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» Diario Cordoba
Fecha: 20/02/2025 00:10
El juez de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, ha dividido en dos la causa del llamado caso Infraestructuras, y una de ellas será juzgada por un tribunal del jurado. En el auto en el que este juzgado deja fuera de la causa al exconcejal de Infraestructuras y portavoz de Cs David Dorado, pero decide sentar en el banquillo al jefe técnico de la delegación municipal, a la excoordinadora y a tres empresarios, se especifica que el posible delito de fraude contra la administración pública (en este caso el Ayuntamiento de Córdoba) lo juzgará un jurado formado por ciudadanos. De este modo, sobre el caso Infraestructuras y después de que el juez haya encontrado indicios de delito en 4 de los 20 contratos analizados, se van a celebrar dos juicios: uno por procedimiento abreviado y otro por jurado. Los imputados están acusados de delitos de prevaricación, fraude de contratación y falsedad documental en la adjudicación de contratos durante el plan de choque puesto en marcha por el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba en 2020. Delitos contra la administración pública El Código Penal prevé una serie de delitos contra la Administración Pública que, en su mayoría, solo pueden ser cometidos por las autoridades y funcionarios públicos. Se trata de una figura penal que va desde el cohecho, a la malversación pasando por la prevaricación de los funcionarios públicos, por la cual el comportamiento típico del delito se conforma mediante la conducta de enriquecerse apreciablemente y de manera injustificada durante el ejercicio de la función pública. Las penas para este tipo de delitos son multas de doce a veinticuatro meses, y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años, pero se agravan en caso de que, efectivamente, se cause el perjuicio económico a la entidad pública. Contratos manipulados El caso Infraestructuras, que denunció en una primera fase política Izquierda Unida en 2021, investiga si en esta delegación el funcionario responsable manipuló las reglas de concurrencia competitiva para hacer negocio con empresas confabuladas con él. Según el auto judicial, el exjefe del área buscaba «favorecer a quienes de forma recurrente eran escogidos para formar ternas de entidades invitadas, a los efectos de que fueran contratados; coadyuvado, en el mejor de los casos, con una actitud pasiva o de falta de control efectivo por parte de la coordinadora del área de Infraestructuras». Obraba de manera "casi descarada" En su auto, el juez determina que el funcionario obraba de manera «casi descarada», al concluir que el fraccionamiento de contratos se habría convertido «no solo en una herramienta para permitir la tramitación de varios expedientes sorteando el trámite administrativo adecuado, sino como vía para favorecer a determinadas personas con las que se mantienen vínculos de amistad». En su investigación, el juez ha podido constatar que los propietarios de las empresas señaladas tenían «una relación directa entre sí» y que incluso «mantenían una no negada relación de amistad con sus administradores».
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