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» Comercio y Justicia
Fecha: 10/02/2025 17:48
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas sean juzgados por administración fraudulenta y amenazas coactivas en el manejo del Plan Potenciar Trabajo. La investigación reveló un esquema de recaudación ilícita mediante la sustracción de dinero de beneficiarios y el desvío de fondos públicos. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y otras 17 personas sean sometidas a juicio oral y público por presunta extorsión a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y fraude al Estado en el manejo de fondos públicos. En un dictamen de 279 páginas, Pollicita consideró cerrada una parte de la investigación y pidió al juez federal Sebastián Casanello que el caso avance a la etapa de juicio oral. La acusación comprende los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. Según el fiscal, la investigación reveló una estructura delictiva que, durante años, se aprovechó de sectores vulnerables para ejercer poder sobre ellos, manipularlos y sustraer parte del dinero recibido del Estado en concepto de ayuda social. En su dictamen, describió a Belliboni como el “jefe” de esta organización, que implementó un esquema de extorsión y amenazas para controlar a miles de personas en todo el país y apropiarse de parte de los fondos otorgados por el ex Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan Potenciar Trabajo. A febrero de 2024, el Polo Obrero administraba 65.000 planes sociales, de los cuales se extraía un porcentaje de los fondos. Según el dictamen, entre agosto de 2023 y febrero de 2024, la recaudación esperada mediante este esquema superaba los 313 millones de pesos. Además, la Fiscalía acusó a los imputados de defraudación al Estado mediante la utilización de facturas apócrifas para desviar fondos destinados a la formación laboral de beneficiarios del plan. La causa se inició en diciembre de 2023, durante los primeros días del gobierno de Javier Milei, cuando el Ministerio de Seguridad habilitó una línea telefónica para recibir denuncias anónimas sobre coerción en organizaciones sociales. Estas denuncias derivaron en una investigación de Pollicita y Casanello, con testimonios protegidos de cinco testigos y allanamientos en la sede del Polo Obrero y otros domicilios, donde se secuestraron documentos y dispositivos electrónicos. Belliboni y los demás acusados fueron citados a indagatoria y posteriormente procesados por el juez Casanello, decisión que la Cámara Federal confirmó en noviembre, agravando las imputaciones. Con ello, la causa quedó en condiciones de ser elevada a juicio oral. El dictamen también reveló que los imputados percibían una suerte de “sueldo” financiado con los fondos extorsionados y recursos estatales. En el caso de Belliboni, este salario alcanzó los 522.500 pesos en marzo de 2024, mientras que otros miembros de la organización percibían hasta 156.000 pesos. La solicitud de juicio oral corresponde a una parte de la causa, mientras continúa la investigación para determinar posibles delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, así como la responsabilidad de otras personas, entre ellas Emilio Pérsico, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social y líder de Barrios de Pie, organización con dos integrantes procesados en la causa junto a Belliboni.
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