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Parana » Plazaweb
Fecha: 12/02/2025 09:50
Por Fedra Venturini Redacción PlazaWeb Este miércoles se cumple un año del fallecimiento de Ariel Goyeneche, un hombre de 38 años que murió -de acuerdo a la autopsia- por una “asfixia mecánica por compresión extrínseca a nivel toraco abdominal” en la vereda frente a la comisaría segunda de Paraná. Por su muerte están imputados tres policías por “homicidio en circunstancias de exceso del cumplimiento del deber” en concurso real con el delito de vejaciones. El caso generó la creación de un protocolo de salud mental para la actuación policial ante personas en crisis. El trágico hecho abrió la puerta a un abanico de debates sobre adicciones, salud mental y el acceso a los efectores de salud, violencia institucional, entre otras problemáticas y se concluyó en la necesidad de capacitación para las fuerzas de seguridad ante casos similares. Es así que el 30 mayo del año pasado los ministerios de Salud y Seguridad, la Dirección General de Derechos Humanos, la Policía de Entre Ríos, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos firmaron una resolución para implementar las “pautas de intervención ante situaciones que involucran a personas con crisis de salud mental y/o consumos problemáticos de drogas en el espacio público”. Luego de la noticia, publicada en el portal del gobierno provincial y replicada por los medios de comunicación, el tema abandonó la agenda y quedó en el tintero una serie de preguntas: ¿Inició la implementación del protocolo de salud mental? ¿Se pone en práctica adecuadamente? ¿Se evitan casos como el de Ariel Goyeneche? El protocolo de salud mental entre líneas Martín Cabrera encabeza la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental, perteneciente al Poder Judicial de Entre Ríos. Esta área, que funciona dentro del Ministerio Público de la Defensa, tiene la particularidad de que funciona con un equipo interdisciplinario donde trabajan especialistas en salud mental que a su vez conforman un plenario integrado por representantes del Estado provincial y asociaciones de personas usuarias en representación de la sociedad civil con el objetivo de abordar distintas problemáticas y toma de decisiones. En este marco, y a partir del caso de Ariel Goyeneche y otros hechos similares que relevó el plenario, fue en este organismo donde se formalizó la capacitación específica para el abordaje de personas en situación de crisis de salud mental en conjunto con las fuerzas de seguridad y los equipos de salud. Cuando se creó el Órgano de Revisión de la Salud Mental en Entre Ríos (Cabrera, a la derecha). “Casi todo el modelo de este protocolo es el elaborado por Nación, pero realizamos pequeñas adaptaciones a la realidad entrerriana, ya que no tenemos los recursos que se necesitan para una correcta aplicación”, dijo Cabrera en diálogo con PLAZA WEB y detalló: “En Entre Ríos las emergencias de salud mental no disponen de un personal especializado para la atención de crisis en la vía pública; a la hora de atender, por ejemplo un accidente, el enfoque está puesto en la emergencia física y se toma como segundo plano la parte de salud mental, pero también el Ministerio de Salud no tiene la capacidad para garantizar que, ante una situación de crisis, la ambulancia que sea convocada llegue con personal capacitado para resolver estas crisis, no están los recursos económicos para garantizar este aspecto”. Por otro lado, el secretario destacó que el protocolo sienta sus bases legales a partir del Artículo 42 del Código Civil y Comercial donde especifica los motivos para determinar el traslado de una persona a un centro de salud por parte de una autoridad pública. En este marco, PLAZA WEB conversó con el jefe Departamental de Policía de Paraná, Carlos Schmunk, quien detalló el proceso de capacitaciones dentro de las fuerzas de seguridad: “Todo el personal policial tuvo que realizar este curso, el cual algunos realizaron de forma presencial y otros online, debían primero estudiar el protocolo y posteriormente se realizaba un examen al respecto en los institutos policiales”. Asimismo, comentó que próximamente este protocolo pasará a formar parte de la formación en la Escuela de Policías “como una asignatura más” para que todos los funcionarios sepan desde un principio cómo actuar cuando la situación lo amerite. El protocolo en sí cuenta con 16 páginas que se dividen en cuatro apartados: principios generales de actuación, formas frecuentes de presentación de las crisis de salud mental, esquema general de intervenciones y casos especiales. La primera sección afirma que esta guía de intervención tiene por objetivo “reducir los riesgos hasta la llegada de los servicios de salud, preservar la seguridad de las personas involucradas y la de los efectivos en la escena” y destaca que estas pautas son “de aplicación obligatoria para todo el personal de las fuerzas policiales en situaciones con personas con crisis de salud mental en todo el territorio provincial”. Uno de los aspectos fundamentales se halla en la comunicación activa, donde “la Policía de Entre Ríos contará con la orientación vía telefónica del número de ‘Orientación y Apoyo en la Urgencia en Salud Mental’ (0800-777-2100). La función del mencionado dispositivo será el asesoramiento, acompañamiento y apoyo al personal policial”. En este aspecto, Cabrera acotó: “A través del llamado, la Policía recibe instrucciones de cómo llevar adelante de forma concreta la intervención hasta que la persona sea trasladada al efector de salud donde estarán los profesionales que atienden la emergencia”. Por su parte, Schmunk acotó: “Lo que se nos enseñó es que, primordialmente, debemos preservar la vida humana teniendo en cuenta el estado de crisis en que se encuentre la persona. Si ésta se encuentra en una situación insostenible, en lo que hacemos el llamado y todo lo que conlleva, perdemos mucho tiempo y nuestra actuación debe ser inmediata”. Al ser consultado por el número de casos a lo largo de este primer año de implementación del protocolo, Schmunk indicó: “Casi siempre las intervenciones se dan en el contexto de un consumo excesivo de estupefacientes, donde intervenimos aunque el consumo sea voluntario, se presentan entre tres y cuatro intervenciones por semana de distintas índoles o reacciones”. A lo largo del procedimiento, se brindan distintas pautas sobre cómo tratar a la persona y se resalta que la comunicación verbal es clave. La guía destaca la necesidad de informar al usuario sobre sus derechos y las acciones que tienen lugar, cómo se debe tratar a la persona afectada si es una presunta infractora de la ley penal y que ante todo el trato debe ser con un diálogo “claro y respetuoso”. Tras la muerte de Goyeneche, los ministros de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia, y de Salud, Guillermo Grieve, habían firmado "pautas para un abordaje integral en salud mental en el espacio público", aunque luego no se publicó ni difundió el protocolo. La influencia del caso Goyeneche sobre el protocolo Por otro lado, la guía especifica cómo actuar dependiendo si la persona presenta o no actitudes violentas, si está consciente y ubicada en tiempo y espacio, si hay testigos del hecho, entre otras posibles situaciones. A partir de esto, se desarrollan diferentes pautas de intervención de acuerdo a cada supuesto. Otro punto, que es imposible no relacionar con el caso de Ariel Goyeneche, hace referencia al “uso racional de la fuerza”: “El accionar de las Fuerzas Policiales se realizará en el marco de los estándares y principios internacionales sobre el uso racional de la fuerza: legalidad, oportunidad, proporcionalidad, gradualidad, moderación y responsabilidad”. A lo largo del manual, se insiste en que debe agotarse la instancia verbal antes de proceder a las técnicas de restricción física con el fin de “evitar que las personas en situación de crisis pongan en riesgo su integridad o la de terceros” y se destaca que la reducción consiste en “limitar mecánicamente los movimientos del cuerpo hasta la intervención de los equipos de salud”. Para la reducción física se suponen dos situaciones: si está o no presente el personal de salud. En caso negativo, “la reducción e inmovilización preventiva se hará en tres pasos”: colocar a la persona boca abajo para favorecer el esposamiento, girar a la persona sobre una de sus lados y finalmente sentarla con su espalda levemente inclinada hacia atrás, para proceder a la inmovilización de sus extremidades. Una vez completados estos pasos, la Policía debe esperar a las indicaciones del personal de salud para el traslado de la persona. Finalmente, el procedimiento de reducción física reza: “La inmovilización de las personas alteradas en posición boca abajo incrementa el riesgo de asfixia y muerte (...) No se debe usar el propio cuerpo de manera que obstruya la capacidad de la persona reducida para respirar”. Comunicación con la Justicia y la sociedad Recientemente, se decidió implementar una manera específica de comunicación con la Justicia, para tener un seguimiento más exhaustivo de cómo actúa el personal interviniente en cada caso y, sobre este aspecto, Cabrera detalló: “Desde el Poder Judicial se promovió la existencia de un trámite específico que aprobó el Supremo Tribunal de Justicia, ya que las intervenciones en salud mental pueden requerir internaciones involuntarias” y destacó el papel de la Ley Nº 26.657 de Salud Mental, cuyo Artículo 20 establece: “La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y sólo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. El titular del órgano de revisión, en este apartado, aclaró: “La función que tiene aquí el Poder Judicial es controlar esa restricción de la libertad; a la persona se le asigna un abogado que acude a la institución y habla con el usuario y, si corresponde, hace planteos ante un juez, quien pide informes y se debe fundamentar la internación”. A la hora de hacer un balance en torno al funcionamiento del protocolo, Cabrera consideró: “Es muy pronto para sacar conclusiones ya que, por ejemplo, la aprobación de comunicación a nuestra área es reciente, hemos tenido dos o tres. Pero tenemos seguro que, cuando no hay reglas claras, el personal duda de cómo actuar, también hay que mencionar que estamos por mejorar ciertos puntos del protocolo”. El letrado destacó la importancia de la capacitación hacia el personal policial y el recorrido por el territorio entrerriano para que la guía llegue a todos los funcionarios de la provincia, pero también remarcó en la necesidad no sólo de comunicar, sino difundir este procedimiento en la sociedad. Sin embargo, Schmuk apuntó a modo de resumen: “Me parece muy importante la implementación del protocolo para saber cómo actuar, pero sí considero necesaria una mayor intervención de las áreas de Salud y Salud Mental. Atravesamos situaciones muy graves y no se toman las medidas necesarias” y añadió: “Volviendo a lo que es preserva la vida de la persona, a ésta se le debe garantizar la atención, así como un seguimiento por la situación que se presenta ya que dos o tres veces, e incluso más, hemos tenido que intervenir en el mismo caso con una persona. Entonces, es evidente que algo está fallando desde el tratamiento y la atención post-crisis”. Finalmente, observó: “Hay muchas cosas a ver en la Ley de Salud Mental la cual, considero, habría que ver con profesionales para cambiarla y que se escuche a las madres y a los familiares de estos usuarios que pasan por esta situación. Nadie quiere que un hijo o un familiar esté internado por un consumo excesivo, pero llegar a ese punto implica que no se puede más. Nosotros brindamos atención primaria, pero después estas personas no reciben el tratamiento que deben tener para salir de este flagelo que es la droga”. *Al momento de la publicación de este informe, no se recibieron respuestas afirmativas desde las áreas de Comunicación de los ministerios de Seguridad y Salud para entrevistas a las autoridades sobre el protocolo por “problemas” y “cuestiones” de agenda.
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