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» Comercio y Justicia
Fecha: 06/03/2025 13:15
Luego de que el presidente Javier Milei insistiera en la necesidad de implementar un paquete de medidas de corte punitivista, la titular de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado de la Cámara de Diputados, puso en marcha una intensa agenda de trabajo. El primer punto será la discusión sobre la reducción de la edad de imputabilidad, que comenzará el miércoles 12 con un plenario de comisiones. La diputada cordobesa del PRO, cercana a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, convocará a un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto para debatir una reforma del Régimen Penal Juvenil. La iniciativa busca actualizar la normativa vigente y definir nuevas sanciones para los menores que cometan delitos. El proyecto impulsado por el Gobierno, presentado en junio del año pasado por Bullrich y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, propone reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. Sin embargo, existen otras 12 iniciativas con estado parlamentario impulsadas por legisladores de distintos bloques políticos. El debate resurge en medio de la conmoción por el asesinato de Kim en La Plata, perpetrado por dos adolescentes, y otros crímenes recientes que reavivaron la discusión sobre la delincuencia juvenil. En agosto del año pasado, las comisiones legislativas habían recibido a especialistas y funcionarios, pero la falta de acuerdos impidió avanzar en la firma de dictámenes. La presión de la Casa Rosada, sumada al enfrentamiento político entre Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof en torno a la inseguridad, puso nuevamente el tema en el centro de la agenda legislativa. Si bien la baja en la edad de imputabilidad es el eje central de la discusión, la reforma del Régimen Penal Juvenil abarca otros aspectos clave. Entre ellos, se analiza qué delitos serían punibles para los menores, qué tipo de penas se aplicarían, qué castigos alternativos se contemplarían y qué medidas de resocialización deberían incluirse para evitar la reincidencia delictiva. El proyecto oficial propone sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto con la víctima, restricciones para salir del país o conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios comunitarios. También se contempla la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de reinserción social. En cuanto a las penas privativas de libertad, la iniciativa establece que no se podrá imponer a los menores condenas de reclusión perpetua, fijando un máximo de 20 años de prisión, incluso en casos de delitos graves con concurrencia de hechos. Además, prevé la revisión de la pena cuando se hayan cumplido dos tercios de la condena, permitiendo el cumplimiento del resto en el domicilio del menor. Rodríguez Machado destacó en recientes declaraciones radiales que la reforma “no solo implica modificar la edad de imputabilidad, sino también establecer medidas alternativas para evitar que los menores reincidan en el delito”. Asimismo, subrayó que en el debate participarán 113 legisladores, lo que representa casi la mitad de la Cámara de Diputados.
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