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» Comercio y Justicia
Fecha: 25/02/2025 12:04
Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia Días pasados, en Barrio General Mosconi, un grupo de vecinos, aprehendió a un delincuente, atándolo a un árbol a la espera de que venga la policía para ponerlo a su disposición. Este hecho, que se suma a otros tantos casos de ciudadanos que se enfrentan a delincuentes -en algunos casos excediéndose en el uso de la fuerza-, ha generado fuertes controversias públicas, entre quienes están de acuerdo con lo que hicieron los vecinos y quienes no. Por un lado, el fiscal interviniente en la causa, avalo el accionar de los mismos, afirmando a La Voz del Interior que: “Lo que hicieron esos vecinos de atrapar a ese ladrón fue absolutamente legal. Todo fue dentro de los márgenes de la ley. No hay nada para repudiar o para actuar judicialmente en contra de ellos. Fue una aprehensión civil o privada que siguió los lineamientos que estipula la ley”, agregando que: “Es muy bueno y saludable que los vecinos sean solidarios con una víctima de un delito. Mucha gente en las calles ve, por ejemplo, que están asaltando a una embarazada y sigue de largo… No puede ser. Está bien ser solidario y ayudar”. Por otro lado, y ante el mismo medio ministro de seguridad, rechazo este tipo de conductas afirmando que: “De ninguna manera desde este Ministerio de Seguridad promovemos ni la aprehensión civil ni ninguna modalidad de justicia por mano propia, porque es un riesgo para el propio vecino que se expone a una situación de alto riesgo, dado el nivel de violencia que vemos en la calle, y sin descontar la alta presencia de armas de fuego en hechos delictivos”. Entendemos que la razón asiste a las dos partes, dependiendo desde que lugar se mire el objeto de la polémica. Si lo vemos desde este hecho puntual y desde la estricta legalidad, la razón le asiste al fiscal porque la posibilidad de que “civiles” detengan a un delincuente está previsto en el artículo 279 del Código Procesal Penal de Córdoba, siempre que se de en una situación de flagrancia. En donde hay que darle la derecha al ministro es en que estas situaciones no se deben generalizar, por el contrario, hay que desalentarlas. Justamente, para evitar venganzas y asegurar la integridad física de los ciudadanos, -quienes no están preparados para estos menesteres- el cuidado y la protección de los ciudadanos se reserva a las fuerzas estatales. Sirva como ejemplo el lamentable hecho sucedido mientras escribimos esta columna en Barrio Miralta, donde una persona de 74 años fue apuñalada cuando intentaba ayudar a un vecino que estaba siendo asaltado. Recordemos, además, el caso de los vecinos de nuestra Ciudad que luego de detener y retener a un sujeto que acababa de delinquir, antes de que llegue la policía, fueron agredidos con palos y bajo amenazas por allegados del delincuente, que fueron a su rescate. De más está decir que estas cosas, dado el enorme peligro que implican para quienes redujeron al delincuente, no pueden suceder. Es más que sabido que una de las funciones propias del Estado es la de brindarle seguridad a quienes en él habitan, por lo que si bien la ley faculta a los ciudadanos de a pie a aprender a un delincuente, esto debe ser la excepción y no una regla. De allí que digamos que no es deseable fomentar estas prácticas. Se trata de una última ratio, en supuestos en que no queda otra, consideración que para nada va en contra del derecho a la legítima defensa de quien está siendo objeto de un ataque, cuando no existe otra posibilidad de resguardarse. Decimos esto porque el grave problema de inseguridad que nos toca vivir, ha puesto en evidencia las enormes dificultades que tienen las instituciones públicas para brindar una respuesta adecuada al mismo; lo que se generado en una suerte de “privatización” de la seguridad, que se ve reflejada en la multiplicación de las Alarmas comunitarias y particulares, colocación de rejas, cámaras de seguridad, contratación de servicios de guardias privados, organizaciones de vecinos para protegerse entre sí, etc. No dudamos del esfuerzo que hacen las autoridades para luchar contra la inseguridad. Pero tampoco dudamos que los resultados no son los que la ciudadanía espera. Aspiramos a que de una vez por todas se encuentre el camino en ese sentido. ¿Tal vez haga falta más pragmatismo y menos ideologización. Más consideración técnica y menos espectacularidad. Puede que se haya dado un paso en este sentido con la creación -por resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación-, del Comando Unificado Córdoba, creado con el objetivo de trabajar conjuntamente Nación y Provincia, para reforzar las estrategias de prevención y control del delito. Deseamos que así sea, ya que no solo no nos corresponde a los ciudadanos ocuparnos de la seguridad pública, si no que tampoco es justo que tengamos que vivir bajo rejas, alarmas, cámaras particulares, o esperando que aparezca buen samaritano con aires de Harry el sucio para que nos proteja cada vez que nos encontramos en peligro. (*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
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