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Concordia » Hora Digital
Fecha: 27/02/2025 19:40
Diputados de la provincia de Entre Ríos expresan su desaprobación ante la reducción y desmantelamiento de programas nacionales destinados a combatir el cáncer. Un proyecto de declaración rechazó enérgicamente las acciones tomadas respecto al Programa de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, que incluyen su desmantelamiento, suspensión de compras de opioides (morfina y metadona) para pacientes con cáncer y despidos de parte del equipo de trabajo. Se enfatizó que esta situación resulta en una clara negligencia hacia los derechos humanos de los enfermos. Los diputados del partido justicialista presentaron esta propuesta el martes, expresando su repudio ante las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional en relación al Programa de Cuidados Paliativos y el Instituto Nacional del Cáncer. Criticaron la desfinanciación y eliminación de organismos gubernamentales, evidenciando una postura deshumanizada que afecta a los más vulnerables. La autora del proyecto, Laura Stratta, especificó que el desmantelamiento implica la suspensión de compras de opioides utilizados en el tratamiento del cáncer, así como despidos en el equipo del programa, lo cual representa una clara desatención hacia los derechos humanos de los pacientes. Stratta fue respaldada por sus colegas Lorena Arrozogaray, Silvia Ávila, Enrique Cresto, Silvia Moreno, Yari Seyler y Andrea Zoff. Los legisladores subrayaron la importancia de rechazar medidas que ponen en riesgo la salud de la población y debilitan la capacidad del Estado de cumplir con su función. Exigieron la reversión de despidos, fortalecimiento de áreas críticas y participación en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un sistema de salud público, gratuito y de calidad. En relación a la suspensión de medicamentos oncológicos desde 2024, la Federación de Profesionales de la Salud denunció cientos de afectados debido a la falta de respuesta de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). También alertaron sobre la grave afectación del Ministerio de Salud de la Nación por decisiones recientes que comprometen la continuidad de programas esenciales. Entre las medidas criticadas, se mencionó la realización de 180 despidos, incluyendo personal clave en áreas como VIH, tuberculosis, lepra y vacunación, lo cual ha puesto en riesgo la salud pública y el control de enfermedades graves. Los diputados justicialistas mostraron preocupación por la salida de la OMS y su impacto en la salud pública a nivel global, remarcando la importancia de la colaboración y apoyo técnico que se pierden con esta decisión. En este contexto, se destacó que el desmantelamiento progresivo de las políticas de salud está teniendo consecuencias negativas para la sociedad, al limitar el acceso y calidad de la atención sanitaria para todos los ciudadanos. Finalmente, se señaló en el proyecto que la salud es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar para todos los ciudadanos, resaltando que las decisiones actuales en el Ministerio de Salud van en contra de este principio y afectan especialmente a los más vulnerables.
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