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» Diario Cordoba
Fecha: 10/02/2025 20:54
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el tráfico de llamadas del teléfono del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, revela la falta de mensajes anteriores al pasado 16 de octubre, el mismo día en el que el Tribunal Supremo le abrió causa en relación con una presunta filtración de datos procedimiento por fraude a Hacienda que se había presentado contra la pareja de la presidenta madrileña ,Isabel Díaz Ayuso. Esta circunstancia "se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones" en la citada fecha, destacan los investigadores. No obstante, en el análisis del registro de llamadas realizadas no se encontrado prueba e indicio alguno de que el fiscal pudiera haber hablado esa noche con personas ajenas a la Fiscalía, como pudieran ser periodistas o personas relacionadas con el Gobierno de Pedro Sánchez, que puedan fundamentar una filtración en dicho sentido. Además, el informe al que ha tenido acceso esta redacción revela también como dato novedoso que la recuperación de datos de interés en copias de seguridad almacenadas en servicio de Google Drive no ha sido posible "debido a la eliminación deliberada de la cuenta de Google asociada a este servicio". Se trata de la cuenta personal del fiscal general a la que, según reveló el registro de su despacho, a las 21.59 del 13 de marzo de 2024 llegaron los correos electrónicos que demostraban que la defensa del empresario Alberto González Amador había ofrecido un pacto a la Fiscalía para evitar llegar a juicio, cuyo contenido fue utilizado para elaborar una nota de prensa que saliera a desmentir una información errónea sobre esta cuestión. Según ha indicado el propio proveedor de servicios a la Guardia Civil, esta cuenta "ha sido eliminada recientemente y quizá se pueda recuperar". Línea adicional Asimismo, los agentes alertan al juez Hurtado de que Movistar ha detectado la existencia de “una línea adicional”, asociada a un dispositivo “a través del cual se detectan conexiones de tráfico de datos, así como una duplicidad de las llamadas recibidas en el número de abonado que utiliza el fiscal general del Estado, no habiéndose obtenido más datos acerca de la indicada línea adicional hasta el momento”, destaca el documento policial. Esta información ha llegado al Tribunal Supremo después de que el instructor de la causa, Ángel Hurtado, ordenara a la Guardia Civil recabar el tráfico de llamadas del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo del pasado año --fragmento temporal al que debe ceñirse el resultado de los registros--, así como intentar recuperar el contenido de los mensajes de WhatsApp de esos días. En informes anteriores, ya indicó que había hallado "cero mensajes" en el teléfono móvil del fiscal general que éste atribuyó al borrado que, posteriormente en su declaración del pasado 29 de enero, justificó en razones de seguridad. "Los datos de mi terminal son datos ultra sensibles", afirmó durante su declaración ante Hurtado el pasado 29 de enero. En uno de esos informes anteriores, la UCO también alertó a Hurtado de que el fiscal general del Estado cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, justo una semana después de que el TS le abriera causa. En su declaración, expuso a Hurtado que había cambiado de terminal unas cinco o seis veces desde que desembarcó en la FGE porque sus dispositivos por cuestiones de seguridad. Ahora, la UCO explica que ese día el nuevo teléfono de García Ortiz comenzó su actividad y toda la información que contiene el teléfono con anterioridad al 16 de octubre "se considera información procedente de este dispositivo u otros dispositivos utilizados con antelación, pudiendo obtener la información de copias de seguridad restauradas en el terminal analizado". Por ello no se han podido encontrar mensajes anteriores a esa fecha. Llamadas en Fiscalía En total en los días investigados, entre el 8 y el 14 de marzo del pasado año, el fiscal general realizó un total de 123 llamadas. A ete respecto, UCO pone el foco en las que se intercambiaron García Ortiz y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, también imputado, entre el 11 y el 12 de marzo, la víspera y el día concreto en el que elDiario.es publicó la interposición de la denuncia contra el novio de Díaz Ayuso. En la noche de la supuesta filtración del correo, el día 13, se registran varios contactos telefónicos de García Ortiz con sus colaboradores y la llamada de un periodista, pero ésta no tuvo respuesta por parte de Garcia Ortiz y además se produjo antes de que éste tuviera acceso a los correos cuya revelación se investiga. Fue la mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía general, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica Diego Villafañe, quien el 8 de marzo del pasado año requirió a la Fiscalía de Madrid toda la documentación referida a las pesquisas contra González Amador. Por otra parte, El juez Hurtado ha citado el próximo día 21 al decano del colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, quien estuvo presente en una reunión donde se explicó por qué se había distribuido una nota de prensa sobre el caso de González Amador. La Abogacía se personó posteriormente como acusación popular en esta causa, al considerar que lo hecho desde Fiscalía suponía una vulneración del derecho de defensa. En dicha reunión, además del fiscal general y Ribón estuvieron presentes la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez, también imputada en esta causa, ya la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. Durante el curso de la misma dieron las explicaciones pertinentes y la propia Rodríguez se atribuyó la responsabilidad de la elaboración de la nota de prensa, según se informó en su día en fuentes fiscales. Tras conocerse públicamente este informe, García Ortiz ha solicitado al CGPJ que adopte las medidas de protección oportunas o inste a la autoridad competente a que lo haga tras filtrarse datos personales suyos y de otros fiscales, como la exministra y fiscal Lola Delgado, de un informe policial remitido al Tribunal Supremo. Precisamente, el Ministerio del Interior revisará la seguridad del fiscal general del Estado tras la filtración de sus datos personales.
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