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» Diario Cordoba
Fecha: 08/02/2025 16:15
El acuerdo entre el Gobierno y el ejecutivo canario para definir los criterios sobre el reparto de menores migrantes llegados a las islas al resto de comunidades autónomas tiene su principal escollo en el rechazo del PP. Aunque a nivel parlamentario obtenga luz verde, para lo que se mira principalmente a Junts, su correcto desarrollo dependerá de los populares, pues gobiernan en una mayoría de comunidades autónomas. El riesgo no se ciñe tanto a que no se produzca una imprescindible colaboración administrativa, como reconocen en el Gobierno, sino a que presenten recursos de inconstitucionalidad que puedan paralizar el reparto. De ahí que hasta ahora la acogida se hacía de forma voluntaria. En la dirección socialista asumen que, sin el apoyo del PP, el acuerdo nace cojo, por lo que confían todavía en llevarlos a la mesa de negociación. “El PP tiene que entrar”, reconocen en la cúpula de Ferraz. El fracaso de las conversaciones y la acuciante situación que vive Canarias, con unos 6.000 menores migrantes bajo su tutela, ha llevado a poner sobre la mesa una solución en la que saldrían beneficiadas Euskadi y Cataluña. Esto es, al tenerse en cuenta entre los criterios para definir el número de plazas de acogida el esfuerzo realizado previamente de forma voluntaria. Se sumaría así a las variables del PIB, la población o la dispersión. Ambas comunidades están a la cabeza, junto a Navarra, por lo que serían las que menos plazas crearían de cara a la acogida de los 4.500 menores que han desbordado la capacidad de Canarias. Cataluña tiene en acogida a 1.065 menores migrantes, lo que supone el 24% del total, Euskadi 498 y Navarra 85. Si este acuerdo allana el apoyo de los posconvergentes para desbloquear el reparto de menores migrantes, aleja todavía más el entendimiento con el PP. Los populares, a pesar de gobernar en coalición con Fernando Clavijo en Canarias, han arremetido contra esta solución calificándola de “mezquina”. En las comunidades autónomas gobernadas por el PP han salido en tromba a posicionarse en contra al considerar que se excluye a Euskadi y Cataluña. Algo que han negado tanto Clavijo como en el Gobierno central, aun sin concretar el peso de los criterios a través de una simulación. Un acuerdo, sobre el que está pendiente aún la financiación, ante el que en Génova ya han anticipado que votarán en contra, junto a Vox. Además de los menores migrantes que se encuentran en las islas, se incluye el reparto de otros 400 menores migrantes acogidos en Ceuta, donde gobiernan. Ante la amenaza de una lluvia de recursos por parte de las comunidades autónomas del PP, en el Ejecutivo siguen defendiendo que la vía con mayor seguridad jurídica es la de una reforma de la ley de extranjería, en su artículo 35. La competencia sobre los menores es de las comunidades autónomas, por lo que podría surgir un conflicto competencial si el reparto se realiza de forma obligatoria. Informe de la Abogacía del Estado En el gobierno de Canarias no lo ven así y apuestan por una fórmula que sea lo más rápida posible, a través de la aprobación de un decreto. Ante estas diferencias, el acuerdo entre el Gobierno central y el canario deja en manos de los servicios jurídicos la decisión sobre la fórmula legal que ofrezca más garantías. "Se hará lo que los informes jurídicos digan que es lo más viable", argumentan los socialistas, a la espera de las conclusiones de la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado. El veredicto estará listo “en los próximos días” para iniciar tras ello la negociación con los grupos parlamentarios. Desde Junts volvieron avisar este viernes que no formarán parte del “café para todos” y siguen insistiendo en la transferencia de las competencias en inmigración a la Generalitat. Sin garantías de Junts Uno de los compromisos pendientes que exigen materializar antes de abordar la negociación de los Presupuestos. Se avance o no en esta transferencia de competencias, el presidente de Canarias asegura que tendría amarrados los siete votos de los posconvergentes, que votaron en contra de la reforma en el Congreso, junto a PP y Vox, el pasado mes de julio. En el Ejecutivo lo ponen en duda, acostumbrados a la imprevisibilidad de los de Carles Puigdemont, y apelan a la discreción de las negociaciones. No será hasta que haya visos de tener los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso cuando se dé el paso de tramitar el pacto. Los socialistas combinan sus ataques al PP por asumir, dicen, el discurso de Vox en materia de migración, con llamadas para que se sienten a negociar. En Ferraz reconocen las dificultades para buscar soluciones sin el principal partido de la oposición, incluso tratándose de un traslado “extraordinario y puntual”. "Estamos hablando de una situación de colapso en determinados territorios, no hay que frivolizar en este tema y por eso insisto de nuevo en esta llamada al Partido Popular, a que se siente en esa mesa a que negocie", respondía la secretaria de política económica del PSOE, Enma López, a las críticas de los populares. Al mismo tiempo les presionaba por “dejar tirados a territorios en los que gobiernan", pues cogobiernan en Canarias y lo hacen en solitario en Ceuta.
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