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Parana » ER 24
Fecha: 20/02/2025 13:50
ROSARIO ROMERO BLINDADA: EL FISCAL BADANO GARANTIZA QUE LA OPERADORA JUDICIAL Nº 1 NO DECLARE EN LA CAUSA COIMAS La audiencia reciente en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dejó en evidencia lo que muchos ya sospechaban: en la causa de coimas, la justicia sigue protegiendo a los operadores políticos del poder. Mientras que el Ministerio Público Fiscal insistió en el testimonio de 86 testigos, entre los que se encuentra Edgardo Kueider, sorprendentemente se dejó afuera a dos nombres clave: la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el exministro de Hacienda, Hugo Ballay. El responsable de este blindaje no es otro que el fiscal Gonzalo Badano, quien, en un juego de conveniencias políticas, aseguró que Romero, una de las principales operadoras judiciales del peronismo entrerriano, no tuviera que dar explicaciones en un juicio que puede destapar una de las tramas de corrupción más escandalosas de la provincia. La impunidad sigue garantizada para quienes manejan los hilos del poder. Un acuerdo a medida de los poderosos La investigación, que inicialmente contemplaba la declaración de 131 testigos, fue reducida a 86 tras un acuerdo entre los fiscales y las defensas. Sin embargo, el verdadero ajuste no pasó por cuestiones técnicas ni por la relevancia de los testimonios, sino por una selección que pareciera responder a criterios políticos y de conveniencia judicial. Rosario Romero, exministra de Gobierno y actual intendenta de Paraná, es una figura central en la estructura del poder judicial entrerriano. Su influencia en el nombramiento de jueces y fiscales, así como su papel en la maquinaria de impunidad del peronismo provincial, la convierten en una testigo clave. Sin embargo, Badano y su equipo garantizaron que no fuera citada. La pregunta es evidente: ¿A quién responde el fiscal? ¿Por qué el Ministerio Público Fiscal se niega a investigarla? El silencio cómplice del Ministerio Público Fiscal La ausencia de Rosario Romero y Hugo Ballay en la lista de testigos no es un hecho aislado. Se inscribe en una larga tradición de selectividad judicial, donde la justicia avanza sobre los enemigos del poder pero protege a los operadores políticos que garantizan el status quo. Badano ha demostrado que no tiene intención de incomodar a los verdaderos artífices de la corrupción. A diferencia de otros testigos que podrán ser interrogados sobre detalles administrativos o técnicos, Romero y Ballay tenían información clave sobre los manejos de los fondos públicos y las decisiones políticas que permitieron el esquema de coimas. Su exclusión no es casual, es un mensaje de impunidad. Badano: fiscal o garante de la impunidad? No es la primera vez que el fiscal Badano toma decisiones que benefician a la estructura política dominante. Su trayectoria está marcada por resoluciones que, lejos de garantizar transparencia, refuerzan un sistema de protección para los aliados del poder. En este caso, su accionar ha sido claro: blindar a Romero y Ballay para que no se expongan en un juicio que podría dejarlos en evidencia. Si la justicia entrerriana quisiera realmente investigar el entramado de coimas, debería empezar por interrogar a los responsables de las decisiones políticas y económicas que facilitaron el saqueo de los recursos públicos. Pero, con fiscales como Badano al mando, la impunidad sigue siendo la norma. El silencio que habla Mientras las defensas discuten sobre la validez de la prueba y la fiscalía sigue con su simulacro de investigación, los ciudadanos de Entre Ríos ven cómo, una vez más, la justicia se convierte en una herramienta de protección para la casta política. La decisión de dejar afuera a Romero y Ballay no es casualidad, es un pacto de impunidad avalado por el propio Ministerio Público Fiscal. El juicio que se avecina estará incompleto y sesgado desde su origen. Sin Romero, sin Ballay y con fiscales como Badano en el juego, el resultado será, una vez más, la garantía de que los verdaderos responsables no enfrenten las consecuencias de sus actos. Entre Ríos sigue siendo tierra de impunidad, y los fiscales que deberían garantizar justicia son los primeros en encubrirla.
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