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» Diario Cordoba
Fecha: 20/02/2025 17:37
La Audiencia provincial de Córdoba juzgará el próximo 18 de septiembre a David Dorado, exconcejal de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba, por un presunto delito de prevaricación que habría sido cometido en la contratación de sistemas de seguridad para colegios públicos y edificios municipales durante los años de pandemia. En este procedimiento, el Ministerio Fiscal ha solicitado que se le inhabilite para empleo o cargo público durante 12 años. La investigación de los hechos ha sido desarrollada por el juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba en el marco del caso Infraestructuras. Precisamente, en los últimos días se ha conocido que David Dorado ha quedado fuera del procesamiento en la causa matriz, seguida por Instrucción 4, donde se han investigado supuestas irregularidades en la contratación de esta área municipal. El proceso continúa para la excoordinadora de Infraestructuras, tres empresarios y el jefe del área, a los que se atribuyen supuestos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial. Un contrato irregular y fraccionamientos En cuanto a las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de sistemas anti intrusión para colegios públicos y edificios municipales, el fiscal indica que David Dorado habría contratado los servicios de una empresa careciendo de competencias para ello, sin seguir los cauces regulares y cuando ya existía un acuerdo para que otra firma los desarrollase. Además, se habrían fraccionado los pagos. De esta forma, relata que la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba aprobó un expediente de contratación relativo al servicio de mantenimiento de diversas instalaciones contra intrusión en colegios públicos y edificios municipales. El servicio fue adjudicado por decreto a una empresa. Además, a la licitación concurrió otra sociedad cuya propuesta fue desestimada. El contrato tenía una duración inicial de un año y podía ser prorrogado durante un año más. Así las cosas, se acordó la prórroga durante un año y se propuso la continuidad obligatoria por siete meses, una decisión que fue firmada por el jefe de mantenimiento de edificios y colegios, y la coordinadora general de Infraestructuras con la conformidad de David Dorado como concejal del área, y con la aceptación de la empresa adjudicataria. Sin embargo, posteriormente se remitió al departamento de contratación un escrito firmado por la coordinadora desistiendo de la continuidad y el barrado de los documentos contables acompañados a la solicitud, porque "no responden a las necesidades de financiación del nuevo contrato que se está tramitando actualmente, a efectos de poder disponer de crédito presupuestario necesario (...)". El jefe de mantenimiento de edificios y colegios, la coordinadora de Infraestructuras y el acusado firmaron una memoria justificativa relativa a la contratación del servicio de mantenimiento de instalaciones contra la intrusión, que fue remitida a la unidad de contratación. Esta inició el expediente y requirió al órgano gestor para que subsanara deficiencias detectadas en la memoria y pliegos técnicos, por lo que el procedimiento quedó paralizado sin tramitar. Contrato sin expediente A pesar de ello, David Dorado, "sin constar informe favorable al respecto ni tramitación alguna de expediente", firmó con la empresa cuya propuesta se había desestimado inicialmente un contrato para la prestación del servicio de instalación y o mantenimiento con conexión a central receptora de alarmas para los colegios públicos y edificios municipales del Ayuntamiento de Córdoba, por periodos mensuales prorrogables, figurando como precio 16,33 euros mensuales por centro más IVA. El objeto del contrato era la instalación del sistema anti intrusión, la instalación del sistema CCTV, el mantenimiento preventivo y correctivo, la disponibilidad de asistencia técnica 24 horas y la puesta en marcha de la instalación, explotación de centrales de alarmas y verificación de alarmas por imagen o CCTV. Firmó "al margen del procedimiento" El Ministerio Público entiende que David Dorado, "en su condición de concejal, sin ostentar competencias en materia de contratación, al margen del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema de contratación pública para la adjudicación", firmó un contrato con una empresa "cuando ya existía un contrato anterior para la prestación de idénticos servicios, que fue adjudicado tras la tramitación de un procedimiento de contratación pública, que fue prorrogado y cuya continuación obligatoria del servicio se llegó a iniciar". En opinión del fiscal, esto "hubiera servido para que el servicio se continuara prestando, sin causar perjuicio al interés general, hasta la tramitación y adjudicación de un nuevo contrato". Facturas inferiores a 3.000 euros El escrito de conclusiones provisionales detalla, asimismo, que las facturas se tramitaron y trataron de forma individualizada. "Al ser inferior a 3.000 euros, no se exigió justificar procedimiento alguno más que la conformidad del servicio para efectuar su pago". Añade que, "para dicho fin, se presentaban mensualmente dos facturas distintas, una por la conexión a la central de alarmas y otra por el mantenimiento correctivo de edificios municipales, cuando en realidad correspondían a un mismo servicio, fraccionando así su importe en dos facturas por cuantía inferior a 3.000 euros".
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