25/02/2025 14:54
25/02/2025 14:53
25/02/2025 14:53
25/02/2025 14:52
25/02/2025 14:52
25/02/2025 14:51
25/02/2025 14:50
25/02/2025 14:50
25/02/2025 14:50
25/02/2025 14:50
» El siglo web
Fecha: 25/02/2025 12:38
Bajo el liderazgo indiscutido del actual ministro del interior de la provincia y ex-intendente bandeño por 2 periodos Dario Monteros, su familia creció políticamente a tal punto de que su esposa Gladys Medina ocupa una banca en la Camara de Diputados de la Nación y pudo instalar en el sillón de intendenta de Banda del Rio Sali a su hijo Gonzalo. El duro golpe que la Unidad de Información Financiera (UIF) dio a la familia Monteros con la denuncia de un desfalco multimillonario en la Municipalidad de Banda del Río Salí, que actualmente administra Gonzalo Monteros, y que alcanza la exorbitante suma de $ 17.000.000.000.- .Fuera de la especulaciones políticas por las cercanas elecciones, pone en el centro de la escena los desmanejos y desprolijades para la administración de los fondos públicos, que en caso de Banda del Rio Salí saltan a la vista que no se aplicaron para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que todavía padecen en muchos barrios como La Milagrosa la falta de agua potable, tampoco se usaron los fondos para contralor la contaminación que sufre Banda del Rió Sali, ni para la promoción e instalación de nuevas industrias o empresas de servicios que den trabajo a los bandeños, muchos menos se ayuda a los emprendedores ni a las Pymes de la Banda. ¿ Entonces que se hizo con los $ 17.000.000.000.- ?, según el intendente Gonzalo Monteros dice tener toda la documentación que avala en que se gasto, entonces porque esa documentación no se presento oportunamente evitando esta investigación de la Unidad de Información Financiera. Hoy mas que nunca la sociedad exige que los gastos realizados por los funcionarios públicos sean transparentes, claros y en tiempo y forma. La familia Monteros tiene una oportunidad única de mostrar de forma inmediata la documentación que dice avalan los gastos, de no hacerlo crearan mas dudas que certezas. También la justicia tucumana y federal deberían investigar el crecimiento patrimonial de los funcionarios y su entorno en el periodo que marca la denuncia a fin de deslindar responsabilidades. Juan Rivadeneira Editor Continue Reading
Ver noticia original