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» El Ciudadano
Fecha: 08/02/2025 12:00
En el marco de la Audiencia Pública 106 convocada por el Enargas para la revisión quinquenal de tarifas de transporte y distribución de gas natural, el defensor del Pueblo Ad Hoc de Santa Fe, Gabriel Savino, expuso este jueves las preocupaciones de la Defensoría del Pueblo de la provincia respecto de los planes presentados por la distribuidora Litoral Gas y los transportistas. A través de una videoconferencia, Savino advirtió que la ley 24.076, vigente desde 1992, carece de la perspectiva de los derechos de las personas usuarias, ya que no tiene en cuenta la reforma constitucional de 1994 que consagró dichos derechos. En este sentido, afirmó que «no se puede realizar ninguna reforma tarifaria en un servicio público esencial sin poner al usuario en el centro». Además, señaló que la convocatoria a la audiencia ignora principios establecidos por la Corte Suprema, como los de proporcionalidad, gradualidad y certeza en las modificaciones tarifarias. «Es imperativo modificar y actualizar el marco regulatorio para priorizar los derechos universales de todas las personas usuarias», concluyó. A continuación, el defensor subrayó que, dada la crisis económica que atraviesa el país, con una inflación superior al 200% en los últimos dos años, no es adecuado evaluar una Revisión Tarifaria Integral (RTI) bajo principios de 1992. En su exposición, remarcó que actualmente en el país existe una Ley de Emergencia Energética vigente hasta 2025, lo que genera un contexto incierto para la fijación de tarifas. «No corresponde evaluar un Plan Quinquenal mientras exista una Ley de Estado de Emergencia Energética», remarcó. Savino también advirtió sobre la incertidumbre que genera la falta de claridad en torno al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (Pist), que representa aproximadamente el 40 por ciento del total facturado a los usuarios. «Debe brindarse claridad sobre cómo impactarán estos elementos tarifarios antes de considerar ajustes prolongados», manifestó. Y, en este sentido, también propuso una «canasta energética básica» para asegurar que las tarifas no perjudiquen a los sectores más vulnerables. Savino también realizó observaciones respecto del cálculo del costo de capital solicitado por Litoral Gas, que es sensiblemente superior a lo solicitado anteriormente, y sugirió auditorías independientes para verificar los márgenes requeridos. En relación con las modificaciones al reglamento de servicio, destacó la necesidad de proteger a los colectivos vulnerables frente a cortes de gas por falta de pago, como personas en situación de pobreza extrema, con discapacidad o adultos mayores. «El Estado debe garantizar la accesibilidad universal al gas, promoviendo un desarrollo humano sustentable», concluyó el defensor, quien hizo hincapié en que la tarifa debe reflejar un servicio esencial y básico para todos los ciudadanos. Debe remarcarse que en esta audiencia todas las empresas licenciatarias exigieron al gobierno la prórroga de sus concesiones por 20 años, ya que se cumplen los 30 años de concesión en la gran mayoría de los casos. Si bien las audiencias públicas deben servir como instrumento para que diferentes actores de la sociedad puedan expresar sus posiciones, esta en particular tuvo un desarrollo que complicó la participación plural. Numerosas interrupciones, problemas técnicos y cuartos intermedios hicieron que el acto tuviera más de 10 horas y que muchísimos de los participantes decidieran abandonar antes su lugar en la videoconferencia. «Esto atenta claramente contra el espíritu de una audiencia pública», señaló Savino. Pese a estas complicaciones, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe volvió a sentar su posición en el marco de una audiencia pública por un servicio básico, como lo viene haciendo hace años, con el objetivo de proteger los derechos de las personas y garantizar el cumplimiento de la normativa y de los principios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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