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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 20/02/2025 10:33
"Debemos meritar las consecuencias de facilitar importaciones y desregular mecanismos que deberían garantizar una competencia justa en el país", asegura el autor del texto (Imagen ilustrativa Infobae) En medio del creciente flujo de turistas argentinos que viajan al exterior, se aviva la polémica por los precios de la ropa importada en el país. Grandes marcas internacionales venden las mismas prendas importadas a valores considerablemente más altos en Argentina que en otros mercados, generando indignación entre consumidores y viajeros. Según denuncias en redes sociales y notas de prensa, algunas prendas importadas de origen asiático o del sudeste europeo se venden al público hasta cuatro veces más alto en los comercios locales que en el extranjero. La disparidad de precios en dólares resulta particularmente notoria en marcas extranjeras de renombre, donde el margen de sobreprecio es aún más evidente. Este fenómeno afecta a los turistas que comparan precios en sus viajes y a los consumidores argentinos que estén dispuestos a pagar cifras exageradas por prendas idénticas a las que en otros países tienen un valor significativamente menor. Casos recientes ilustran esta situación. Con buen criterio, un reciente informe periodístico expuso el desfasaje de precios en el mercado local de prendas importadas; mientras que, en las redes sociales, unas turistas españolas se mostraron desconcertadas por los valores inflados que fija Zara en la ropa importada que vende en Argentina con relación a España. Otro ejemplo contundente es el reciente desembarco de la reconocida marca de lencería Victoria’s Secret en el país. Tal como comparó Infobae, la firma vende sus productos —todos 100% importados— a precios casi cuatro veces superiores a los de Chile o Estados Unidos. ¿Quién es el verdadero responsable de los sobreprecios? Una primera reacción es atribuir, erróneamente, la responsabilidad a la industria nacional. Sin embargo, ¿qué tiene que ver un fabricante argentino de hilados, telas o confecciones con los precios que fija un importador que comercializa productos terminados? La respuesta es simple: nada. Esta situación deja al descubierto dos grandes realidades: El problema no está en la producción, sino en la comercialización y la excesiva carga fiscal. El precio final que paga el consumidor se compone principalmente de factores no industriales, que representan los verdaderos cuellos de botella de la competitividad en Argentina. En una prenda de marca premium vendida en un shopping, los costos de alquiler y financieros representan un 30% del precio final. A esto se suman los impuestos: por cada prenda que se le vende al consumidor, se le exige que le pague otra al Estado, ya que el 50% del valor de venta corresponde a tributos. Del restante 20% del precio, sólo el 8% corresponde al costo industrial de fabricación de la remera que acumula en todas sus etapas de producción. El 12% final son costos de logística, marketing y rentabilidad de la marca. Aun así, esto no parece explicar por qué los precios locales de ropa importada llegan a cuadruplicar los valores de Estados Unidos o Chile. Aquí entra en juego un segundo factor clave, que va más allá de la carga impositiva y los costos extra industriales: la estrategia comercial de los importadores de bienes finales. Estos aprovechan la facilitación de las importaciones finales y la falta de regulaciones en defensa de los consumidores para obtener márgenes de rentabilidad extraordinarios, que perjudican el bienestar general de la población. Terminemos con los prejuicios. Lejos de ser responsables, la industria textil y de indumentaria argentina —con más de 100 años de trayectoria y 500.000 trabajadores en todo el país— sigue siendo un sector estratégico a los intereses nacionales. Sin embargo, es utilizada como chivo expiatorio mientras los verdaderos responsables en los ejemplos mencionados fijan precios desmesurados. Debemos meritar las consecuencias de facilitar importaciones y desregular mecanismos que deberían garantizar una competencia justa en el país. Estos primeros ejemplos demuestran que el consumidor no está siendo el beneficiado y se corre el riesgo de que generen un grave daño al entramado productivo local, con potencial pérdida de capacidades industriales, de empleo y de empresas; sobre todo, en un contexto como el actual de evidente apreciación cambiaria y de demora de aplicación de medidas de alivio fiscal para quienes producen y genera trabajo genuino en Argentina. El autor es Presidente de la Fundación Pro Tejer
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