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Parana » Radio La Voz
Fecha: 18/02/2025 21:03
El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, presentó denuncias formales ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento contra Diego Lucio Nicolás Lara, María de los Ángeles Moia y Gustavo Labriola, actuales vocales del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. La acusación se basa en su presunta responsabilidad en los 20 años de saqueo denunciados recientemente por el gobernador, señalando que, en su rol dentro del organismo de control, habrían actuado con complicidad, negligencia o falta de idoneidad en el resguardo de los fondos públicos. Fundamentos de la denuncia En las presentaciones, Rossi imputa a cada uno de los vocales su participación en el manejo irregular del control de las cuentas provinciales: Diego Lucio Nicolás Lara es señalado por su presunto involucramiento en el escándalo de los contratos truchos de la Legislatura y su actuación en el Tribunal de Cuentas como un encubridor de maniobras irregulares. Se le atribuye haber protegido estructuras de corrupción en IOSPER, ENERSA y Vialidad Provincial al no promover auditorías serias ni denuncias. María de los Ángeles Moia es acusada de falta de auditoría y omisión deliberada en la fiscalización de organismos estratégicos, permitiendo la impunidad en la ejecución de fondos públicos. Se le atribuye responsabilidad sobre el saqueo de IOSPER, la falta de control en ENERSA y la omisión de auditoría sobre los contratos truchos en la Legislatura. Gustavo Labriola, en su rol como auditor, tenía a su cargo la supervisión de la Legislatura, Vialidad Provincial y Municipios. Según la denuncia, su inacción permitió que el fraude en los contratos de la Legislatura y el direccionamiento de licitaciones en Vialidad se perpetuaran sin sanciones. Pruebas acompañadas Las tres denuncias, de gran extensión, incluyen: Organigrama del Tribunal de Cuentas, detallando la función y responsabilidad de cada funcionario en los diferentes organismos de control. Rol asignado por acordada a cada vocal, especificando su ámbito de actuación. Informe del “Universo de Control” del Tribunal de Cuentas, donde se detallan las rendiciones de cuentas que cada organismo debía presentar y su frecuencia, evidenciando la falta de observaciones y controles por parte de los denunciados. Acordadas N° 318/2023 y 321/2023 del Tribunal de Cuentas, donde se establece la asignación de fiscalización a cada vocal y se demuestra su falta de control en organismos estratégicos. Decisión en manos del Jurado de Enjuiciamiento Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento, como órgano constitucional competente, deberá determinar si los vocales denunciados incurrieron en responsabilidad por acción u omisión en las dos décadas de corrupción denunciadas. Según Rossi, los denunciados debían auditar y controlar los fondos públicos, pero en cambio, garantizaron la impunidad y facilitaron el saqueo de los recursos provinciales. Se espera que este proceso marque un precedente sobre la responsabilidad de los organismos de control en la lucha contra la corrupción en Entre Ríos.
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