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Parana » ER 24
Fecha: 13/02/2025 18:54
Claudia Martínez, la periodista espía que opera en la justicia entrerriana El periodismo en Entre Ríos atraviesa una crisis de credibilidad sin precedentes, y uno de los casos más emblemáticos es el de Claudia Martínez, una periodista que, según diversas fuentes, opera más como informante que como comunicadora. Empleada pública y trabajadora de Radio LTE 14, Martínez fue vista en una audiencia judicial el pasado martes 11 de febrero, en la que se trataban temas explosivos: el incumplimiento judicial vinculado a publicaciones sobre los contratos truchos, el IOSPER, los oscuros manejos financieros en la política provincial, y los vínculos del periodista Daniel Enz con el pedófilo Wolf Furlong. Pero su presencia en la audiencia no fue casual ni inocente. Según fuentes judiciales y periodísticas consultadas, Martínez habría grabado la audiencia de manera clandestina y compartido la información con Nicolás Bachetti y Daniel Enz, quienes impulsan la denuncia en cuestión. Este dato es clave porque Enz tiene una causa por amenazas contra el periodista Hernán Blázquez, lo que refuerza la hipótesis de que el caso está más vinculado a una persecución política que a un verdadero interés por la justicia. ¿Periodista o informante del poder? Claudia Martínez no es una periodista cualquiera. Además de trabajar en la radio estatal LTE 14, es una empleada del Estado provincial, lo que plantea serios interrogantes sobre su rol en la audiencia y su vinculación con sectores de poder. La sesión en la que estuvo presente no era menor: se discutía la recusación del juez Juan Malvasio, un magistrado que integra una familia periodística beneficiaria de jugosa pauta estatal, con una línea editorial claramente sesgada en favor de ciertos intereses políticos. Que una empleada del Estado con acceso a medios estatales se infiltre en una audiencia judicial, la grabe y luego pase la información a personas directamente involucradas en la denuncia genera serias dudas sobre la independencia del periodismo en Entre Ríos y refuerza las sospechas de que los medios tradicionales no son más que herramientas del poder para operaciones políticas y judiciales. El oscuro entramado detrás de la denuncia La denuncia que involucra a Daniel Enz y Nicolás Bachetti no es un caso aislado. Enz, periodista y director de la revista Análisis, se encuentra bajo la lupa por amenazas contra Hernán Blázquez, quien lo ha señalado por presuntas maniobras de presión y persecución mediática. La denuncia de Blázquez indica que el 10 de diciembre de 2024 fue abordado en una estación de servicio por Bachetti, quien lo amenazó mencionando sus contactos con jueces y fiscales. Este hecho, lejos de ser un episodio menor, evidencia el entrelazamiento entre ciertos periodistas, funcionarios judiciales y operadores políticos. Por otro lado, el caso de Wolf Furlong, el pedófilo vinculado a Daniel Enz, es otro de los elementos silenciados por los grandes medios. Las denuncias sobre su relación con Enz y otros sectores del periodismo no han sido debidamente investigadas, lo que genera aún más interrogantes sobre el verdadero objetivo de los medios de comunicación en Entre Ríos. El periodismo de operaciones y la connivencia con la justicia Lo ocurrido con Claudia Martínez no es un hecho aislado. En Entre Ríos, el periodismo ha dejado de lado su función de informar para convertirse en un brazo ejecutor de las operaciones del poder político y judicial. Figuras como Martínez, Enz y Bachetti representan un modelo en el que la independencia periodística es inexistente y la información se maneja como un arma de presión y persecución. El caso de Martínez es paradigmático: una periodista que, lejos de buscar la verdad, actúa como informante de sectores de poder, grabando audiencias judiciales y filtrando información a denunciantes con claros intereses políticos. Su accionar no solo es antiético, sino que confirma lo que muchos sospechaban: en Entre Ríos, el periodismo de operaciones está más vivo que nunca, y sus vínculos con la justicia y la política son innegables. ¿Hasta cuándo seguirá funcionando este esquema de complicidades? ¿Quién controla a los que se supone deben controlar? Son preguntas que la sociedad entrerriana debería empezar a hacerse con urgencia.
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