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» Diario Opinion
Fecha: 12/02/2025 15:44
La Cámara Nacional en lo Civil con asiento en Capital Federal se levantó contra la Corte Suprema por el fallo Levinas, un leading case que convierte al Tribunal Superior de Justicia porteño en superior de los juzgados nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio de ese movimiento se había precipitado después que el procurador interino Eduardo Casal remitiera un oficio al cuarto piso del Palacio de Tribunales, tal como publicó LPO. "Me permito sugerir al Tribunal que suspenda la aplicación de lo decidido entonces (en referencia al fallo Levinas, fechado el 27 de diciembre último) hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que impide a este Ministerio Público llevar a cabo legal y eficazmente la nueva actividad procesal ante el fuero porteño que allí demanda", asentó Casal en su escrito. Los magistrados del fuero en rebeldía se convocaron este martes a un plenario y resolvieron que "la Corte Suprema decidió dictar una decisión que trastoca por completo el sistema constitucional argentino al habilitar a un tribunal local para revisar decisiones de los jueces nacionales, en el marco de un incidente de competencia y sin haber escuchado al Estado Nacional ni a la Ciudad de Buenos Aires". Además, apuntaron que ese fallo se dictó "con una mayoría que dejó de existir en el día mismo del dictado". El caso Levinas se votó por la mayoría que formaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y el rechazo de Carlos Rosenkrantz, pero el cordobés se jubilaría horas más tarde. En pasillos judiciales se habla de un "desacato que debilita a la Corte". Los jueces que firmaron ese pronunciamiento contra los cortesanos fueron Omar Luis Díaz Solimine, Gabriel Gerardo Rolleri, Marisa Sorini; Ricardo Li Rosi, Carlos Alberto Calvo Costa; Sebastián Picasso, Lorena Fernanda Maggio, Claudio Ramos Feijoo, Roberto Parrilli, Juan Manuel Converset, Pablo Trípoli, Gastón Matías Polo Olivera, José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher, Claudio Marcelo Kiper, Paola Mariana Guisado, Juan Pablo Rodríguez, Beatriz Alicia Verón, Gabriela Mariel Scolarici, Luis Maximiliano Caia, Silvia Patricia Bermejo, Marcela Pérez Pardo, Gabriela Alejandra Iturbide, María Isabel Benavente y Guillermo Dante González Zurro. El alzamiento en curso es considerado en Comodoro Py como "una insubordinación judicial, comparable -por sus posibles efectos- a lo que produjo la movilización social contra el fallo Muiña en 2017". La referencia a aquella resolución se enfoca en la manifestación popular que colmó la Plaza de Mayo y sus alrededores en los primeros días de mayo de 2017, luego que la Corte Suprema convalidara la aplicación del beneficio del 2x1 para el represor Luis Muiña. La agitación social obligó entonces al Congreso a sancionar en tiempo récord la Ley 27632, que declaró la inaplicabilidad de ese canje para quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad, y el máximo tribunal avaló ese criterio en diciembre de 2018, excusándose en que se necesitaba "una ley interpretativa". LPO informó que la decisión de la Corte en el caso Levinas, un litigio entre los herederos del artista plástico León Ferrari y el periodista Gabriel Levinas, a quien acusaron de vender piezas del fallecido pintor sin retribuirle honorarios, habilitaba a otros imputados a apelar al recurso de inconstitucionalidad para que fuera el TSJ el tribunal de alzada de las causas nacionales, en vez del Palacio Talcahuano. De hecho, los supremos derivaron inmediatamente después la causa del Correo, un expediente judicial que complica a Mauricio Macri y su familia, al máximo tribunal porteño, donde el PRO nombró a cuatro de los cinco jueces que lo integran. La Corte Suprema decidió dictar una decisión que trastoca por completo el sistema constitucional argentino al habilitar a un tribunal local para revisar decisiones de los jueces nacionales. La razón de la rebelión de los jueces nacionales contra la Corte es porque se resisten a su "municipalización", por un lado, pero también impugnan la interpretación de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti por atribuirle a la CABA competencias de provincia, algo que la Constitución Nacional no indica. Fuentes judiciales comentaron a LPO que el fallo de la Corte produjo un gran desaguisado porque las defensas en cada causa no saben hacia dónde dirigir la apelación. Por eso, el TSJ suscribió una acordada en la que suspendió el plazo "para la interposición de todos los recursos previstos por la ley 402 en el ámbito de este Tribunal que provengan de los fueros nacionales ordinarios de la CABA" y fijó el próximo 17 de febrero como fecha para el inicio del calendario para la presentación de cada acción.
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