06/03/2025 10:05
06/03/2025 10:05
06/03/2025 10:05
06/03/2025 10:04
06/03/2025 10:03
06/03/2025 10:03
06/03/2025 10:03
06/03/2025 10:03
06/03/2025 10:02
06/03/2025 10:01
» Radiosudamericana
Fecha: 06/03/2025 06:05
Miércoles 05 de Marzo de 2025 - Actualizada a las: 19:52hs. del 05-03-2025 ECONOMÍA El Gobierno dispuso hoy por decreto que los convenios colectivos de trabajo no podrán imponer aportes en beneficio de cámaras. Esas cargas podrán existir solo en los casos en los que sean aceptadas voluntariamente por los afiliados. "Lo que nos encontramos fue una falta total de transparencia y un negocio encubierto" dijo Marcela Pagano diputadan de La Libertad Avanza en diálogo con Radio Sudamericana. La diputada Marcela Pagano, de La Libertad Avanza, dialogó con Radio Sudamericana sobre la reciente publicación en el boletín oficial de un proyecto de su autoría que cambia la obligatoriedad de los aportes mensuales al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Este aporte, que durante 15 años fue obligatorio para las empresas, se convirtió en una carga para muchos empresarios, quienes, según Pagano, se vieron obligados a financiar un sistema que muchas veces no cumplía con su propósito: la capacitación de los empleados. "Desde el año pasado, mi equipo y yo venimos trabajando en esta iniciativa, ya que creemos que muchos empresarios deben hacer frente a costos ocultos que, en última instancia, son trasladados a los consumidores. Esto no es justo", afirmó. La diputada explicó que el sistema de aportes era compulsivo y no tenía control, ya que no siempre se destinaba a la capacitación de los empleados. "Lo que sucedía es que muchas veces el empleado no tomaba ninguna capacitación, o incluso por todo un año no recibía ninguna formación", comentó. El problema, según la diputada, no solo radicaba en la obligatoriedad del aporte, sino también en la administración de los fondos. "Ese dinero era administrado por las cámaras empresarias, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que no respondían cuando solicitábamos información sobre cómo se gestionaba. Nos decían que no teníamos derecho a saber qué hacían con los fondos", explicó . "Lo que nos encontramos fue una falta total de transparencia y un negocio encubierto. Los empresarios se veían obligados a aportar 5.000 pesos por empleado al mes por ejemplo, lo que significaba una recaudación anual de alrededor de 70.000 millones de pesos", detalló. Esto, en un contexto donde cerca de 1.200.000 empleados registrados. Pagano destacó que la medida no solo es un paso en la lucha contra los costos compulsivos que enfrentan los empresarios, sino también una oportunidad para fomentar una Argentina donde la elección personal sea clave. "Nosotros creemos en una Argentina libre, donde las cosas no deben ser obligatorias, sino que cada uno debería tener la opción de elegir", afirmó la diputada. En cuanto a los fondos recaudados a través de este sistema, Pagano dejó en claro sus sospechas. "Creo que hay una vinculación con la política. No tengo los elementos suficientes para denunciar casos específicos, pero es obvio que estos sistemas de financiamiento se usan para fines que no son transparentes", señaló. La diputada explicó que, durante años, los empresarios habían solicitado la eliminación de esta obligatoriedad, pero nunca fueron escuchados. "Es lógico pensar que algo extraño está pasando cuando se ignoran tantos reclamos", dijo. También se refirió a otros temas en los que está trabajando, como la regulación de las comisiones inmobiliarias y la revisión de los colegios profesionales, donde muchos profesionales sienten que están siendo obligados a pagar membresías sin recibir beneficios a cambio. "Creo que la libertad de elegir debería ser un derecho para todos", concluyó. Con este proyecto, la diputada de Libertad Avanza busca poner fin a lo que considera una "traba burocrática" que solo ha generado costos innecesarios y falta de transparencia.
Ver noticia original
.png)
 (300 x 300 px).gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por