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Concordia » Diario Junio
Fecha: 10/02/2025 16:28
El sábado 1° de febrero pasado, el Gobierno Nacional confirmó la continuidad del Programa Intercosecha, beneficiando a más de 39.000 trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial en todo el país. En la región de Salto Grande, cerca de 900 trabajadores del citrus y arándano recibirán este aporte no reintegrable de $123.000 por mes, durante cuatro meses, lo que implica una inyección de aproximadamente 500 millones de pesos en la economía local. El cronograma establecía que el lunes 3 de febrero se iba a realizar la acreditación para beneficiarios que cobran a través del Banco Nación o su aplicación virtual BNA y el miércoles 5 de febrero, el pago para quienes perciben el beneficio en otros bancos habilitados. No obstante, Álvarez sostuvo que eso no sucedió y que hay 850 trabajadores que están a la espera de novedades. «Son 850 trabajadores con todos los papeles en regla. No sabemos si vamos a cobrar en marzo», añadió. El programa establece el pago de $ 123.000 durante cuatro meses. «Es una miseria», dijo. Un trabajador de cosecha suele percibir cerca de $ 24.000 durante 20 días al mes o menos. «A nosotros que somos blanqueados nos descuentan un 20 %. Nos quedan $ 18.000 por día», expresó Álvarez. «Han hecho con nosotros lo que quiere la patronal. Nos pagan miserias y la gente agacha la cabeza por la situación y por la familia que está detrás de ellos», expresó. «El citrus somos los que menos ganamos», remarcó. Además, remarcó que la fecha de cobro que se divulgó la semana pasada es «mentira». «Así nos tuvieron desde el mes de enero, con cuentos. ‘Que en esta fecha va a estar depositada la plata’: es todo mentira. Se lavan las manos el intendente y el gobernador que tendría que estar al frente de todo esto», recalcó otro trabajador, Luis Medina. De la misma forma, Medina sostuvo que el Sindicato de la Fruta está en un estado virtual de acefalía. «Es nulo, no hay nadie, el secretario general (Alcides Camejo) está preso o no sé que está. Mientras nosotros estamos a la deriva», dijo. Asimismo, admitió que mientras tanto, sobreviven de ‘changuitas’ o de ir a pescar. «En mi caso, salgo a hacer ‘changuitas’. Sale un raleo (arrancar plantas) pero ahora que no llueve no sale nada. Se complicó todo», recalcó Medina. Además, remarcó que los trabajadores de la fruta son muy tranquilos, «Tendríamos que tomar otras medidas. Si no, nos van a atropellar todos los años», reiteró. A su vez, Álvarez dijo que han golpeado puertas por todos lados. «A los diputados nacionales; al ministro (de Gobierno, Manuel) Troncoso; le pedimos que llegue a oídos del gobernador y no han hecho nada por el trabajador de la Fruta. Nosotros somos el motor de la economía en Concordia», acotó. «No tengo nada contra los planes, pero están pagando todos los planes y nosotros que somos trabajadores blanqueados, pero no está la plata para nosotros. Para nosotros es un atropello, una falta de respeto», indicó. Por su parte, otro trabajador llamado Miguel Yedro, dijo que durante 30 años trabajó en la empresa Argencitrus. Y el año pasado lo echaron. «Salí con una mano atrás y otra adelante. Fui al Sindicato y me dijeron que no podían hacer nada porque era problema de los patrones; cuando no te quieren más te echan», fue la pobre explicación que le dieron. Por ello, Yedro sostuvo que el gremio no los representa en lo más mínimo. «Vamos ahí y nos sacan a patadas. Todos acomodados con la patronal», acotó. A todo esto, hay que agregar que el martes de la semana pasada, el concejal del PJ, Guillermo Satalia Méndez, ex secretario de Producción y Empleo del municipio y ex jefe de la Agencia Territorial Concordia del Ministerio de Trabajo de la Nación, manifestó su preocupación ante lo que considera una drástica reducción en la cantidad de trabajadores beneficiados por el Programa Intercosecha, una situación que atribuyó a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional de Javier Milei. Según información oficial del municipio, este año el programa alcanzó a poco más de 900 trabajadores, una cifra muy inferior según el concejal a los registros de años anteriores, cuando los beneficiarios llegaban a duplicar ese número.
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