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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 26/02/2025 16:59
La sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario autorizó a la Unidad de Información Financiera (UIF) a participar como querellante en la causa judicial contra la red financiera ilegal operada por Yamil Benavídez, oriundo de Diamante. La organización, conocida como “La Rosadita”, funcionaba desde un lujoso departamento en el Complejo Amarras Center de Santa Fe y está acusada de intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y otros delitos económicos. Yamil Benavídez, alias “Turco”, es el principal imputado en el caso. Con una trayectoria política en la UCR de Diamante y Santa Fe, Benavídez ocupó cargos públicos durante la gestión del exintendente José Corral. Sin embargo, su carrera dio un giro oscuro al vincularse con actividades ilícitas. En febrero, el juez federal Carlos Vera Barros le concedió prisión domiciliaria bajo una fianza de al menos $900 millones, acusado de delitos como falsificación de tarjetas de débito y lavado de activos agravado. La investigación reveló que la cueva financiera operó desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2023, cuando un allanamiento en el departamento de Benavídez puso fin a sus actividades. Durante la intervención, se incautaron más de 45 millones de pesos, divisas extranjeras y 39 tarjetas de débito a nombre de personas vulnerables, cuyas cuentas eran utilizadas para operaciones ilegales de compra y venta de dólares. Además de Benavídez, otras cinco personas están implicadas en el caso, incluyendo a su expareja y contadora, María Laura Miassi, y su primo Juan Emilio Gastaldo, también de Diamante. Según la acusación, cada uno desempeñó roles específicos en la red, que incluía actividades de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central y lavado de dinero. Carlos Raúl Quartucci, socio de la Consultora La Resistencia, también fue señalado como cómplice en las maniobras ilícitas. El fiscal federal Rodríguez, junto a los fiscales coadyuvantes Diego Orzuza Kock y Milagros Traverso, concluyó la investigación en octubre de 2024 y solicitó la elevación a juicio. El caso, que comenzó con una denuncia por retención de bienes, terminó exponiendo una compleja trama de delitos financieros que involucraba a figuras con antecedentes políticos y profesionales. Ahora, con la UIF como querellante, se espera que el proceso judicial avance con mayor rigor en la búsqueda de justicia. Noticia vista: 285
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