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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/02/2025 02:32
Néstor Ortigoza en San Lorenzo La causa que arrastra Néstor Ortigoza por violencia de género condiciona su carrera como dirigente de San Lorenzo desde mediados de 2024, cuando su ex pareja Lucila Cassiau lo denunció por maltrato físico y verbal. A partir de la acusación, el club le pidió insistentemente su renuncia. Sin embargo, ante la negativa del vocal del Ciclón, ahora las autoridades avanzan para destituirlo de su cargo y echarlo como socio. Y las próximas semanas serán clave para definir su continuidad. Toda la comisión directiva lo quiere afuera, según confiaron fuentes oficiales a Infobae: consideran que la permanencia del exjugador en la cúpula de la institución da una mala imagen y que su caso causa de forma directa e indirecta “un perjuicio social a la Asociación Civil”. No obstante, la Subcomisión de Género y Diversidad del club, representada por Soledad Boufflet, es la que impulsa el pedido de expulsión. Lo hace con el apoyo total del presidente, Marcelo Moretti, y el vicepresidente primero, Néstor Navarro, quienes se mostraron a favor de removerlo de la entidad deportiva desde la misma noche en la que trascendió la denuncia. Los videos de Néstor Ortigoza que se viralizaron en redes sociales. Si bien desde San Lorenzo no tienen acceso a la causa que lleva adelante la UFI N.º 3 de delitos sexuales de Ezeiza, a cargo de la fiscal María Lorena González, fuentes oficiales del club señalaron a Infobae que ellos consideran que los videos divulgados en los últimos meses -en los que ve al dirigente atacar a la madre de sus hijos en contexto de violencia doméstica- son prueba suficiente. También toman como indicio fiable la declaración que dio la ex empleada del dirigente ante la Justicia, cuyo relato conocieron a partir de una nota publicada por este medio. Se trata de una mujer que trabajó 10 años con la pareja y quien contó el día en que vio a Ortigoza golpear a la denunciante “como si fuera una pelota”. “No se lo puede echar como muchos reclamaron. En un caso así, lo que corresponde es la destitución porque él es vocal de comisión directiva y fue electo por el voto popular. Entonces, o renuncia -que fue el primer llamado al criterio y a la voluntad que hicimos, pero que tampoco nadie lo puede obligar-, o se inicia un proceso para destituirlo, como el que se está haciendo ahora”, explicó a Infobae Boufflet, la representante de género de San Lorenzo. Néstor Ortigoza y Marcelo Moretti Para eso, desde su subcomisión se efectuó un dictamen de cuatro páginas en las que solicitaron la expulsión de Ortigoza como socio y su separación e inhabilitación para el ejercicio del cargo. El pedido fue leído y justificado por la dirigente en una reunión con la comisión directiva. Entre ellos estaba el propio Ortigoza, quien ese día pidió defenderse de las acusaciones. Sin embargo, a su turno, no solo no negó los episodios de violencia, sino que apuntó contra su compañera de comisión y contra el propio presidente del club. A Boufflet, le dijo que ella “no podía opinar del caso porque no tiene hijos”. Y según confirmaron fuentes del Ciclón a este medio, luego acusó al presidente Moretti de comprar y filtrar los videos de la agresión a su ex pareja para hacer una operación en su contra. Desde entonces, la relación del ex jugador con el oficialismo está enmarcada por la tensión y el poco diálogo. Además, dejó de ir a la sede cotidianamente, como solía hacer, y cuando se presenta a reuniones directivas se sienta del lado de los bloques opositores. Cómo es el proceso para destituir a Ortigoza en San Lorenzo Esta semana empieza a correr la cuenta regresiva en la que se definirá su continuidad como dirigente: a partir del lunes, se abre el plazo para que Ortigoza se defienda de las acusaciones frente a los organismos del club y luego la solicitud de destitución seguirá su curso. La decisión final la tendrá la asamblea que representa a los socios, la cual deberá determinar el futuro del ex futbolista entre marzo y abril a más tardar, cuando se vencerá el plazo para emitir el veredicto. Ortigoza en una reunión directiva de San Lorenzo Pero, antes de llegar a última instancia, el dictamen de la Subcomisión de Género para la expulsión del dirigente comenzará un recorrido institucional: primero, deberá pasar a Secretaría, y luego, al Tribunal de Ética de San Lorenzo, que también dictaminará sobre el caso. Recién a partir de esta resolución, los representantes de socios discutirán y votarán a favor o en contra de correrlo del cargo. “Es un proceso largo y la Asamblea es la única que tiene la potestad de ejecutar la decisión. Sus integrantes no necesariamente tienen que opinar lo mismo que el Tribunal: es decir, aunque en la etapa previa se defina que Ortigoza debe ser expulsado, ellos pueden definir que no porque piensan que no es para tanto”, adelantó Boufflet. La causa por violencia de género Desde la defensa de la ex pareja del dirigente, Lucila Cassiau, reclaman que la Justicia está actuando demasiado lento y celebran que en San Lorenzo avancen en penalizar a Ortigoza por los hechos de violencia de género. En este sentido, los abogados penales de la víctima, Roberto Herrera y Mariano Di Giussepe, reclaman que las autoridades judiciales aún no llamaron al dirigente a indagatoria ni tomaron medidas relevantes en el marco de la causa. La única que destacan fue la orden de restricción perimetral, que el acusado violó en al menos dos oportunidades y no fue sancionado. Lucila Cassiau, ex pareja de Ortigoza Sobre las grabaciones de los episodios denunciados, los letrados señalaron a este medio: “Es increíble que todavía la Justicia no expidiera con la claridad de los videos”. Asimismo, remarcaron que Ortigoza aún debe la cuota alimentaria y que “él no se preocupa por nada porque no le llaman la atención”. Según los abogados de la víctima, Ortigoza habría ejercido actos reiterados de violencia física y psicológica hacia Cassiau, configurando un patrón sistemático que se extendió desde al menos 2015 hasta el momento de la denuncia formal. Las pruebas incluyen material audiovisual, testimonios y denuncias previas que documentan episodios de agresión física y verbal en el ámbito doméstico.
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