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Parana » Inventario22
Fecha: 28/02/2025 14:15
Cuando Alejandro Cytrynbaum, el secretario general de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), leyó el anexo de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se sintió "insultado". "Lo primero que pensé fue: no merecemos recibir un cachetazo así”, le dice a Página/12. Términos como "idiota", "débil mental", "imbécil" y "retardado" figuraron en el Boletín Oficial de la Nación para calificar a las personas con discapacidad intelectual. "Todavía no salgo de la incredulidad. Son insultos gratuitos, pero sobre todo son expresiones vetustas, que dejaron de utilizarse hace más de 70 años, lo que demuestra la brutalidad de los funcionarios que nos gobiernan", agrega Alejandro. A partir del repudio generalizado de las organizaciones del colectivo, el Gobierno reconoció la publicación del documento como un "error" derivado de su desconocimiento del uso adecuado de la terminología, y anunció que modifacará su contenido. Discriminación en el Boletín Oficial La resolución de la ANDIS que desató el escándalo fue publicada el 16 de enero de este año y tenía como objetivo enduerecer los requisitos para el acceso a las pensiones no contributivas. Los términos "idiota", "imbécil" y "débil mental" figuran en su anexo, en el que se describen los distintos grados de discapacidad intelectual de una persona, a fin de clasificarlos y establecer, de esa forma, un supuesto criterio médico para determinar quién debe percibir el beneficio y quien no. En el documento figuraban oraciones textuales como las siguientes: * “Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota): no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…”, * “30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias..” * “50-60 (débil mental profundo): solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias” * ”RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual”. Pero el problema fue que los términos que se utilizan fueron dejados en desuso hace más de 70 años. El Gobierno tenía dos bibliotecas a mano para redactar la resolución: la bibliografía de principios del siglo pasado o el último Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) que actualiza periódicamente la American Psychiatric Association, con el aporte de especialistas en la materia de todo el mundo. La última actualización de ese manual data de 2013 y por supuesto que rechaza el uso de palabras como "idiota". Que el Gobierno haya optado por la primera opción tiene sentido: el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo llegó a dirigir el organismo sin ningún tipo de preparación ni antecedentes profesionales en la materia. Salvo por un detalle (típico de “casta”): representó a Javier Milei en algunas causas judiciales antes que llegara a la Rosada, lo que le valió un vínculo de amistad con el ahora Presidente. Como chivo expiatorio, en la ANDIS optaron por mandar a la guillotina a una funcionaria de segundo rango, Miriam Améndola, a quien responsabilizaron por la redacción de la norma pese a que aún no había asumido formalmente en el cargo que le tenían asignado. También señalaron a una funcionaria saliente, Tatiana Alvarado, como la culpable. Pero lo cierto es que quien firmó la resolución fue el propio Spagnuolo. Los empleados de ANDIS tienen pánico: en el organismo se vio afectado durante todo el año pasado por un proceso de despidos, más de 160, que incluyo a personal con más de 20 años de antigüedad y también... a personas con discapacidad. Los antecedentes Antes del escándalo, ya habían aparecido algunos antecedentes. A mediados del año pasado, Milei y su ministro desregulación Federico Sturzenegger restablecieron la vigencia de un decreto del menemismo (el 432/97) como primer paso para endurecer las condiciones para acceder a una pensión. Con esa medida, el Gobierno ya había reincorporado la palabra “invalidez” para describir a la discapacidad en general, término que también había quedado obsoleto desde 2008, cuando el país adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, que a su vez había introducido una concepción social y basada en los derechos humanos del colectivo. Las organizaciones del colectivo, además, habían llamado la atención sobre dichos discriminatorios en boca del Presidente. Hace un año, Milei había utilizado la palabra "down" para insultar al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. En octubre, durante una entrevista que le realizó "Yuyito" González, utilizó los términos “minusválidos” y “problema mental” de forma despectiva para referirse "a la izquierda", o sea, a los "zurdos de mierda", como los suele llamar. "Estas palabras, especialmente cuando provienen de una figura de tan alta responsabilidad, refuerzan miradas obsoletas y excluyentes que perpetúan el estigma y la exclusión hacia personas con discapacidad, sujetos de derechos que merecen un trato digno y respetuoso", habían advertido desde ASDRA. Para Ana Dones, referenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), lo que están viviendo “es un retroceso sin precedentes en materia de derechos". Los insultos en el Boletín Oficial, le dijo a este diario, "grafican lo que los funcionarios libertarios están haciendo con nuestro colectivo: nos ajustan y nos persiguen”. El ajuste en las pensiones como trasfondo Tal como adelantó en su momento Página/12, en el proyecto de presupuesto 2025 que llegó a presentar el Gobierno se preveía un recorte de al menos 200 mil pensiones con discapacidad para este año. Ese dato aparecía en el proyecto de ley incluso antes que el titular de ANDIS anunciara la puesta en marcha de una auditoría sobre un millón de pensiones en todo el país, en búsqueda de supuestas irregularidades. En ese marco, como contó este diario, miles de personas con discapacidad recibieron en los últimos meses cartas documento enviadas por el Estado a sus domicilios --incluso a algunos que duermen en el Hospital Borda-- con una citación: se les pide que acudan a la sede de ANDIS en Congreso para revalidar sus exámenes médicos y su derecho a percibir el beneficio. La resolución que desató el escándalo se inscribe en esa trama: buscaba establecer el nuevo "baremo" (medición) de los grados de discapacidad para circunscribir el cobro del beneficio (a febrero de este año son 261 mil pesos). En el pedido de disculpas, el Gobierno reconoce un "error", derivado "del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta". Pero sostiene que el resto de la resolución, que esconde un mayor ajuste en las pensiones, seguirá igual que como vio la luz. Según ANDIS, la Resolución 187/2025 y su anexo "serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales". "Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación", dice el comunicado. Por eso, el pedido de disculpas tuvo sabor a poco para las organizaciones. "El problema de fondo es el ajuste en las pensiones. El Gobierno se agarra de supuestas irregularidades para barrer con un derecho. Las pensiones son importantes como complemento del trabajo de las personas con discapacidad, que necesitan determinados apoyos para superar barreras. Si no cambian el baremo, no hay disculpas posibles", añade Cytrynbaum. "El daño está hecho pero pudimos, desde las organizaciones del colectivo, pelear para que se reconozca a las personas con discapacidad como lo que son: ante todo, personas", concluye.
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