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Chajari » actualidadadiario
Fecha: 18/02/2025 18:58
El plan de reducción de la planta estatal y recortes quedó en manos del hombre más rico del planeta y responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Las cesantías exprés – cualquier semejanza entre Musk y Federico Sturzenegger en la Argentina es pura coincidencia – empezaron a despertar protestas entre los empleados públicos de EE.UU. El gobierno de Donald Trump ya fue contra los inmigrantes con sus deportaciones masivas. Ahora va por la depuración de los empleados del Estado federal. El plan de despidos a piacere quedó en manos de Elon Musk, el hombre más rico del planeta y responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental, (DOGE), por su sigla en inglés. La reducción de la planta estatal ya genera resistencias y para este miércoles 19 se anunció un día de protesta. Los afectados serían un porcentaje de los 2,4 millones de trabajadores que empezaron a recibir correos electrónicos con amenazas de cesantías, pedidos de renuncia o coaccionados a aceptar indemnizaciones. El conflicto está en marcha y los sindicatos rechazan la política de reducción del personal contra la que presentaron varias demandas en la Justicia. Aunque cualquier denuncia que llegara a la ultraconservadora Corte de EE.UU no tendría demasiadas chances de prosperar. El desfinanciamiento del Estado que comenzó a ejecutar el gobierno en tándem de Trump y Musk – el poder paralelo detrás del presidente – perjudicará no solo la estabilidad laboral de los empleados civiles, como está pasando en la controvertida USAID, una agencia estatal. Además, el recorte recaerá en la Seguridad Social, los programas Medicare y Medicaid de cobertura médica y otros servicios esenciales como escuelas y hospitales de todo el país. La paradoja radica en quién conducirá el achicamiento del gobierno federal. Un multimillonario que pese a la caída de las acciones de su multinacional Tesla, tiene una fortuna actualizada de 378,800 millones de dólares, según Forbes. Pero que además obtiene cientos de millones cada año en contratos con el Estado. SpaceX, su compañía espacial, se aseguró casi 20 mil millones de dólares en fondos federales desde 2008 a la fecha para mandar astronautas y satélites al cosmos. Y la fábrica de autos eléctricos ya había recibido 41,9 millones de dólares del Estado, que incluyeron la compra de vehículos para el cuerpo diplomático de Estados Unidos. Un artículo reciente publicado por la revista Jacobin titulado “¿Quién puede detener a Elon Musk?” responde su propia pregunta: “Los sindicatos de empleados federales, que se niegan a sucumbir a la intimidación, han presentado demandas para detener a Musk. Y con el apoyo de los sindicatos, la mayoría de los trabajadores federales han rechazado el llamado plan de compra de DOGE mediante el cual renunciarían voluntariamente”. La CNN, un medio que está en las antípodas de Jacobin, informó el viernes pasado que “en la OPM (Oficina de Gestión de Personal de EE.UU), decenas de trabajadores en período de prueba fueron despedidos en una llamada de Microsoft Teams por la tarde, según la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE) – por sus siglas en inglés -, que representa a trabajadores de carrera en la oficina. Después de recibir un correo electrónico para unirse a la llamada, aproximadamente 100 personas se sumaron con su video y audio desactivados, y se les informó a los empleados en período de prueba que estaban siendo despedidos y tendrían que abandonar el edificio en media hora”. Estas cesantías exprés – cualquier semejanza entre Musk y Federico Sturzenegger en la Argentina es pura coincidencia – empezaron a despertar protestas de baja intensidad pero de alto impacto en el espacio virtual. Son lo que se conoce en Estados Unidos como “Red for Ed”. Medidas surgidas desde las redes sociales durante las huelgas docentes de 2018 y en el primer gobierno de Trump. Consistían en que los maestros en peligro de ser despedidos, junto a los miembros de su comunidad, se vestían de un mismo color rojo y publicaban selfies y fotos grupales con mensajes sobre la causa que defendían. A veces lo hacían en Twitter desde un hashtag. Jacobin informó que “la Red de Unionistas Federales ha convocado a un Día de Acción para Salvar Nuestros Servicios el 19 de febrero y reunir a los trabajadores federales y a sus partidarios para que se manifiesten en contra del golpe de Estado de Musk”. La purga gubernamental del multimillonario ultraderechista se da pese a una peculiaridad que no pasa inadvertida. El empleo público en EE.UU ha ido bajando de manera sostenida en los últimos veinticinco años. Pero esta vez, el poder de achicamiento del Estado centralizado en el empresario que más dinero aportó a la campaña presidencial de Trump, parece el guion adaptado de una película distópica. Su influencia en la Casa Blanca llega tan lejos que tendría acceso al código informático del Departamento del Tesoro. Es el sistema que controla los enormes aportes federales por valor de 5,5 billones de dólares, aquellos que le permiten funcionar al gobierno. Un dato que indica las prioridades que tiene el estado federal en EE.UU, es que se destina alrededor del 60 por ciento del presupuesto para pagar gastos del Departamento de Defensa, el de Asuntos de Veteranos y el de Seguridad Nacional. Todo lo que planearon y empezaron a ejecutar Trump y Musk ocurre después de que el presidente admitió abiertamente que, en varias campañas electorales, había dado dinero “a todo el mundo”, incluidos a políticos del Partido Demócrata como Bill Clinton, para que “cuando necesitara algo de ellos” más adelante, “estuvieran ahí para mí”. Ahora esta corruptela se da al revés. El magnate transformado en jefe de Estado por segunda vez recibió del hombre más rico del mundo 238 millones de dólares en 2024 destinados a América PAC, un comité de acción política que fundó para apoyar la candidatura de Trump. Pero además, otros 20 millones de dólares le donó al RBG PAC, un grupo que utilizó la publicidad para suavizar la reputación de línea dura de Trump en un tema clave para los votantes que disputó con Kamala Harris: el aborto. Las pruebas de estos aportes de campaña fueron presentadas ante la Comisión Federal Electoral y explican lo que pasa en el gobierno de doble comando con sede en Washington.
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