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» Comercio y Justicia
Fecha: 12/02/2025 17:22
El exlegislador Oscar González se presentó a declarar este miércoles en la justicia Federal en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En la indagatoria, que se realizó mediante videoconferencia, González negó los hechos, dijo que no iba a responder preguntas y presentó un escrito. El exministro cumple con la prisión domiciliaria que le impuso la Justicia federal desde el pasado lunes en su casa de Villa Dolores. Su arresto fue ordenado por el juez federal Hugo Vaca Narvaja a pedido del fiscal Maximiliano Hairabedián y ya fue apelado por su abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que deberá determinar si confirma o no la prisión preventiva. El fiscal acusa a Gonzalez por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El funcionario judicial considera que no ha podido demostrar que los ingresos que recibió como funcionario y legislador provincial sean suficientes para explicar el crecimiento patrimonial que exhiben sus declaraciones de bienes. Sobre este punto, el fiscal solicitó que se ordene un peritaje para determinar el valor real de los bienes de González, ya que en las declaraciones de bienes figuran las valuaciones fiscales muy por debajo de los precios de mercado. “Pudimos justificar uno por uno todos los bienes que nos pidió el fiscal”, remarcó Ortiz Pellegrini, tras la indagatoria. Al mismo tiempo, repudió versiones de que el acusado también tendría una casa en Miami. “Mi cliente me dio la instrucción de que iniciemos una acción por lo mentirosa de esta chica”, dijo en referencia a la legisladora y denunciante Luciana Echevarría. Cabe destacar que Echeverría aportó al fiscal datos que señalan la existencia de una vivienda residencial en Florida, Estados Unidos, a nombre de él y de su hija Ana Carolina. El inmueble de casi mil metros cuadrados habría sido adquirido a fines del año 2005. Esta información está siendo siendo investigada por la Fiscalía y, aunque no está aún confirmado, este inmueble en realidad podría ser propiedad de un homónimo. La pena a la que se enfrenta González en caso de ser juzgado y ser encontrado culpable de enriquecimiento ilícito y lavado de activos va de 4 a 21 años de prisión.
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