notificaciones de trombosis en pacientes vacunados. Por eso, quienes se vacunaron inicialmente con aquella vacuna continuaron la pauta vacunal con dosis de Pfizer o Moderna». En mayo de 2024 un periódico británico publicó que Astrazéneca había admitido por primera vez que su vacuna contra el covid-19 puede provocar efectos secundarios como trombosis en «casos muy raros», en un documento presentado ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, órgano que estaba enjuiciando una demanda de 51 víctimas y familiares que reclamaban a AstraZeneca 100 millones de libras por daños y prejuicios por los efectos de la vacuna. Administración «no voluntaria» Berta Guijarro sostiene que «en nuestro caso la vacunación frente al covid no fue voluntaria, como sí ocurrió para el resto de población, pues al ser profesionales esenciales teníamos que dar ejemplo y vacunarnos. En mi caso y en el de otros muchos, nos vacunamos en horario de trabajo, en un día y hora que nos fijaron en un calendario». Guijarro lamenta que a día de hoy «políticos y médicos nos tienen olvidados». Denuncia que se quiere obligar a volver al trabajo a profesionales, algunos en silla de ruedas, que no pueden aguantar ni una cuarta parte de su jornada laboral anterior. «Muchos compañeros están teniendo que recurrir a la justicia para que les reconozcan la incapacidad laboral, pues se percibe mucho menos cuando se está de baja por enfermedad común, cuando en realidad todos quisiéramos estar bien y volver a nuestro trabajo», relata. Reunión de integrantes de Ateava con el Ministerio de Sanidad. / CÓRDOBA «A otros profesionales los han expulsado de su compañía médica. Por otro lado, tras la reunión de Ateava con la Fiscalía General del Estado no ha habido avances, ni tampoco después de crearse una comisión sobre vacunas en el Congreso de los Diputados. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (que tendría que reconocer el origen laboral de nuestras dolencias) no nos recibe, pero nuestros dolores no son imaginarios, como afirman algunos médicos, lo que nos obliga muchas veces a abonar de forma privada pruebas y rehabilitación», critica. Por otro lado, Berta Guijarro se queja de que los afectados como ella por la vacuna no se han incluido en la proposición no de ley acordada el pasado año en el Congreso para atender a los pacientes con covid persistentes, a pesar de padecer problemas comunes. Suscríbete para seguir leyendo
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