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Concordia » Diario Junio
Fecha: 12/02/2025 15:41
La motosierra 2.0 sigue, el decreto firmado ayer por el Presidente y Luis Caputo confirma el fin de planes históricos como el Fonavi o Vivienda Social, entre otras políticas públicas de urbanización que llegaban a todo el país. Además de la situación de los estatales, la inactividad repercutirá en 170.000 empleos directos en la construcción y 400.000 indirectos, según indicaron los sindicatos. Todo en un contexto de paralización extendido de obras: en 2024 se ejecutaron 180.000 millones de pesos de un presupuesto de 430.000 millones. En paralelo, Federico Sturzenegger se regodeó con la medida y dijo que permitirá “importantes ahorros en personal”. Las que se salvaron de la guadaña, como la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y de la Dirección Nacional de Arquitectura, pasaron a la órbita de Obras Públicas. Desde Casa Rosada dijeron que trabajan en “la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que buscaba que buscaba garantizar los servicios básicos y de infraestructura en los barrios populares. Hay alrededor de 500 empleadas y empleadas que por estas horas definen su futuro laboral y esperan definiciones para saber quiénes pasarán a Obras Públicas o a otras carteras. Pero también hay un grupo en los que la preocupación es mayor, son los que se les vence el contrato en dos semanas, el 28 de febrero, y no saben si se los renovarán. El Procrear es una de las políticas más emblemáticas, tanto que hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó calmar el reclamo salarial desesperado de un gendarme con la promesa de la casa propia. “Ud. tiene que confiar. Estamos trabajando para darles planes Procrear”, le dijo la funcionaria el lunes en Orán a un efectivo que le reprochó que el sueldo no le alcanzaba para comer. Lo que Bullrich no sabía –o simuló no saber– es que al día siguiente su gobierno eliminaría toda chance de continuidad de ese programa. “Tienen que tomar una decisión con esa plata invertida por el Estado Nacional, que son casi 3 mil millones de dólares. No dijeron cómo la van a terminar o cómo la van a vender a los privados”, dijo el exsecretario de Vivienda de Nación Santiago Maggiotti en declaraciones AM 750. El Procrear fue creado en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y más de medio millón de familias accedieron a la vivienda. Los argumentos libertarios sostienen que la SIGEN detectó demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad. Sin embargo, actualmente hay 15.000 unidades terminadas que no fueron entregadas y se están deteriorando. “Hoy estoy triste porque hay muchas familias que estamos conviviendo con la incertidumbre y la posibilidad de quedarnos sin trabajo. No sabemos cómo vamos a hacer para pagar la cuota de la casa. Sepan que estamos pagando la vivienda, que no es algo gratis sino que muy difícil acceder y ahora sostenerlo”, afirmó Cynthia, trabajadora de la subsecretaría y beneficiaria del Procrear, a Página/12. “No sé si vamos a poder seguir pagando la vivienda, pagamos mes a mes”, agregó. En este caso, el Gobierno también recargó sobre las provincias la responsabilidad de continuar las obras. “La construcción de viviendas, en todo caso, podrá ser un resorte que elijan usar provincias o municipios”, afirmó Sturzenegger y acusó sin pruebas a intendentes y gobernadores de “desviar recursos del Fonavi para gastos generales de administración”. Esta decisión no solo impactará en la vida cotidiana de muchas personas en todo el país sino que también provocará juicios contra el Estado Nacional por no cumplir los contratos con las cooperativas o empresas que estaban trabajando en la construcción. Actualmente hay 103.367 obras frenadas en todo el territorio, la mayoría en la zona pampeana y en el Noroeste. Según datos de ATE Capital, el Estado le debe un año de trabajo a 10.000 cooperativistas y hay 1863 convenios con municipalidades, cooperativas y constructoras que no fueron cumplidos. Tampoco se sabe qué pasará con los gobiernos locales y provinciales que cedieron terrenos para la construcción de viviendas. “Lo que están haciendo es arrasar con otra de las políticas sociales que está destinada, básicamente, a los sectores populares. Por más que se haga una política donde los bancos financien vivienda, este sector va a quedar afuera porque no tiene ingresos en blanco y, si los tienen, son muy bajos. No van a tener acceso a la banca privada”, le contó a Página/12 Fabiola, trabajadora social de la Secretaría en Mendoza. Son cientos de empleados que penden de un hilo entre arquitectos/as, contadores/as, agrimensores/as, ingenieros/as, ambientalistas, trabajadores/as sociales y cuadros técnicos altamente capacitados. “Además de agua, cloacas y accesibilidad, estábamos trabajando con la conectividad y la mitigación de riesgos ambientales. Hicimos muchas sistematizaciones de arroyos y estabilización de barrancas”, le contó a Página/12 una trabajadora que prefirió no dar su nombre por temor a ser despedida. Ingresó en el 2008 y se dedicó a la urbanización de villas y asentamientos en zonas urbanas y también rurales con pueblos originarios. “Quieren que los programas los tomen las propias provincias, pero se sabe que las más pobres no lo van a poder hacer. Justamente lo que tenían estos programas era que eran federales, un subsidio de Nación a la que después le devolvían el dinero. Llegábamos a todos lados”, agregó. En busca de frenar el impacto, desde ATE Capital trabajan en una medida cautelar que impida el cierre. Además, el jueves expondrán ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, presidida por Leandro Santoro. Mientras tanto, el bloque de Union por la Patria presentará hoy un proyecto de resolución en rechazo del cierre. “El Congreso en su conjunto tiene que fijar posición porque acá se están vulnerando los derechos constitucionales a la vivienda y a un ambiente sano”, afirmó el diputado e integrante de la comisión Juan Marino, que impulsa la medida. “Es una decisión inconstitucional, un paso más, por parte de Milei, en el camino de la suspensión de hecho de la Constitución Nacional y de la eliminación de derechos constitucionales”, agregó el legislador y señaló el artículo 14 bis, que consagra el derecho a la vivienda. “Los programas tenían como objetivo contribuir a hacer operativo ese derecho. Ya en 2024 se paralizaron 125.140 soluciones habitacionales. De un presupuesto de 430.000 millones de pesos solamente se ejecutaron 180.000 millones. Ahora que proceden a eliminar la Secretaría, estamos hablando directamente de la eliminación numerosos programas”, explicó. También estarán afectados Vivienda Única Familiar, Casa Propia, Construir Futuro, Programa de Autoconstrucción Cáritas o el Plan Nacional de Suelo Urbano (generación de suelo con infraestructura), entre otros. Fuente: Página 12
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